Expertos | ¿Tiene sentido retomar el control de precios en medio de esta pandemia?

// Por: Enrique González

Expertos | ¿Tiene sentido retomar el control de precios en medio de esta pandemia?



El régimen hace público supuestos esfuerzos por mantener los precios en tiempos de pandemia, con discursos variopintos por parte de sus voceros, los cuales parten desde asegurar que no están regulando precios sino “acordando” hasta que “combaten el incremento desmesurado, desproporcionado y especulativo”.

Esta aseveraciones se hacen sin que exista definición alguna respecto a dichas afirmaciones que, como lo sabe cualquier estudiante de primer año de economía, exigirían evidencia y comprobación empírica para constituir una situación y afirmación contrastable.

Ahora, ante la complicadísima situación y reto que ha implicado la pandemia del Covid-19, como respuesta o política pública, por defecto, se vuelve a insistir en los controles de precios.

En un país con una caída aterradora e ininterrumpida de la demanda, que muestra la inflación más alta del mundo, con empresas que, en promedio, eventualmente están arrojando resultados negativos en términos reales, asomar el “control y combate de incrementos de precios desmesurados, desproporcionados y especulativos”, parece partir de una tesis de abuso carente de microfundamentos.

En este sentido, no resulta cierto que el Estado pueda hacer lo que le venga en gana, aún cuando, y especialmente éste, “enarbole” objetivos y banderas de interés público.

¿El regulador venezolano ha mostrado algún estudio o análisis que demuestre que el control del fenómeno inflacionario evidencia prácticas de “abuso de precios” (Price Gouging)?

Aun cuando los precios constituyen efectivamente variables estratégicas y de decisión por parte de las empresas en la mayoría de los mercados (en mercados oligopólicos, por ejemplo), los precios son el resultado de sistemas y pueden -y deben- reflejar las condiciones del mercado, más allá, o en contraposición, a un ejercicio de un poder de mercado por parte de las empresas.

Adicionalmente, el Benchmark de precios y márgenes en mercados oligopólicos naturales implican ganancias no nulas, lo que dificulta la labor del estado/regulador, obligándolo a atender su mayor responsabilidad en materia de política pública y regulatoria como sería el fomento y la defensa de la competencia, identificando barreras artificiales, institucionales y regulatorias que ralentizan la entrada de empresas, oferentes y competidores a los mercados.

En el corto plazo, ante una oferta medianamente fija, el sistema de precios del mercado constituye un mecanismo de racionamiento efectivo al maximizar el bienestar social y reducir costos de enforcement, salvo que nos encontremos con anomalías de mercado, que suelen requerir atenciones específicas y no una generalización sobre toda la economía como se ha pretendido en Venezuela desde hace 17 años.

Así las cosas, no ha existido motivación normativa por parte del régimen que satisfaga al más descuidado analista, ciudadano y/o gremio empresarial sobre la necesidad de las medidas regulatorias asomadas por el Ejecutivo Nacional ni sobre la eficiencia del diseño de la política y de sus instrumentos.

En la medida que se estrangulen los márgenes producto de un control de precios y las restricciones de participación de las empresas sean violentadas por parte del estado/regulador, la oferta será menor a la demanda, lo que produce desabastecimiento.

Todo lo anterior no implica que no exista preocupación por eventuales abusos de precios que, lejos de incentivar a los oferentes primarios de los productos a aumentar su oferta, simplemente benefician a ciertos eslabones de la “cadena de valor” que buscan descremar el mercado, apuntando a aquellos consumidores con mayores disponibilidades de pagar por los bienes escasos.

El resto de los países en el mundo que atraviesan amenazas parecidas, en medio de la pandemia, poseen equipos de expertos públicos y privados analizando los eventuales casos, con el objetivo de establecer si efectivamente existiría asidero para diseñar una política pública, cuál sería su naturaleza y efectividad, caso por caso. Pero como ya es costumbre en Venezuela, la economía no tiene quien le escriba.

* El autor es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

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