Ingreso mínimo que pagó el sector privado en 2019 supera en 88% al nuevo salario mínimo integral

// Por: Armando J. Pernía

Ingreso mínimo que pagó el sector privado en 2019 supera en 88% al nuevo salario mínimo integral



No hace falta decir que el salario mínimo, como herramienta de sostén para el poder de compra de los trabajadores, ha perdido toda relevancia en Venezuela; sin embargo, sus incrementos sí tienen un efecto importante en los flujos de caja de algunas empresas y, sobre todo, de un gobierno financieramente acorralado.

De acuerdo con datos de la consultora PwC Venezuela, el nuevo salario mínimo integral de 800.000 bolívares eleva en 73,94% el costo del paquete anual mínimo por trabajador que una empresa debe pagar al término del primer año de servicio, que pasa de 6.888.164 bolívares a 11.981.063 bolívares.

Por los conceptos netamente salariales -salario normal, vacaciones, bono vacacional y 30 días de utilidades-, el costo por trabajador con un año de antigüedad sube normativamente de 3.375.000 a 5.400.000 bolívares; es decir, 60%. Los pagos extra salariales -cestaticket socialista, prestaciones de antigüedad y un estimado básico de intereses sobre prestaciones- se elevan en 74,93%, al pasar de 6.430.664 bolívares a 11.249.063 bolívares.

El ejercicio que, a título informativo, realiza PwC Venezuela muestra algunos asuntos interesantes, como que, por ejemplo, los ingresos imputables a prestaciones sociales (otro concepto que pasó al olvido porque los montos han sido erosionados por la inflación y la devaluación a niveles irrisorios) representan 48% del ingreso mínimo normativo que debe recibir un trabajador.

En concreto, no es solamente que el salario mínimo es inútil, sino que, además, las normas favorecen la informalización del ingreso de los trabajadores.

– Aportes patronales –

De acuerdo con los números de PwC Venezuela, los aportes patronales por trabajador por conceptos de Seguro Social Obligatorio, Régimen  Previsional de Vivienda, Régimen Previsional de Empleo e Inces se elevan 60,01%, en línea con el porcentaje de incremento del salario mínimo nacional, que ahora es de 400.000 bolívares.

En medio de una emergencia sanitaria que ha paralizado alrededor de 90% de la economía del país, que ha permanecido en recesión durante seis años y ha atravesado ya más de dos de hiperinflación, este anuncio de incrementar el salario mínimo pretende un efecto más psicopolítico que real. No obstante, todas las encuestas a la mano revelan que, políticamente, los aumentos del salario mínimo son irrelevantes para el gobierno.

– ¿Y qué puede comprar el nuevo salario mínimo?

De hecho, según datos de PGA Group, las compañías privadas activas no utilizan como referencia el salario mínimo en sus estrategias de compensación, sino que, a inicios de año, ya pagaban un ingreso mínimo promedio de 40 dólares mensuales por trabajador.

Otra es la realidad de los más de 3 millones de trabajadores del Estado y los de 4.700.000 pensionados, quienes sí reciben sus salarios y beneficios ajustados al valor del salario mínimo nacional.

El nuevo salario mínimo integral a la tasa oficial del BCV a este 28 de abril es equivalente a 4,6 dólares, frente a una cesta alimentaria básica, cuyo costo promedio supera los 300 dólares. La canasta alimentaria del Cendas-FVM costó, de hecho, 335 dólares en marzo.

Si se toma como referencia este último parámetro, el nuevo salario mínimo integral solo cubriría 1,30% del costo total en dólares del consumo alimentario familiar básico en marzo.

De acuerdo con la más reciente encuesta de coyuntura industrial de Conindustria, el salario promedio de un trabajador del sector manufacturero fue de US$46,3 mensuales, ciertamente insuficiente para cubrir una canasta básica, pero, sin duda, muy superior al estándar marcado por el ingreso básico vigente.

Es más, a cifras actuales, este salario promedio para trabajadores del sector industrial, correspondiente al cuarto trimestre de 2019, representaría una cifra superior en 89,84% al nuevo ingreso integral mínimo de 800.000 bolívares expresado a la tasa de cambio del dólar oficial vigente a este 28 de abril.

No hay que olividar, para tener un marco adecuado de lo que significa este dato, que el PIB del sector industrial se contrajo 56,3% entre el primer trimestre de 2018 y el mismo lapso de 2019, según el último dato registrado por el BCV. La actividad manufacturera viene cayendo consecutivamente desde el último trimestre de 2013.

– Buche y pluma –

Desde 1999 hasta el 1 de mayo de 2020, se han efectuado 50 incrementos del salario mínimo nacional, un promedio de 2,4 aumentos por año. Como resultado trágicamente paradójico, el poder adquisitivo de un trabajador es equivalente a menos de 10% en la actualidad del que tenía en 1999.

Desde enero de 2008, cuando el Banco Central de Venezuela (BCV) modificó los parámetros de medición de la inflación y cambió el viejo IPC (Índice de Precios al Consumidor) que se calculaba delimitado al Área Metropolitana de Caracas por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), este indicador ha subido 23.273.630.057,7%. Establecer un ingreso mínimo vital que compense semejante magnitud es prácticamente impensable.

Sin embargo, cada vez que se aumenta el salario mínimo aparece el discurso sobre la cantidad de incrementos durante la revolución bolivariana en comparación con la «cuarta república», cuando la verdad es que, a estas alturas, ya se ha debido aprender que incrementar constantemente el salario mínimo en un entorno de inflación incontenible resulta completamente inútil, si no se ataca el problema de fondo.

– Efecto inflacionario –

Lo que sí traerá con seguridad el nuevo incremento del salario mínimo es un factor adicional de incremento de la inflación, pues con el anuncio del ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, viene el compromiso de otorgar nuevos bonos protectores y hay que incorporar a la cuenta de liquidez los 350.000 bolívares del bono contra la «guerra económica», que recibirán alrededor de 5 millones de personas.

Así mismo, el gobierno decidió modificar las escalas salariales en la Administración Pública, lo que permite inferir que el costo de la nómina pública, de más de 3,2 millones de trabajadores, se elevará, por lo menos, en 74%, como escenario básico. En un contexto de grave estrechez financiera y de incapacidad de obtener financiamiento externo para cubrir los tremendos problemas de balanza de pagos y estimular la actividad económica interna, queda claro que no hay otra alternativa que la emisión de liquidez para solventar estos nuevos compromisos.

Queda claro, en consecuencia, que los incrementos de salario mínimo nacional son inflacionarios no tanto por la reexpresión al alza de los precios al consumidor de bienes y servicios por su potencial impacto en los costos de producción y comercialización, sino por la inyección de liquidez que demandan ante una nómina pública que ha crecido exponencialmente en estos años, y un régimen previsional que carga todas las pensiones y jubilaciones al presupuesto público, lo cual es insostenible sin recurrir a una monetización agresiva del déficit.

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