#Especial: Determinar el monto real de la deuda externa es el primer reto de la renegociación
Los economistas Gustavo García, exministro y exfuncionario del BID, y Graciela Urdaneta, de Ecoanalítica, ponen en perspectiva el proceso de reestructuración de la deuda externa.
El pasado 13 de mayo de 2026, Venezuela anunció de manera oficial el inicio de un proceso formal, integral y ordenado de reestructuración de su deuda pública externa y la de PDVSA. Este es el primer intento institucional de salir del default selectivo en el que el país permanece sumergido desde noviembre de 2017. Sin embargo, no todo parece ser tan sencillo.
“La licencia 58 es solamente para que el gobierno pueda contratar, para eso es lo que está autorizada. Consultorías legales, financieras o de firmas auditoras. ¿Por qué razón? Porque PDVSA tiene años que no presenta estados financieros auditados por firmas reconocidas internacionalmente”, apunta el economista venezolano Gustavo García, quien ocupó el cargo de Economista Jefe del División Fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La Licencia General 58 (LG58), emitida por la OFAC de EEUU, el 5 de mayo de 2026, autoriza a empresas a brindar servicios de asesoría legal y financiera al Gobierno de Venezuela y PDVSA para preparar una posible reestructuración de deuda. Igualmente, faculta la contratación de intermediarios, pero no autoriza la reestructuración final, transferencias o quitas de deuda.
«PDVSA tiene años que no presenta estados financieros auditados por firmas reconocidas internacionalmente»: Gustavo García (economista).
De su lado, Graciela Urdaneta -economista Jefe de la firma Ecoanalítica- dijo, en exclusiva, a Banca y Negocios que esa licencia permite la contratación de servicios de asesoría legal y financiera para diseñar una hoja de ruta, pero no autoriza la ejecución de la reestructuración, el intercambio de bonos ni negociaciones definitivas.
La experta fue más allá: “Hay que entender que nos enfrentamos a uno de los casos más complejos de reestructuración de deuda en los mercados emergente, donde los reclamos totales —incluyendo intereses acumulados, arbitrajes y litigios— podrían superar los 180.000 millones de dólares”, escatimó toda media tinta.
Por eso en Ecoanalitica ponderan que hay una serie de pasos a seguir antes de cualquier acuerdo. Por ejemplo, dice Urdaneta, es imperativo realizar un diagnóstico profundo bajo el protocolo del Artículo IV del FMI para estimar el tamaño real de la economía venezolana y su capacidad productiva”, tropieza con una de las muchas piedras en el camino.
“Venezuela no cumple con este proceso desde hace más de 20 años y existe un grave deterioro estadístico, a pesar de que actualmente el BCV ha publicado cifras, pero de carácter aún preliminar. Por eso, estimamos que solo esta fase de auditoría técnica consumirá al menos entre 10 y 12 meses”.
“La experiencia internacional indica que las reestructuraciones complejas suelen tomar más de cuatro años. Por lo tanto, nuestra opinión es que no veremos un cierre integral del proceso, como mínimo, en los próximos cuatro o cinco años»: Graciela Urdaneta (Ecoanalítica).
La rendición de cuentas
Gustavo García explica que el gobierno no tiene claro a cuánto asciende la deuda que tiene el país.
“Hay cierta claridad sobre la deuda en bonos, porque las emisiones están registradas en gacetas oficiales, pero no se sabe a cuánto van a subir las obligaciones por los juicios de arbitrajes internacionales, deuda bilateral, multilateral, pasivos con contratistas, proveedores”.
En resumen, “creo que, al día de hoy, en el gobierno no tienen claro cuánto es lo que se debe y, además, en el caso de los bonos y los procesos de arbitraje están aumentando los intereses de mora más las costas procesales”, tropieza con varios puntos neurálgicos.
“Por ejemplo, los bonos de PDVSA causan una tasa de interés del orden de 9,7% al año y en el caso de los de la república es de 8,7%. Cada año que pasa estos intereses incrementan el monto de la deuda. Entonces, no estamos hablando de un monto fijo que se pueda establecer concretamente ahora”, explica el profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA / International Faculty).
Urdaneta, por su parte, explica que “la experiencia internacional indica que las reestructuraciones complejas suelen tomar más de cuatro años. Por lo tanto, nuestra opinión es que no veremos un cierre integral del proceso, como mínimo, en los próximos cuatro o cinco años. Un desafío de esta magnitud debe abordarse de forma ordenada, transparente y técnicamente consistente; intentar acelerar acuerdos sin la institucionalidad suficiente o de manera parcial solo generaría incentivos perversos y aumentaría los riesgos”.
La negociación es otro proceso que comienza “una vez que primero sepan a quién se le debe y cuánto se debe. En segundo lugar, los abogados deben revisar la legalidad de los los contratos.
Es crucial actualizar la data de la deuda
Gustavo García subraya que es imprescindible actualizar la deuda a una fecha determinada con los intereses causados y acumulados por pagar hasta otra fecha porque, “es así como opera el mundo financiero internacional”.
La negociación -sostiene el analista- es otro proceso que comienza “una vez que primero sepan a quién se le debe y cuánto se debe. En segundo lugar, los abogados deben revisar la legalidad de los los contratos, mientras los auditores tienen que establecer la cuantía de los reclamos.
“Y luego entra la asesoría financiera para empezar a contactar a los acreedores e iniciar un proceso de negociación. Eso no se puede hacer hasta tanto no se determine exactamente -insiste García- cuánto se debe y a quién se le debe”, cierra un primer capítulo de su declaración.
-¿Cómo cambia esta licencia la estrategia de defensa de activos externos de PDVSA frente a los tenedores de bonos que han buscado compensaciones en cortes estadounidenses?
-La licencia no tiene nada que ver con protección de los activos. La situación del bono PDVSA 2020 está por resolverse, porque hay una audiencia judicial próximamente.
García señala que es este será un proceso prolongado y complejo. Definitivamente, “no se puede interrumpir, tiene que seguir su curso”.
La resolución del caso CITGO requiere una aprobación final del gobierno de Estados Unidos, a través de una licencia del Departamento del Tesoro que permita concretar la venta. “Hasta ahí no hemos llegado, falta mucho todavía porque queda un largo proceso de posibles apelaciones, que incluso puede llegar a la Corte Federal de Apelaciones en Washington”, remata García.
Lea más contenido interesante y de actualidad:
Proyectan que acción de Nvidia podría superar los US$ 300
Bloomberg: Bolsa de Valores de Caracas despierta interés de empresas tras años de parálisis
Somos uno de los principales portales de noticias en Venezuela para temas bancarios, económicos, financieros y de negocios, con más de 20 años en el mercado. Hemos sido y seguiremos siendo pioneros en la creación de contenidos, análisis inéditos e informes especiales. Nos hemos convertido en una fuente de referencia en el país y avanzamos paso a paso en América Latina.
Síguenos en nuestro Canal de WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter y Facebook
