Iglesia católica aumentó presión contra gobierno de Venezuela al llamarlo «dictadura»

// AFP


La Iglesia católica puso este viernes más presión sobre el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al asegurar que se convirtió en una «dictadura» que se consolidará con la elección, el 30 de julio, de una Asamblea Constituyente.

El clero venezolano se sumó así al rechazo a esa iniciativa expresado por la oposición y la fiscal general, Luisa Ortega, devenida en la mayor adversaria de Maduro tras años de línea oficialista.

La Constituyente «será impuesta por la fuerza y sus resultados serán la constitucionalización de una dictadura militar, socialista, marxista y comunista», aseguró el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Diego Padrón.

El prelado sentó la contundente posición de la Iglesia sobre la crisis política, institucional y económica que vive el país, al inaugurar la asamblea anual de la CEV. En su mensaje subrayó que los obispos están en «plena comunión» con el papa Francisco.

El gobernante sostiene que la Constituyente traerá la recuperación económica y la paz a un país convulsionado desde hace tres meses con protestas que exigen su salida del poder, y que dejan 91 muertos.

Pero a medida que se acerca la elección de la Constituyente, la tensión aumenta.

Maduro insistió este viernes en denuncias sobre un complot contra esos comicios, en un acto militar donde estuvieron los jefes de la Fuerza Armada, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el poder electoral, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, todos acusados de servir al gobierno.

Tras saludarla, Maduro aseguró que el acto lo engalanaba la abogada chavista Katherine Haringhton, nombrada vicefiscal por el TSJ y eventual reemplazo de Ortega si es destituida como consecuencia de un posible juicio que le sigue la corte.

«Una distracción»

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que llamó a desconocer al gobierno, prepara para el 16 de julio un plebiscito simbólico para demostrar, según sus dirigentes, que esa iniciativa es rechazada por la mayoría de los venezolanos.

Agobiados por la profunda crisis económica, un 80% de venezolanos rechaza la gestión de Maduro y un 70% está en desacuerdo con la Constituyente, según la firma Datanálisis.

La oposición confía en detener la elección de la Constituyente con la consulta popular, para la cual, confirmó Padrón, la Iglesia autorizó a usar sus instalaciones, excepto los templos.

La MUD anunció este jueves en rueda de prensa que los rectores de las principales universidades del país serán los «garantes» de ese proceso, que Maduro considera «ilegal» y que no cuenta con el aval del poder electoral.

Ortega, a quien el oficilismo pidió enjuiciar acusándola de mentir en señalamientos contra los magistrados, asegura que la Constituyente «pareciera una distracción».

«No va a resolver los grandes problemas como la escasez de alimentos, la inseguridad (…), tampoco resolverá el tema de la corrupción», aseguró la fiscal, quien acusa a Maduro de romper el orden constitucional a través de fallos del TSJ, y desconoce el nombramiento de Haringhton.

El Ministerio Público denunció este viernes el «ingreso irregular» a su sede, en el centro de Caracas, de «personas extrañas» a la institución, que habrían revisado expedientes de corrupción.

El «suprapoder»

La cúpula eclesiástica venezolana, que se reunió con el papa Francisco hace un mes, ha criticado en reiteradas ocasiones a Maduro, aunque nunca de forma tan contundente como ahora, por lo que altos funcionarios la tildan de «partido político» opositor.

Al igual que la oposición, la CEV cree que la Constituyente permitirá «la permanencia ilimitada del actual gobierno en el poder» y la «anulación de los poderes públicos» como el Parlamento, de amplia mayoría opositora.

Según un estudio de Latinobarómetro, 79% de los venezolanos se declaraba católico en 2013.

La víspera, Maduro exigió a los empleados públicos -unos 2,8 millones- votar «sin excusa» dentro de tres semanas. «Empresa por empresa, ministerio por ministerio, gobernación por gobernación, alcaldía por alcaldía. ¡Vamos todos a votar!», expresó.

La Constituyente será un «suprapoder», que para el consultor jurídico Oswaldo Ramírez comenzará «un proceso de desmontaje de las instituciones que adversan al gobierno».

Según el episcopado, en Venezuela «ya no hay conflicto ideológico entre derechas o izquierdas», sino «una lucha entre un gobierno convertido en dictadura y todo un pueblo que clama libertad».

Maduro ha acusado a la CEV de ignorar los llamados al diálogo del Papa, pero Padrón aseguró que esa palabra está «devaluada» en Venezuela y señaló que una auténtica negociación para resolver la crisis pasa por convocar a «elecciones universales, directas y secretas».

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