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22/01/2018 05:56 PM
| Por Enrique González *

“Nueva” tesis Ad Hoc oficialista sobre la inflación

Recientemente fue publicado un curioso editorial titulado “Un país congelado por los precios” en el portal oficialista 15 y Último, pretendiéndose asomar en el mismo, lo que para quienes lo redactaron, serían algunas de las causas de la inflación en Venezuela; obviamente con una intención política-regulatoria.

Primero el editorial asoma una supuesta “manipulación” del tipo de cambio, “ayudado por el abandono del BCV de sus responsabilidades constitucionales y los desaciertos de las políticas cambiarias” (el contenido entrecomillado es propio del portal oficialista). Tal reconocimiento de fallas, deficiencias y errores en materia de política cambiaria (y económica), así como en las responsabilidades del BCV de resguardar la estabilidad y el valor de nuestra moneda, cuando menos siembra la duda razonable sobre el señalamiento de “manipulación” como una causa (más allá de los errores de definición de las variables exógenas proxy utilizadas, y de variables omitidas, en las corridas “econométricas” espurias realizadas por el oficialismo con las que han querido crear la matriz mediática de que cerca del 70% de la inflación es “especulativa”).

De hecho, la pérdida de confianza y de aceptabilidad (respectivamente) en la economía venezolana y en la moneda doméstica como reserva de valor y medio de cambio, constituye un mal público y un resultado no cooperativo entre particulares atomizados ante políticas económicas de exclusiva responsabilidad del Gobierno y no producto, de un nada plausible, juego cooperativo o conspirativo (sobre este tema insistiremos más adelante).

Segundo, el editorial asoma una tesis de la inflación que la denomina “de precios relativos”, distinto a lo que se pudiera entender como un componente recursivo con repercusión sobre las estructuras de costos como sería indexar, vía política pública, la inflación al salario. Sin embargo, por un lado, el problema, al que se enfrentaría esta especie de inercia inflacionaria que según los autores del mencionado editorial existiría, son las asimetrías de negociación en el ajuste de ciertos precios y sus rezagos; y por el otro lado, como explicaremos más adelante, el candidato de agente económico que inicie el proceso de incremento de precios nominales y relativos, no tendría por qué tener incentivos para hacerlo, ni poder de mercado ni peso relativo para provocar tal “inflación vía precios relativos” -otra cosa distinta es un fenómeno de mal pública y pérdida de confianza del signo monetario y el ajuste intertemporal de los precios relativos contra este, sin menoscabo de ajustes de precios relativos entre los bienes intrínsecos distintos al dinero-.

El editorial asegura que “en las sociedades suele desencadenarse un proceso de puja distributiva que se comporta como una suerte de sálvese quien pueda económico…los ideólogos de la guerra económica saben esto y lo azuzan todos los días…aunque no lo expresemos teórica ni racionalmente, sabemos que la oportunidad de salvarnos depende de quitarle al que tenemos más cerca la mayor parte posible de su ingreso”.

Al igual que la tesis de inflación inducida, esta tesis de “inflación vía precios relativos” asomada en el editorial oficialista, resulta pobre en términos de microfundamentos. Para alguien medianamente instruido en economía, la tesis de la inflación inducida por parte de todos y cada uno de los particulares resulta falaz.

Ningún particular -ni siquiera un monopolio natural-, mucho menos todos y cada uno de los oferentes en una economía poseen incentivos para incrementar los precios irrestricta e intertemporalmente como un ejercicio unilateral de poder de mercado, ni producto de una teoría de la conspiración -no constituye un equilibrio de Nash-. Ninguna empresa, incluso con poder de mercado incrementará intertemporalmente sus precios a lo largo del tiempo, porque de poder fijar un precio de monopolio lo hará en el tiempo presente y cualquier incremento infinitesimal superior a este precio provocará una pérdida de ingresos asociados a la demanda supramarginal que dejará de adquirir el bien que superará al descreme de la demanda inframarginal -por algo el monopolio ubica sus operaciones donde la demanda se hace elástica-.

Este tipo de tesis oficialista desconoce la microeconomía que predice cómo un incremento de precios atentará contra el sostenimiento del producto en la cesta familiar de consumo y de su peso relativo, tanto por el efecto renta como por el sustitución, ambos negativos.

A pesar de los débiles argumentos y la falta de microfundamentos robustos en esta tesis oficial, especialmente para acusar a un oferente particular, mucho menos a todos los oferentes, el mencionado editorial oficialista busca justificar una ilegal e inconstitucional masificación de falsos positivos concluyendo: “Quienes se oponen a los congelamientos de precios, alegan que en coyuntura como éstas no son respetados por nadie. Paradójicamente, es para coyuntura como éstas que se inventaron los congelamientos de precios, pues ¿qué gracia tiene congelar precios cuando están estables y todo el mundo los acata?”

Se dede concientizar la importancia del sector privado en la provisión de bienes y servicios, coadyuvando a develar los riesgos regulatorios de tesis como la analizada, especialmente cuando el primero no cuenta ni dispone de los recursos para realizar estos análisis y advertir a la sociedad sobre los costos asociados a políticas públicas y regulatorias basadas en este tipo de tesis.

* Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Master en Economía y Derecho del Consumo, UCLM. Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, Kings College London, University of London. Programa Avanzado en Política de Competencia, Instituto de Empresas, IE.

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