CPP generan incertidumbre a inversionistas extranjeros sobre derechos de comercialización del petróleo

De acuerdo con la firma estadounidense Cleary Gottlieb, los Contratos de Participación Productiva (CPP) representan una mejora respecto a las anteriores empresas mixtas establecidas con PDVSA, pero generan inquietudes entre los inversionistas internacionales por el amplio margen de discrecionalidad que la administración gubernamental venezolana se reserva sobre aspectos clave de los contratos.

«La mejora más significativa es que los CPP permiten al inversor privado ejercer el control operativo. El régimen fiscal también ha mejorado, pero el cambio más importante es la concesión del control operativo a la empresa privada«, indicó Richard Cooper, socio de la firma especializada en asesoramiento para transacciones financieras complejas, fusiones y adquisiciones.

Asimismo, Yulia Solomakhina, también socia de la firma, añade que Venezuela plantea con estos contratos que el inversionista firme diversos documentos complementarios con las autoridades venezolanas. Dichos documentos se acordarían al inicio del contrato y tendrían que ser reevaluados y aprobados anualmente, explicó.

Las atribuciones «excesivas» del Gobierno

«Este enfoque no resulta tranquilizador para los inversores. Da la impresión de que el gobierno quiere tener la facultad de cuestionar su plan de negocios y decidir anualmente sobre el derecho del inversor a comercializar hidrocarburos», detalló Solomakhina.

«Los inversionistas no sabrán a qué precio podrán vender el petróleo y el gas que produzcan, qué cantidades se autorizarán ni siquiera cómo funcionará el reparto de la producción o de los beneficios», añadió la analista.

En ese sentido, la representante de Cleary Gottlieb apunta que los inversionistas quieren tener la seguridad de poder comercializar hidrocarburos durante toda la vigencia de su contrato, en lugar de depender de la aprobación anual del gobierno.

«Desean que estos detalles formen parte del contrato y se acuerden de antemano. A juzgar por los borradores que hemos visto, eso aún no parece estar sucediendo», subrayó.

En cuanto al establecimiento de un mecanismo de «equilibrio económico» para protección de los inversionistas, Solomakhina explicó que en la Reforma a la Ley de Hidrocarburos existe un tope del 30% para las regalías y del 15% para el impuesto integrado a los hidrocarburos.

Los distintos tipos de proyectos estarán sujetos a tasas diferentes; por ejemplo, los proyectos brownfield (en instalaciones existentes) pagan una tasa más alta que los proyectos greenfield (nuevos proyectos).

Con esto, «si se produce un cambio legal en el régimen fiscal o en la normativa, el Gobierno intentará restablecer las condiciones económicas del proyecto para el inversor, por ejemplo, mediante una reducción de impuestos»,  explicó Yulia Solomakhina, socia de Cleary Gottlieb.

«Pero, esto dependerá de la discrecionalidad del poder ejecutivo y no está claro cómo ejercerán esta facultad discrecional. Existe preocupación de que solo los inversores predilectos puedan beneficiarse. Incluso existe el temor de que el gobierno utilice esta idea en contra del inversor, alegando la protección del interés público», refirió.

Licencias petroleras

En cuanto a las licencias que se requieren para el desarrollo de proyectos petroleros en Venezuela, Richard Cooper explicó que esta emisión de permisos afecta a un espectro de inversores más amplio que el de los estadounidenses.

«La OFAC tiene alcance extraterritorial y ha aclarado que también se espera que los inversionistas no estadounidenses cumplan con los mismos requisitos en sus operaciones relacionadas con Venezuela», dijo.

Añadió que todas las licencias generales emitidas incluyen requisitos de presentación de informes, algo que no siempre ocurre con las licencias generales de la OFAC.

«Existe una expectativa muy clara de que se presenten informes y de que el gobierno estadounidense supervise y trate de comprender cómo evoluciona la situación», comentó.

Cooper puntualizó que el gobierno estadounidense regulará las inversiones en el sector petrolero venezolano mediante licencias específicas.

«Desde la perspectiva de la política pública estadounidense, cabe preguntarse si este es el enfoque más adecuado o transparente. Es posible que futuras administraciones quieran revisar este planteamiento», reseña BNAméricas.

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