Análisis | Cierre del 2020: Desafíos económicos para Venezuela

// Por: Enrique González

Análisis | Cierre del 2020: Desafíos económicos para Venezuela



El cierre del año 2020 y la experiencia acumulada a través de éste puede que nos deje un par de constataciones y confirmaciones de tendencias e hipótesis que hasta ahora se encontraban en ciernes.

Por un lado, la referida a la consolidación de la economía digital a escala global, y que en la actualidad la digitalización forma parte de nuestra realidad en el futuro inmediato, y, por el otro, el planteamiento de alguna hipótesis sobre la posibilidad de algún cambio en el marco institucional y económico venezolano o no, y el racional de ir sorteando estratégicamente dichos escenarios.

1.- La Pandemia: Adaptación y Estrategia ante la Economía Digital:

La pandemia y las distintas políticas públicas -entre otras, “cuarentenas”, aislamiento y distanciamiento social- aplicadas por diversos gobiernos a escala mundial han constituido una especie de “experimento natural” que permitió a los ciudadanos, en sus roles de consumidores, por un lado, y de empresarios y empleados por el otro, cambiar sus percepciones respecto al comercio electrónico y al teletrabajo respectivamente.

Debido a que las compras electrónicas y el comercio on-line poseen algunas características de “bien de experiencia”, los cuales requieren que el consumidor compruebe sus cualidades, beneficios y constaten si efectivamente alguno de los riesgos y temores referidos a este tipo de servicio efectivamente se justifican; su proliferación a lo largo del tiempo ha enfrentado ciertas resistencias.

En específico, los temores de los consumidores respecto a la seguridad en las transacciones y la protección de sus datos, así como la garantía que la transacción se concrete y efectivamente el producto localizado por medio de portales Web cumpla con las expectativas, ha podido constituir la primera barrera para desarrollar una confianza en favor de esta modalidad de comercio.

Sin embargo, la pandemia nos ha obligado a muchos a tener que realizar transacciones electrónicas, bien por las precauciones que hemos tomado de no salir de casa, o porque simplemente en algún momento durante la “cuarentena” los comercios físicos han estado cerrados y la única alternativa ha sido las compras vía el comercio electrónico y el Delivery.

Países que muestran desempeños tímidos, confirman crecimientos de por lo menos 40% en las compras electrónicas o a través de plataformas transaccionales. Por ejemplo, se estima que en Argentina durante el primer semestre de 2020 el crecimiento del eCommerce se ubicó en 106%. Por otra parte, se estima que en América Latina uno de cada cinco clientes en eCommerce es nuevo debido a la pandemia.

Hay quienes estiman que la pandemia explica un crecimiento promedio de 300% en el eCommerce en la región.

Aún cuando probablemente a futuro el comercio electrónico continúe afianzándose en el uso y costumbre de los consumidores, apalancado en la experiencia desarrollada durante la pandemia, haciendo de la digitalización de las empresas un canal de interés a explorar y operar, asimismo presenta retos y amenazas.

En la medida que el comercio electrónico, la oferta virtual de productos y la publicidad a través de nuevos y numerosos medios y plataformas reducen los costos de búsqueda de los potenciales consumidores, asimismo puede presionar por un mayor nivel de rivalidad vía precio.

Ante esta circunstancia las empresas tienen que valorar cuál podría ser el efecto neto entre: por un lado, una ampliación de los canales de promoción y venta de sus productos -por ejemplo, por medio de plataformas transaccionales de terceros-, que aún cuando bien posicionadas, suelen exigir pagos o porcentajes sobre las ventas, a la par que facilitan la comparación de precios con la competencia aumentando la rivalidad en dicho atributo, lo que puede generar un eventual efecto “canibalización” sobre canales tradicionales, y por el otro lado, el eventual efecto volumen de aumento en las ventas.

Otro tema que la pandemia ha puesto en evidencia, y que anteriormente no se tenía del todo claro, además del prejuicio referido al riesgo de pérdida de productividad, lo constituía el trabajo a distancia o teletrabajo.

A lo largo de variados sectores y actividades económicas, así como profesiones y oficios, la cuarentena ha forzado a empleadores y trabajadores a ensayar y probar modalidades de teletrabajo, demostrando que constituye, para ciertas labores que tradicionalmente se desempeñaban presencialmente, una alternativa eficiente y productiva.

El ahorro de ciertos costos de transporte, de logística del trabajador para ir y regresar del trabajo, de espacios e inmuebles para el empleador, obviamente deben ser sopesados con los costos que puedan implicar nuevas formas de monitoreo del trabajador, así como la “brecha digital”.

Este ultimo término -brecha digital- posee varias acepciones y dimensiones, sin embargo queremos destacar, con especial énfasis para el caso venezolano, el alcance de la infraestructura instalada para la prestación del servicio de Internet -alcance geográfico, ancho de banda y velocidad-, la accesibilidad por parte de los venezolanos a este tipo de servicios -no sólo en lo referido al nivel de precios por el servicio de Internet sino a la disponibilidad de dispositivos o hardware para su uso-, así como las destrezas, conocimientos y predisposición a favor del uso de nuevos softwares y herramientas tecnológicas.

No sólo la digitalización de las empresas, dada la transversalidad del recurso tecnológico y sus potenciales beneficios en materia de expansión de mercados, sino en los casos que corresponda, el manejo de nuevos ingentes de datos, permitirían a las empresas conocer mejor los gustos, preferencias e incluso las disponibilidades de pago por parte de sus consumidores a un nivel nunca visto con anterioridad.

Esta nueva realidad posibilitará atender más eficientemente los mercados, permitiendo su expansión y capturar mayores porcentajes de valor. Definitivamente el marketing ha evolucionado de un “arte” a ser una ciencia de datos, por medio de la cual se facilita el éxito en los mercados y la rentabilidad de las empresas.

2.- ¿Fenece el Rentismo en Venezuela?: ¿Cambio del Paradigma Económico?

El rentismo petrolero fenece, lo que implica retos, riesgos y oportunidades. Un país que ha contado en la renta petrolera como su principal fuente dinamizadora y soporte del poder de compra interno y externo -así como fuente de credibilidad y respaldo de su moneda- puede verse forzado ha tener que cambiar su paradigma económico y pasar así de uno de extracción y apropiación de la renta petrolera, a uno basado en la creación de valor en adelante.

En este sentido, el colapso de la industria petrolera nacional supone un shock negativo “súbito” contra la profundidad del mercado venezolano en general. La contra cara de esta moneda lo constituye la necesidad de cambiar el paradigma de bienestar, crecimiento y riqueza que hasta la fecha se encontraba fundamentalmente sustentado en la economía petrolera.

Para ello el talento, la innovación, la diferenciación, la productividad y la competitividad de nuestro esfuerzo, operaciones y productos resultan claves.

En este sentido, el factor y recurso productivo relevante lo constituirá el talento humano. Crear valor, soluciones, estrategias y productos más que insumos físicos exige emprendedurismo y conocimientos. Las estrategias de retención, captación e incentivos al talento humano han tomado especial relevancia en las empresas venezolanas en la actualidad, y continuarán siendo una política fundamental a futuro, especialmente frente a un nuevo paradigma económico y productivo.

Sin embargo, vale acotar que la petrolera no es la única vía del rentismo, por lo que como sociedad seguimos expuestos al riesgo de búsqueda de rentas por medio de la captura de instituciones públicas débiles.

Esta visión si bien racional desde la perspectiva de intereses particulares y en el corto plazo; ha mostrado basarse en una visión poco sostenible, que atenta al mediano y largo plazo en contra de la productividad y el bienestar del país, debido a que concibe, erróneamente, a la economía como un juego suma cero donde unos ganan a costa de otros.

La economía y la innovación en términos dinámicos constituyen un juego suma positiva donde todos los participantes y stakeholders pueden ganar. Ejemplo de ello lo constituye el universo de intercambios y contratos voluntarios, así como la innovación e introducción de nuevos productos y servicios a los mercados que terminan beneficiando a todos los ciudadanos en su rol de consumidores, empleados, empresarios, etc.

3.- Resiliencia versus Procrastinación:

Resiliencia: “La resiliencia o entereza es la capacidad para adaptarse levemente con resultados positivos frente a situaciones adversas”. Fuente: Wikipedia.

Procrastinación: “La procrastinación (del latín procrastinare: pro, adelante, y crastinus, mañana), postergación o posposición es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo o pereza a afrontarlas”. Fuente: Wikipedia.

Con la intención de dar un sentido práctico y consecuencialista a los términos utilizados en el presente subtítulo así como al esfuerzo que realizan empresarios, gremios e instituciones de la sociedad civil día a día, ante la situación tan adversa que atraviesa el país, nos permitiremos plantear un tema cuya formalización supera el presente artículo, pero que permitirá darle racionalidad a las acciones que hacemos todos los días por defender y promover el desarrollo de nuestros sectores económicos y nuestras empresas.

Lo primero que habría que definir es que consecuencialismo implicaría valorar los esfuerzos y las alternativas basándonos en sus resultados. Desde una perspectiva estrictamente económica, todo esfuerzo que implique aportes y réditos que superen a los costos implícitos y explícitos, se encontrará justificado. Más allá, un “análisis marginalista” nos sugeriría que cada esfuerzo adicional o marginal en la defensa de nuestros sectores y empresas tendrá sentido en la medida que el aporte marginal supere al costo marginal de dicho “proyecto”, justo hasta el punto en el cual el beneficio derivado del último esfuerzo y/o recurso marginal invertido se iguale a su costo marginal (se maximizaría la utilidad y/o riqueza producto del esfuerzo desplegado).

Dicho esto definamos el entorno al cual nos enfrentamos en Venezuela. El marco institucional doméstico no sólo es incierto en algunos casos, sino claramente hostil en contra de la propiedad y la actividad privada. ¿Pero es así siempre, en todos los ámbitos, y para siempre? Para responder esta pregunta permítanme presentar algunas hipótesis respecto a los objetivos del presente gobierno.

Reduzcamos al ámbito de nuestro análisis a lo “económico” y al “poder”. En este sentido, ¿Constituye el poder y la economía objetivos por sí mismos o, por el contrario, instrumentos para la actual gestión de gobierno? Una respuesta plausible puede ser que para nadie tanto el poder como lo “económico” pueden constituir un fin en sí mismo, sino instrumentos útiles, eventualmente eficientes y/o indirectos para alcanzar otros objetivos o valores para ciertos seres humanos (tampoco negamos que el poder y lo “económico” puedan constituir un objetivo en sí mismos para ciertas personas, siendo que gustos y preferencias pueden ser muy amplias y diversas).

La evidencia podría ayudarnos a contrastar, en un principio y más allá de si constituyen un objetivo o un instrumento, cuál de estos -el poder y lo “económico”- parece gozar de prioridad o primacía para la actual gestión de gobierno.

La evidencia podría parecer asomar que existe prioridad del “poder” sobre lo “económico”, con explicaciones alternativas -más allá que las consecuencias pudieran resultar idénticas-. Una primera explicación podría basarse en la creencia que el poder constituye un objetivo por sí mismo, aún cuando su argumento resultaría un tanto tautológico o circular.

Una segunda explicación podría consistir en que el poder es un instrumento más que un objetivo, que permite apuntar a alcanzar diversos objetivos, entre otros, económicos o que permitirían impunidad a lo largo del tiempo.

Respecto a lo “económico”, habría que distinguir entre la economía nacional y el interés económico particular de quienes gobiernan. En el primer caso, el desempeño económico del país no parece acompañar una hipótesis de que la economía del país -su salud, solidez y crecimiento- podría constituir un objetivo per se para la actual gestión de gobierno -tenemos ocho años de contracción económica ininterrumpida-.

Esta realidad contrasta con aquellos analistas económicos que aseguran que un país sin riqueza no le funcionaría al gobierno. Sin embargo, dichos analistas no valoran una posibilidad argumentativa que imprime racionalidad a dicha situación económica (nuestro segundo caso que parte de la hipótesis que la economía si podría constituir, por un lado, un objetivo y por el otro, un instrumento, como pasaremos a explicar a continuación).

Por un lado (caso de lo “económico” como “objetivo”), una gestión de gobierno interesada en su economía y sacar provecho económico del poder no tiene por qué significar que tengan por objetivo a la economía nacional, sino que con el simple hecho que ellos saquen ventajas económicas, el promedio de la economía puede ir mal -especialmente producto de conductas expoliadoras-.

Por el otro lado (caso de lo “económico” como instrumento), aun cuando pueda parecer rebuscada la argumentación para algunos, el empobrecimiento de la población desdibuja, disminuye y/o destruye la “autonomía del ciudadano”, quien en adelante resulta vulnerable ante el poder. Esta hipótesis -ceteris paribus, es decir obviando crisis en el sector petrolero e incompetencia gubernamental- por perversa que luzca, asomaría una realidad y apuntaría a una evidencia parecida a la transitada por el país.

Aún cuando el gobierno con sus políticas públicas y su marco normativo y regulatorio condiciona las reglas del juego, afecta derechos de propiedad y la rentabilidad de los negocios, y en este sentido los incentivos a desarrollar o continuar operaciones económicas; la eficiencia de los mercados “individualmente” puede constituir un argumento en defensa de ciertos sectores económicos que no tiene por qué, a priori, amenazar objetivos o instrumentos para el gobierno -incluso asumiendo la peor de las hipótesis anteriormente mencionadas-.

En la medida que el buen funcionamiento de un mercado no atente contra objetivos e instrumentos del gobierno -imaginemos una situación de mejora paretiana, donde todos los stakeholders, incluyendo el gobierno vía impositiva, ganan del funcionamiento eficiente de un mercado- parece plausible pensar que los esfuerzos empresariales, particulares y gremiales cuentan con la posibilidad de coadyuvar a resolver barreras administrativas y a levantar trabas legales que limitan el sostenimiento, desarrollo o introducción de nuevos productos y mercados.

Por parte del gobierno, eventuales muestras de lo anterior, podrían constituirlo ciertos anuncios como los referidos a la privatización de empresas en manos del Estado -en franco reconocimiento del fracaso del Estado empresario- e incluso hacerse la vista gorda ante soluciones privadas a problemas económicos generalizados -como podría ser la dolarización transaccional de facto-.

Finalmente, nuestra reflexión pretende hacer ver que racionalmente aún ante escenarios terriblemente adversos, se justifica seguir atendiendo nuestras actividades, mercados y clientes, no basado en argumento deontológico alguno, sino en consecuencialismo puro y duro.

Aún restringidos por la concepción de sociedad, de país y del poder que posee la actual gestión de gobierno, pueden existir numerosas situaciones donde el interés público y el de los privados -incluyendo especialmente al Gobierno- pueden encontrarse perfectamente alineados y compatibilizados.

Más allá, suelen ser los sectores productivos, sus empresarios y los gremios empresariales los actores que mejor conocen sus mercados y las características idiosincráticas de los mismos como para explicarle al Gobierno y hacerle ver que la situación o caso en cuestión -se trate del levantamiento de una barrera administrativa o la petición de corrección de una distorsión en el mercado- se trata de uno donde todos ganan.

* El autor es economista egresado de la UCV. Master in Competition and Market Regulation, Universidad Pompeu Fabra. Maestría en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, Kings College London. Maestría en Derecho y Economía, Universidad Torcuato Di Tella. Especialización en Economía de los Sectores Telecomunicaciones, Energía, Farmacéutico, Transporte, Agua y Banca, Universidad Pompeu Fabra y Universidad Carlos III de Madrid.

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