Reuters: EEUU destinará 20% de la producción petrolera total del acuerdo con Venezuela a su reserva estratégica
El Pentágono planea adquirir una participación pasiva del 35% en la empresa privada que ostentará los derechos en Venezuela; para ello, la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa estructuraría la inversión en NABEP mediante warrants.
El acuerdo de producción petrolera a gran escala que Venezuela y Estados Unidos dieron a conocer la semana pasada requiere una compleja estructura de tres niveles para desarrollar al menos una parte de los 64.000 millones de barriles de reservas probadas que contienen los 17 yacimientos incluidos en el pacto.
De concretarse tal como se está negociando hasta ahora, el acuerdo proporcionará inmediatamente a Estados Unidos un volumen base de crudo venezolano exportable proveniente de yacimientos maduros ya en operación, con una producción total que se prevé aumente hasta 1,5 millones de barriles diarios (bpd), según han señalado las autoridades.
Estados Unidos también ha negociado derechos para asegurarse un 20% adicional de la producción total de petróleo de los yacimientos, lo que podría ayudar a reabastecer la Reserva Estratégica de Petróleo de EE.UU., según señalaron fuentes
Sin embargo, persisten numerosas dudas sin resolver sobre la legalidad y la viabilidad operativa de este acuerdo sin precedentes.
De Gobierno a Gobierno
El primer nivel es el pacto de gobierno a gobierno anunciado el viernes, cuyos términos fueron negociados por Caracas y Washington durante meses con el fin de alcanzar varios objetivos:
- Garantizar el acceso de Estados Unidos a los yacimientos petrolíferos «mediante una asociación con empresas privadas», según declaró el presidente estadounidense Donald Trump.
- Asegurar que la mayor parte de la producción se destine a Estados Unidos por razones de seguridad energética.
- Establecer una relación a largo plazo con el operador de los yacimientos.
El contenido íntegro del acuerdo no se ha hecho público y es posible que no se divulgue a corto plazo, dado que una reforma reciente de la principal ley petrolera de Venezuela eliminó la supervisión obligatoria de la Asamblea Nacional sobre los contratos energéticos declarados de interés nacional.
Abogados y expertos han advertido que el acuerdo podría terminar en los tribunales, citando su larga duración, la falta de aprobación por parte de otras instituciones en Venezuela y Estados Unidos, y la ausencia de un proceso competitivo para seleccionar a los socios.
Asociación en Venezuela
La Reforma a Ley de Hidrocarburos solo autoriza dos modelos para la producción de petróleo en este país miembro de la OPEP: empresas mixtas y Contratos de Participación Productiva (CPP).
Los socios de empresas mixtas pueden adquirir una participación accionaria en la compañía operadora y registrar las reservas a su nombre por un periodo de 25 años, prorrogable por otros 15. Los CPP autorizan la extracción por un tiempo indefinido, pero sin otorgar derechos accionarios.
Aún no está claro cuál será el modelo por el que optará North American Blue Energy Partners (NABEP), la empresa estadounidense elegida por Washington para asociarse en este acuerdo, según diversas fuentes. Cualquier estructura requiere asociarse con la petrolera estatal venezolana, PDVSA, señalaron los analistas.
Operación accionaria en EE.UU.
Quizás la parte más compleja del acuerdo sea la operación mediante la cual EE. UU. aseguraría una participación en las operaciones de NABEP en Venezuela.
Según Trump, el acuerdo marco fue negociado por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, quedando el Departamento de Energía estadounidense excluido de dicha fase.
La semana pasada, el medio Wall Street Journal informó que el Pentágono planea adquirir una participación pasiva del 35% en la empresa privada que ostentará los derechos en Venezuela; para ello, la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa estructuraría la inversión en NABEP mediante warrants (opción de compra a largo plazo emitida directamente por la empresa para adquirir sus propias acciones) de bajo costo (penny warrants), los cuales otorgarían a EE. UU. la propiedad accionaria sin necesidad de un desembolso inicial de capital significativo, detalla la Agencia Reuters.
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