Proponen cotizar títulos respaldados por reservas petroleras venezolanas en mercados internacionales
Una iniciativa presentada ante la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional plantea la emisión de bonos garantizados con las reservas probadas de petróleo y su comercialización en bolsas internacionales.
En medio de la fase de Consulta Pública de la reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una propuesta dirigida al diputado Orlando Camacho, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, plantea abrir expresamente al mercado financiero la colocación de títulos valores respaldados por las reservas petroleras del país y por contratos de empresas que operen con PDVSA.
La iniciativa, presentada por Alejandro Terán Martínez, director de la Asociación Latinoamericana de Petróleo, Gas y Energía, y fechada el 26 de enero, forma parte de las más de 80 propuestas que la comisión parlamentaria ha recibido de diversos sectores, durante el proceso de consulta pública que precedió a esta segunda discusión.
Instrumentos financieros vinculados a contratos petroleros
El documento propone la incorporación de un artículo que autorizaría la emisión y comercialización de acciones, bonos y certificados de deuda de empresas nacionales e internacionales que mantengan con PDVSA u otros entes estatales contratos de suministro, producción operativa, empresas mixtas o cualquier inversión en la industria petrolera nacional.
Estos títulos podrían ser negociados en bolsas de valores nacionales e internacionales, previo cumplimiento de requisitos legales.
La propuesta contempla además que empresas privadas que operen en asociación con el Estado venezolano en áreas energéticas y petroleras puedan emitir sus propios papeles comerciales, certificados y bonos transables en mercados de capitales internacionales.
Títulos garantizados con reservas probadas
Uno de los elementos más destacados de la iniciativa es la creación de títulos valores directamente garantizados con las reservas petroleras probadas de Venezuela, que se estiman en 303.000 millones de barriles, las más elevadas del mundo.
Estos instrumentos se enmarcarían en la Ley Orgánica relativa al Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera (FANCO) y al Fondo de Ahorro Popular, mecanismos creados en 2012 para el pago de prestaciones sociales a trabajadores del sector público.
Según la propuesta, los recursos obtenidos de estas colocaciones estarían destinados al fortalecimiento de la estructura social y laboral, así como al crecimiento de la industria petrolera, eléctrica, minera y otros sectores productivos.
Los títulos podrían ser adquiridos por personas naturales y jurídicas, instituciones financieras, fondos de retiro y otros actores del sistema financiero nacional e internacional.
Fondo Estratégico de Desarrollo Energético
La iniciativa contempla la creación de un Fondo Estratégico de Desarrollo Energético Nacional, concebido como mecanismo de administración compartida de los recursos generados por la colocación de estos instrumentos financieros en bolsas nacionales e internacionales.
El Ejecutivo Nacional sería responsable de distribuir estos recursos dentro de la ley de presupuesto o mediante fondos de desarrollo socioeconómico específicos.
El documento establece que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, determinaría vía reglamento los procesos y pasos para implementar este esquema financiero.
Contexto: atraer $50.000 millones en inversión
La propuesta se inscribe en el debate más amplio sobre la reforma a la Ley de Hidrocarburos, cuyo objetivo principal es blindar legalmente los Contratos de Participación Productiva (CPP) y crear condiciones para atraer inversión extranjera al sector petrolero.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, señaló el lunes durante consultas públicas que para llevar la producción de petróleo de los actuales 1,2 millones de barriles diarios a 5 millones se requiere una inversión de 50.000 millones de dólares.
«Si alguien tiene esa plata, que nos la preste, y si no la tiene, que nos dejen reformar la ley para que pueda venir la inversión», afirmó el parlamentario.
Los CPP, figura contractual implementada bajo la Ley Antibloqueo, permitieron atraer inversiones por 900 millones de dólares en 2025, con proyecciones de 1.400 millones para 2026.
La reforma busca incorporar definitivamente esta figura al marco legal petroler y ofrecer garantías jurídicas reforzadas junto con sistemas independientes de resolución de conflictos.
Precedentes y consideraciones
La emisión de bonos por parte de países productores de petróleo respaldados por sus reservas no es inédita en el mercado internacional.
Países del Golfo Pérsico como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar han realizado emisiones multimillonarias en años recientes con gran demanda de inversionistas. Asimismo, empresas petroleras privadas en Argentina y España han colocado exitosamente bonos internacionales en el último año.
Venezuela acumula bonos soberanos y de PDVSA en situación de impago desde 2017, con una deuda nominal cercana a los 60.000 millones de dólares.
La deuda total del país, incluyendo intereses acumulados y laudos arbitrales, se estima entre 150.000 y 170.000 millones de dólares.
Los bonos venezolanos experimentaron un repunte significativo tras los cambios políticos de enero de 2026, con incrementos de hasta 28% en el caso de PDVSA, lo que refleja expectativas de los mercados sobre una posible normalización del sector petrolero y eventual reestructuración de la deuda.
Una entre 80 propuestas
El presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, Orlando Camacho, informó que la Asamblea Nacional ha recibido propuestas tanto en formato digital como físico durante las consultas públicas realizadas en diferentes regiones del país.
El diputado enfatizó que el objetivo de la reforma es «desarrollar la fortaleza jurídica para los inversionistas».
La reforma, aprobada en primera discusión el pasado 22 de enero con mayoría calificada, modifica 18 artículos de la ley vigente. Tras la segunda discusión prevista para este martes, el proyecto deberá ser promulgado por el Ejecutivo y publicado en Gaceta Oficial para entrar en vigencia.
La presidenta encargada y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, ha liderado las consultas públicas y expresado que la reforma responde a una nueva realidad financiera y geopolítica, orientada a desarrollar campos petroleros vírgenes o «verdes» que representan aproximadamente el 40% de las reservas estimadas del país.
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