EEUU cierra su año fiscal sin un presupuesto aprobado: ¿Qué significa esto para Venezuela?

Las nuevas relaciones políticas y comerciales entre Venezuela y Estados Unidos se vienen estrechando de tal manera que las fechas económicas claves de Washington van a tener cada vez más impacto en Caracas, como ocurre con el cierre del año fiscal 2026 este 30 de septiembre y el inicio del nuevo ejercicio sin que el Congreso haya aprobado todavía las asignaciones para financiar el año fiscal 2027.

Por ahora, el gobierno federal cuenta con una resolución temporal que mantiene el financiamiento hasta el 11 de diciembre.

Son varios los frentes en los que la situación de Venezuela se cruza con las discusiones en los pasillos legislativos estadounidenses, desde el financiamiento de las labores diplomáticas hasta el eventual funcionamiento del gobierno federal si no se alcanza un acuerdo presupuestario antes de que venza la extensión temporal. Todo esto con las elecciones que definirán la composición de ambas cámaras en noviembre.

El cierre del ejercicio llega con la sombra de un cierre administrativo (shutdown). Ya ocurrió el año pasado con 43 días de paralización. Para evitar otro, se planteó una resolución continua que mantendrá el financiamiento actual hasta el 11 de diciembre.

Para ese momento, ya se conocerá el resultado de las elecciones de medio término, con lo cual el Congreso y Donald Trump estarán en una posición diferente para negociar.

La situación presupuestaria y de funcionamiento del gobierno estadounidense tiene un impacto directo en Venezuela. Por ejemplo, en el presupuesto para el año fiscal 2027, se contemplan 14,3 millones de dólares que usará la embajada estadounidense para sus funciones.

Pero más allá de un tema del manejo de ese país de sus gastos e ingresos, se encuentra la dependencia cada vez mayor de Caracas de las decisiones de Washington y la posibilidad de que una interrupción de determinadas funciones federales retrase la tramitación de nuevas autorizaciones o proceso administrativos.

Es el caso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, que controla quiénes están autorizados o qué sectores reciben licencias para operar en Venezuela.

Esto abarca desde autorizaciones generales hasta permisos muy precisos que no son de conocimiento público. Una parálisis administrativa podría afectar el flujo de estas actividades.

Como las sanciones contra Venezuela no se han levantado, cada nuevo movimiento de inversión, comercio o negociaciones debe ser revisado administrativamente y lo que viene ocurriendo desde enero es que se van emitiendo licencias o enmendando las existentes.

Además, el mismo Departamento del Tesoro controla los Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero a donde llegan los ingresos por la venta de petróleo venezolano, que para el primer semestre del año se estimaban en unos 13.000 millones de dólares, según un cálculo de Financial Times y cuyo movimiento hacia el gobierno venezolano depende de decisiones administrativas que se pueden ver paralizadas si no hay acuerdo en el congreso estadounidense.

Las complicaciones políticas internas entre el gobierno de Trump y el Congreso de su país han tenido un eco importante en Venezuela, debido a cuestionamientos que han surgido desde que se inició la movilización militar en 2025, pasando por la operación que terminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y los acuerdos energéticos que se han alcanzado desde entonces con el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

A esto hay que sumar una situación específica de ese país y es su persistente déficit fiscal que se sitúa en torno a los 1,9 billones de dólares anuales, lo que ejerce una presión directa al alza sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro, un indicador clave para Venezuela en sus negociaciones para refinanciar la deuda externa, aunque sea un proceso todavía incipiente.

El Departamento del Tesoro necesita emitir volúmenes masivos de títulos de deuda pública de manera continua. Ante una oferta tan abultada, el mercado exige mayores retornos para absorber estos papeles, lo que empuja hacia arriba las tasas de interés soberanas.

Este encarecimiento del endeudamiento genera un círculo vicioso con implicaciones globales. A nivel interno, tasas más altas disparan el costo del servicio de la deuda del propio gobierno federal, y a nivel externo drena liquidez de las economías emergentes.

Venezuela está en tratativas para retomar el financiamiento internacional y la situación presupuestaria de Estados Unidos hace peso, así como en lo que pueda ofrecer para atraer inversiones para sectores como el petrolero y el de otros recursos naturales.

El cierre del año fiscal estadounidense no representa un cambio inmediato en el funcionamiento del gobierno federal, ya que el Congreso aprobó y Donald Trump promulgó una extensión temporal del financiamiento.

Para Venezuela, sin embargo, abre una nueva etapa de negociaciones en Washington en la que estarán en juego no solo los recursos destinados a la presencia diplomática, sino también las autorizaciones de OFAC, la administración de los ingresos petroleros y las condiciones para que el país pueda recuperar el acceso al financiamiento internacional.

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