Sanciones: Excusas burocráticas

// Luis E. Fidhel Gonzales, Lic. Estudios Internacionales UCV, Abogado UCAB

Sanciones: Excusas burocráticas


No se puede tomar a la ligera y aun menos ignorar la posibilidad de sanciones sobre intereses públicos venezolanos por la Administración norteamericana de Donald Trump, inclusive resulta preocupante el haberlas sugerido. Las consecuencias que pudieran tener estas sobre ámbitos sensibles del acontecer nacional sea político, económico, financiero, petrolero o militar, entre otros, ameritan tratarse con seriedad y no considerarlas por  hechos aislados que dependen del mal o buen humor del Presidente norteamericano; más bien debe observarse que responden a demandas puesta en movimiento por grupos de presión y burocráticos en una dinámica de intereses propios influyentes en la toma de decisiones de la Casa Blanca al diseñar y ejecutar la política y acciones en el exterior planteándose bajo justificaciones o  “excusas burocráticas”

Ciertamente la Administración norteamericana hasta el momento se ha limitado a tomar en forma efectiva medidas en base a datos de la oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro contra intereses particulares de funcionarios venezolanos en los EEUU como hecho objetivo independientemente de la razón o no de estos.

Adicionalmente advirtió el presidente Trump el 28-07-17;  a las personas elegidas como miembros a la Asamblea Nacional Constituyente, que deberían saber que su papel en socavar procesos democráticos e instituciones en Venezuela puede exponerles a potenciales sanciones estadounidenses.

En abril del 2017, en razón de dos sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia conforme a la tesis esgrimida por  la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz se constituía un “golpe de Estado” al ordenar asumir por el Tribunal Supremo de Justicia o el organismo que este designe las competencias propias de la Asamblea Nacional; obviamente fue secundada por el Legislativo Nacional  reactivándose la protesta opositora.

La  Asamblea Nacional Constituyente convocada el 1º de mayo por el presidente Nicolás Maduro  se interpretó como un cambio radical de las “reglas de juego”. La oposición reitera conforme a la interpretación Constitucional que la convocatoria debe avalarse a través de una consulta al electorado; la Sala Constitucional la rechaza sosteniendo que el Presidente de la República es un representante del “pueblo” habilitándolo para realizarla.

En la práctica fracturó las negociaciones que se venían realizando a raíz de la suspensión judicial del referéndum revocatorio presidencial en el 2016, particularmente  con la mediación del Estado de la Ciudad de El Vaticano que tuvo por efecto inmediato “enfriar la calle” o “apaciguar” la protesta opositora; conforme a la tesis de la oposición debió realizarse a finales del año pasado o comienzo de este.

Por supuesto, un cambio de las reglas de juego del conflicto hace también que otros actores sean aliados o adversarios modifiquen sus tácticas y estrategias.

El 2, de Mayo el subsecretario de Estado adjunto de EEUU para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Fitzpatrick, expresa que la Organización de Estados Americanos abordará la convocatoria de una Asamblea Constituyente en Venezuela en la reunión de cancilleres prevista para «las próximas semanas» sobre la crisis política del país indicando que «no solo se discutirá el plan de Venezuela de retirarse de la OEA» y la «posibilidad de intentar restaurar una forma de mediación entre el Gobierno y la oposición» en la que el Ejecutivo «cumpla sus compromisos previos” reiterando la tesis que el retiro no será efectivo hasta 2019, como establece la Carta de la OEA por lo que hasta ese año  Venezuela será miembro pleno con todos los derechos y obligaciones:  «No tienen que venir a las reuniones, pero la OEA continuará haciéndose cargo de la situación, como ha hecho al menos desde el pasado año y medio».

La elección de miembros de la Asamblea Constituyente realizada el 29-07- 2017; llevó al gobierno norteamericano y particularmente al presidente Trump  de calificar a Nicolás Maduro por “dictador” anunciando sanciones directas contra este y compararlo con los líderes de Zimbabwe, Siria y Corea del Norte; adicionalmente al estado venezolano de “forajido” prometiendo restituir la “libertad” que en otrora podría haber gozado Venezuela manifestando “no  descartar” entre las “muchas opciones” para abordar la situación en Venezuela  la “militar” si es necesaria.

 El subsecretario de Estado  Michael Fitzpatrick, anunció reconocer al presidente Maduro  como “gobierno legitimo”   indicó que se pasea por las intensiones de “dialogar” asegurando que bajo ningún concepto se está estudiando la posibilidad de reconocer un segundo gobierno o paralelo conformado por el parlamento venezolano.

El portavoz del departamento de Estado de EEUU, Heather Nauert, emitió un comunicado -04-08-2017-  referente al proceso de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente: “El proceso fue manipulado desde la forma irregular en la que se decretaron las elecciones, hasta la negativa del Gobierno de no permitir que los votantes objetaran la intención de volver a redactar la Constitución” agregando no reconocerla tras haber sido un proceso “fraudulento” y  un “producto ilegítimo” de la “dictadura de Nicolás Maduro”.

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores indicó en un comunicado que “EEUU muestra nuevamente su crasa ignorancia sobre Venezuela calificando de ilegítimo un mecanismo democrático establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

El vicepresidente de los EEUU Mike Pence realizó una gira de Estado con la finalidad de tratar exclusivamente la situación venezolana con cuatro países: Colombia, Argentina, Chile y Panamá reivindicando «Venezuela está cayendo en una dictadura y Estados Unidos no se quedará con los brazos cruzados».

El criterio anterior ha sido coetáneamente asumida también por un grupo de países latinoamericanos incluyendo lo más representativos como es México, Perú, Colombia, Costa Rica y Chile y el Mercosur aplicando la Clausula Democrática contenida en el “Protocolo Ushuaia sobre Compromiso Democrático” – una versión regional de la Carta Democrática Interamericana –  para suspender al gobierno venezolano “indefinidamente”  a pesar de las observaciones que hizo el gobierno del Uruguay particularmente el presidente Tabare Vásquez señalando verse  presionado de  apoyar el acuerdo  para evitar presiones comerciales adversas.

Se realizo la llamada “Declaración de Lima” 06-06-2017, por las cancillerías – Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú –  manifestando la «ruptura del orden democrático en Venezuela» y «no reconocerán a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente ni a los actos que emanen de ella por su carácter ilegítimo»  su «pleno respaldo y solidaridad» con la Asamblea Nacional, de mayoría opositora «democráticamente  electa» como acordar que reconocerán únicamente «los contratos de endeudamiento, refinanciamiento de títulos, concesiones, contratos de obra pública» que firmen con el gobierno venezolano  y  tengan  la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos exigidos por  la Constitución. No se acordó la suspensión de relaciones diplomáticas contra el gobierno venezolano; tampoco sanciones económicas.  El canciller anfitrión de Perú, Ricardo Luna, y de Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, insistieron en calificar a Venezuela como «dictadura»; el gobierno del Uruguay no se sumo a esta condena irónicamente.

El gobierno norteamericano y estos países latinoamericanos han manifestado abiertamente o sugerir una amenaza “sobre las escasas manifestaciones de democracia” en Venezuela se han fundamentado particularmente en el desconocimiento a la Asamblea Nacional de mayoría opositora, a la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, la elección de los miembros a la Asamblea Nacional Constituyente sin una previa consulta sobre la “iniciativa” presidencial de convocarla aunada a las protestas y manifestaciones, violencia y represión en principio adjudicadas al gobierno.

Debemos acotar la reacción de entes privados internacionales particularmente financieros; la agencia Reuters en un reportaje “Comentarios y proyecciones sobre la economía de América Latina”   cita el alerta del JP Morgan sobre Venezuela: “Cuanto más se consolide la Asamblea Constituyente como plataforma para ahogar el disenso y perpetuar el régimen en el poder, mayor es la probabilidad de sanciones duras al sector petrolero o financiero, lo que a su vez eleva la posibilidad de un default duro y largo de los bonos”.

De acuerdo con Bloomberg, el Credit Suisse Group AG ha bloqueado sus transacciones de los bonos Pdvsa 2022, Soberano 2036 y todos aquellos emitidos después del 1 de junio de este año y prohibir cualquier negocio con el gobierno de Venezuela, o entidades contraídas por individuos o compañías privadas o cualquier negocio que involucre a activos en Venezuela a menos que sean aprobadas por la oficina de riesgo del banco. Según  Reuters y Bloomberg señalan en vista del clima político por los recientes eventos en Venezuela y  acciones tomadas por el actual gobierno aseguran que Credit Suisse no provee medios para que se violen los Derechos Humanos del pueblo venezolano concluyendo “el banco no desea verse envuelto en ninguna transacción o acción que pueda ser percibida como facilitadora para  el actual régimen de Venezuela continúe violando los Derechos Humanos del pueblo venezolano”.

Reuters también da cuenta que Un tanquero con cerca de 1 millón de barriles de crudo pesado venezolano ha estado varado por más de un mes en la costa de Luisiana, en Estados Unidos, a la espera de una carta de crédito para completar la descarga;  se interpreta como una  nueva muestra del precario estado de las finanzas de la estatal petrolera PDVSA  y los grandes bancos intentan reducir su exposición a Venezuela como reacción a la turbulencia política en el país sudamericano.

El presidente de Pdvsa, Eulogio del Pino, denunció  que  la empresa petrolera  sufre un bloqueo financiero de Estados Unidos sin que haya aún una sanción económica vigente en su contra dañando la capacidad para recibir los pagos por sus embarques.

Sobre las excusas burocráticas:

 Este término fue utilizado por durante la “segunda guerra del golfo” o “invasión a Irak” – marzo a mayo 2003 – por el subsecretario de defensa norteamericano Paul  Wolfowitz en una entrevista para la revista Vanity Fair como lo refiere la edición en español de la revista Newsweek de junio del 2003. La versión refleja el funcionamiento de la política exterior norteamericana cuando se realiza acciones militares en exterior al considerar que se ven vulnerados los intereses norteamericanos o tratan de realizar una operación “salvacionistas” frente a un “dictador sanguinario” o un “estado forajido” como era calificado el régimen de Saddam Hussein.

El hecho cierto revela Newsweek es que la administración George Bush  (hijo)  había  tomado inexorablemente la decisión de invadir  a Irak y derrocar al régimen de Saddam Hussein; el problema era como “vender” o “justificar”  la guerra para evitar que la acción militar sea impopular convenciendo a la mayoría de estadounidenses que representaba un peligro “claro e inminente”  y tenía que ser derrocado por la fuerza.

Bush había en varias oportunidades había expresado: “año tras año. Saddam Hussein ha gastado enormes sumas y tomado grandes riesgos para construir armas de extermino masivo”, en tanto el vicepresidente Dick Cheney y el Departamento de Defensa impulsaron la idea de que Saddam tenía arsenales de armas prohibidas y vínculos con los terrorista particularmente Al Qaeda podían ser utilizadas contra ciudades norteamericanas.

Dick Chiney – vicepresidente – Donald Rumsfield – secretario de Defensa – y George Bush persistieron en el tema inclusive Bush señalo que Saddam  podría “tener una bomba nuclear en menos de un año”.

Describe Newsweek la preocupación del director de la Central de Inteligencia Norteamericana (CIA) George Tenet  que las justificaciones de la acción militar a Irak previstas a presentar ante ONU en base a que Saddam poseía un arsenal de exterminio masivo advertían dificultad: “Pero las pruebas eran débiles, esquemáticas y especulativas o no corroboradas o simplemente inverosímiles”.

La perplejidad fue el hecho que las fuerzas estadounidenses de ocupación en suelo iraquí  no hayan podido encontrar “ninguna” de las armas de exterminio masivo que justificaron la acción militar. La conclusión del Newsweek resulta contundente: “El mensaje era claro. Las armas de exterminio masivo de Saddam hacían que la guerra fuera inevitable. Entonces  ¿Dónde están?”.

Te podría interesar también