Informe Especial | Medidas AntiCovid-19: Cuando la buena intención no es suficiente

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Informe Especial | Medidas AntiCovid-19: Cuando la buena intención no es suficiente

El gobierno nacional ha adoptado un conjunto de medidas con el fin de “proteger” a las empresas ante una situación de emergencia sanitaria que se prolongará posiblemente hasta, por lo menos, el primer cuatrimestre del próximo año, cuando posiblemente haya alguna expectativa clara sobre el suministro de una vacuna contra el Covid-19 en el país.

En resumen, las decisiones del gobierno apuntan a prorrogar, hasta el 31 de diciembre, la vigencia de las disposiciones de emergencia tomadas en abril en cuanto al diferimiento del pago de alquileres para viviendas y comercios, la inejecutabilidad de las garantías por préstamos, la no reclasificación del riesgo crediticio, y el pago del complemento de nómina a las pymes, 

Adicionalmente, se aprobaron medidas adicionales como la exención de tributos para pequeñas empresas y emprendimientos nuevos, que se abran durante la pandemia, y se modificó la norma de anticipo del IVA para los agentes de retención, que ahora será quincenal en lugar de semanal.

Obviamente, estas decisiones no representan una respuesta eficaz para la magnitud de la crisis que enfrentan las empresas en la actual circunstancia, pero no solo es esa la debilidad de este “paquete”, sino que insiste en decisiones que no suponen un cambio de la orientación económica que ha traído al país a esta situación, ni representan soluciones de fondo.

El sector privado ha hecho demandas concretas que no están satisfechas ni siquiera en una proporción básica. Una fundamental es la modificación del esquema de activación de sectores económicos denominado 7+7, y cuyo impacto negativo sobre la economía ya comentamos en un informe anterior. No obstante, una de las medidas gubernamentales es, precisamente, mantener este modelo de flexibilización hasta el final del año, por ahora.

No hay que referirse mucho a las exenciones para microempresas y emprendimientos, porque lo que está viviendo la economía venezolana es una progresiva expansión de la informalidad, en detrimento de la empresa formal.

Por supuesto, está muy bien que se busquen mecanismos para facilitar y abaratar la apertura de nuevos negocios; el quid de la cuestión es qué se está haciendo para generar el entorno económico, financiero e institucional que estimule una mayor formalidad de los negocios, y por tanto, un mercado laboral más dinámico y ordenado. En resumen, más y mejores empleos.

Evidentemente, entendemos que la expansión del Covid-19 es una condición extrema que incide muy negativamente en la economía. Es una crisis global. Estamos en una situación recesiva que puede llegar a niveles nunca vistos en la historia contemporánea. Nadie puede escapar de esta coyuntura, pero Venezuela, tal como lo advirtió la Comisión Económica para América Latina (Cepal), tiene una crisis preexistente que la hace aún más vulnerable.

Otra línea de acción en la que se insiste es en la aplicación de políticas de subsidios que corren por cuenta de terceros. Básicamente, esto es lo que se hace cuando se controlan precios, por ejemplo. En general, todos los servicios, públicos y privados, que se reciben en Venezuela tienen un margen de subsidio que el Estado no retribuye a los prestatarios, cuando estos son provistos por agentes privados.

Pues bien, junto con la concentración en una nueva entidad burocrática y un modelo de planificación centralizada de las compras públicas, se adopta un esquema de “factoring” o “factoreo” que impone a la banca pública y privada la concesión de créditos contra factura o contrato a empresas proveedoras del Estado, cuya obligación de pago no queda en cabeza de la entidad que solicita el financiamiento, sino del gobierno, lo cual, en las condiciones financieras en las que se encuentra el estado venezolano, genera un riesgo importante.

La medida no fue explicada de manera extensa y, de acuerdo con lo que sabemos, hay muchas dudas sobre su aplicación e implicaciones. Lo que sí es cierto es que las compras públicas se han reducido en más de 60% en dos años, porque, más allá de la estrechez financiera, también se suma la vocación importadora del propio Ejecutivo, hoy venida a menos.

En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados se observan los potenciales impactos de las recientes medidas anunciadas por la administración del presidente Nicolás Maduro para enfrentar la crisis económica derivada de la expansión del Covid-19 en el país.

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