Uruguay y Chile, los menos corruptos de Latinoamérica, Venezuela entre los más deshonestos

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Estados Unidos, Uruguay y Chile aparecen como los tres países con la más baja percepción de corrupción, al igual que en 2012, según el informe «Encuesta de Corrupción en Latinoamérica 2016», elaborado por la oficina jurídica estadounidense Miller & Chevalier, junto a 13 despachos de abogados de América Latina. El estudio se hace mediante una encuesta aplicada a 637 clientes, entre ejecutivos y fiscales de empresa procedentes, en esta ocasión, de 19 naciones.

Una de las principales causas que afectan al desarrollo, generan desconfianzas, acentúan las desigualdades y contribuyen al empobrecimiento de la población es la corrupción a cualquier nivel del área pública o privada. Asimismo, la irrupción de las interconexiones a escala global, sean entre particulares, empresas o los propios Estados, llevan a concluir que los tentáculos de esta lacra cruzan fronteras, asentándose allí donde le es más favorable ocultarse, a su paso genera miserias, estancamiento y destruye a las instituciones que les dan cobijo, de ahí la importancia de esta investigación que debería ser un instrumento más de advertencia para quienes tienen la responsabilidad de asegurar que las regulaciones pisoteadas se cumplan.

La inversión y los intercambios comerciales se resienten allí donde esta es más acusada llevando a muchas sociedades extranjeras -especialmente pymes- a alejarse de estos entornos o a solicitar seguridades mayores que no hacen más que encarecer los proyectos iniciales, perdiendo el atractivo que les daba ventajas competitivas cuando sus promotores decidieron impulsarlos.

Normas que no se cumplen

Entre las conclusiones más destacadas de este trabajo figura la inefectividad que se percibe a la hora de aplicar las normas anticorrupción. En efecto, «más de tres cuartos de los encuestados (77%) cree en que las leyes de anticorrupción de su país no son efectivas; y alrededor de la mitad (48%) dijeron que la corrupción es un obstáculo importante al momento de hacer negocios. Más de la mitad (52%) cree en que ha perdido negocios frente a competidores corruptos; y la mayoría de ellos (89%) dijeron que dichas conductas no se reportaron ante las autoridades. El 71% de los que sí informaron dichas conductas a las autoridades, aseguraron que el gobierno no llevó a cabo la investigación». En relación con Chile preocupa la efectividad en la aplicación de las leyes que la combaten y cómo las corporaciones la perciben y enfrentan.

Otra de las constataciones presentadas señala que «de las mayores economías de la región» -es decir con un producto interno bruto (PIB) superior a los 100.000 millones de dólares- «Argentina, Brasil, México y Venezuela son vistas como las más deshonestas, resultado consistente con el escrutinio de 2012, en donde Argentina, México y Venezuela fueron considerados como los más corruptos». Se considera que la unión de Brasil a este grupo ha sido «sin sorpresa», a raíz de los escándalos conocidos que han terminado como todos saben con la destitución de su presidente. Venezuela, México y Brasil son los países en los que la sensación de podredumbre está más extendida, según el sondeo 2016.

Una de las preguntas formuladas referida a los partidos políticos tuvo en Uruguay (38%), Estados Unidos (42%) y Chile (54%) como entidades más corruptas ligadas al sector público. El mismo reporte se encarga de aclarar que estos porcentajes son «significativamente inferiores» a lo que se estima como la media de la región. Los peores son: El Salvador (100%), Brasil (94%), República Dominicana (89%) y Guatemala (87%).

Confianza en la Policía

Atención a este dato referido a Chile. Para los chilenos, la institución pública menos corrupta es la policía. Solo un 3% desconfía de ella; en EEUU, un 32% y ocupa el segundo lugar en esta esfera. Por la parte de abajo sobresalen Honduras (100%), Bolivia (94%), Venezuela (94%).

Chile también destaca en una buena impresión trasmitida desde el Poder Ejecutivo y Judicial. Igualmente, expertos afirman que la penetración de esta lacra entre los chilenos sería moderada en relación con lo existente en la mayoría de territorios del continente. Así «en Chile un 58% de los consultados dice conocer alguna compañía, persona o funcionario público investigado o procesado por sobornos. En cambio, en Brasil se registró un 93%. Uruguay fue el mejor evaluado en esta materia, con un 19%».

Las personas jurídicas privadas y los particulares no son ajenos a estas cuestiones, de ahí que se deben extremar las medidas contra el cohecho, tráfico de influencias o la corrupción por citar algunos delitos ya sean entre las propias firmas o las personas físicas. Es una obligación prevenir al interior de las compañías la ejecución de actos delictivos, como el de sobornar a funcionario público o pagar comisiones ilegítimas a clientes para asegurarse negocio.

La lucha contra la corrupción es un deber inexcusable en todos los planos de la sociedad; su proliferación reduce la competitividad de las industrias de bienes y servicios y el arribo de inversionistas, limitando el crecimiento de las economías nacionales y los medios que estas prestan a sus habitantes, especialmente los más desfavorecidos.

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