#Enfoque: Hace 28 años 2,4 salarios mínimos cubrían una canasta alimentaria, hoy se necesitan 2.400
Los economistas Manuel Sutherland y Oscar Meza analizan los impactos del costo de la canasta básica en Venezuela. Las expectativas cambian, pero la precariedad social continúa.
La economía de 2026 presenta una paradoja punzante: mientras las vitrinas exhiben una oferta variada, la canasta básica se ha blindado sobre los 550 dólares para convertirse en un objetivo inalcanzable para la mayoría.
Esta brecha no es solo estadística; representa una lucha diaria en la que el ingreso promedio apenas logra cubrir la mitad de los requerimientos nutricionales esenciales. Con servicios públicos y de salud con alzas, en términos reales, de 35% en costos, el presupuesto familiar se ha convertido en un ejercicio de supervivencia que asfixia tanto a la clase media como a los sectores más desprotegidos.
Más allá de los números, la política de bonos indexados enfrenta hoy su prueba de fuego frente a una nómina pública de 6 millones de personas que claman por soluciones estructurales.
«La Canasta Alimentaria Familiar ronda los 600 dólares, costo que más que triplica el ingreso salarial de un trabajador del sector público y representa un poco más del doble y medio en el sector privado»: Manuel Sutherland, economista.
Dos o tres personas deben trabajar en una familia para apenas comer
Manuel Sutherland es un economista e investigador estrechamente vinculado a la Universidad Central de Venezuela (UCV). Es Doctor en Estudios del Desarrollo por el CENDES-UCV (Centro de Estudios del Desarrollo), donde también se desempeña como profesor e investigador de postgrado.
“El costo de vida podríamos sintetizarlo en la Canasta Alimentaria Familiar, que ronda los 600 dólares, costo que más que triplica el ingreso salarial de un trabajador del sector público y representa un poco más del doble y medio en el sector privado”, indica el docente.
“Entonces -claro-, si en un hogar trabajan dos o tres personas, apenas pueden más o menos comer; por eso la población ha tendido, desde el año 2014, a emigrar rápidamente, porque no tiene un ingreso suficiente”, indica.
Sutherland expone que una multiplicidad de factores incide en lo que califica como una devastación de economía: una hiperinflación que fue generada por la emisión de dinero sin respaldo «extrema y desorbitada» y la contracción de la actividad económica privada por políticas que desestimulan la producción y frenan el desarrollo a escala nacional, las cuales terminaron por empobrecer a la población.
“La inflación es extremadamente alta, con un incremento anualizado de más o menos 620% y esa tendencia se mantiene; el gobierno sigue emitiendo dinero sin respaldo, mientras el flujo de dólares que llegaba a la economía hace un tiempo ha ido disminuyendo, ya que gran parte de los recursos por venta de petróleo ahora está manos de Estados Unidos», advierte.
El economista considera prioritario que se distribuyan oportuna y eficientemente esos recursos, porque, a pesar de la mejora de las expectativas, persisten dificultades severas para que la mayoría de la población pueda tan siquiera alimentarse. «Esto es realmente trágico”, asevera Sutherland.
La producción y no un decreto garantizan un salario suficiente
Oscar Meza -de su lado- es economista, director del CENDAS-FVM (Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros). Es una de las voces más consultadas en Venezuela sobre el costo de la vida.
«La capacidad de compra de los salarios se deriva de la producción, la productividad y la estabilidad macroeconómica. No de un decreto del gobierno»: Oscar Meza, director del Cendas-FVM.
“En estos tiempos de emergencia humanitaria compleja que se mantiene, la desesperación por la situación que padecemos impide analizar el problema con la debida racionalidad y, sobre todo, estimar el monto del salario que es necesario, deseable y posible”, afirma.
El analista cree que es importante entender que lo fundamental es generar riqueza. Y para producir riqueza -analiza- es indispensable establecer un marco legal claro y confiable e instituciones eficientes y competentes que atraigan, garanticen y protejan la inversión.
“Además de la infraestructura y el funcionamiento de los servicios básicos, como la electricidad, el agua y la movilidad. La inversión genera empleos, salarios, beneficios e impuestos; incrementa la oferta de bienes y servicios y reactiva el consumo. La capacidad de compra de los salarios se deriva de la producción, la productividad y la estabilidad macroeconómica. No de un decreto del gobierno”, sentencia el experto.
Meza calibra como esencial disponer de la información sobre las cuentas nacionales: presupuesto, ingresos, gasto, exportaciones, importaciones, deuda, reservas internacionales, actividad económica, inversión, consumo, precios.
Señala que es difícil, sino imposible, diseñar líneas maestras de remuneración sin datos confiables sobre el número de empleados públicos, de jubilados y pensionados, así como sobre el funcionamiento real de las empresas del Estado y las del sector privado..
“Es imprescindible para que el proceso de diálogo social produzca resultados consensuados, creíbles y sostenibles en cuanto al salario mínimo y los beneficios laborales derivados”.
La subida de los precios en 2026
Sutherland retoma el hilo de su declaración y dice: “en lo que va de 2026, varios rubros han subido de manera muy elevada. Quizás el más preocupante es Alimentos, cuya inflación ha subido más de 40% según mediciones privadas. Telecomunicaciones, servicios de salud y materiales relativos a la construcción también se han ido incrementando sustancialmente”.
Hay un problema grave con la sobrevaluación del tipo de cambio, va cerrando Sutherland su participación.
“En la práctica hay un control de cambio velado que impide que la gente que vende divisas en el mercado formal lo haga a un precio mayor, eso crea una brecha y permite a las personas que obtienen divisas baratas ganar en el arbitraje cambiario y hacer un dinero adicional”, concluye.
Oscar Meza recurre a un paralelismo histórico para ilustrar la situación salarial. Hace 30 años, una Comisión Tripartita Nacional que auspició el presidente Rafael Caldera y que coordinaron los entonces ministros Teodoro Petkoff y María Bernardoni de Govea, produjo una reforma laboral por consenso que salarizó los bonos de alimentación y transporte que existían hasta 1997.
Lo más importante es que blindó el salario, al definir claramente que todo ingreso recibido por concepto de trabajo de forma regular, continua y recurrente, se considera salario, con todos sus efectos. También se acordaron las bases de un sistema de seguridad social viable y sostenible, asevera el experto.
La reforma de la Ley Orgánica del Trabajo se aprobó en 1997 y se comenzó a aplicar desde enero de 1998, cuando se reunió por primera vez la Comisión Tripartita prevista en esa Ley, para discutir y acordar el primer aumento del salario mínimo por consenso: 100.000 bolívares, 182,48 dólares al tipo de cambio anual promedio de 548 bolívares por un dólar.
Justamente para ese debate, «elaboramos y publicamos el primer dato de la Canasta Alimentaria de enero de ese año: 224.350 bolívares, equivalente a 409,39 dólares. Con 2,4 salarios mínimos se podía adquirir una Canasta Alimentaria para una familia de cinco miembros. Hoy se necesitan más de 2.400 salarios mínimos«.
Capacidad de compra de la mayoría
En definitiva, la economía de 2026 no se medirá por el brillo de sus vitrinas ni por la sofisticación de sus nichos de lujo, sino por su capacidad de reconstruir la capacidad de compra de la mayoría. Mientras el bienestar siga siendo un privilegio de pocos y el plato de comida una variable de ajuste, el crecimiento del país será un espejismo sostenido sobre cimientos frágiles.
El desafío trasciende lo técnico: se trata de decidir si Venezuela consolidará un sistema de exclusión a dos velocidades o si, finalmente, se atreverá a ejecutar las reformas que transformen la supervivencia en dignidad. La moneda está en el aire, y el tiempo de las soluciones paliativas parece haberse agotado.
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