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03/08/2016 04:25 PM
| Por

Enrique González*

Cómo salir del "cerco regulatorio"

Asomaremos unas líneas gruesas respecto a sólo una parte de las correcciones de política que Venezuela requiere para rescatar y promover esquemas de incentivo en favor de la producción, la oferta, el uso eficiente de los recursos y la contratación de factores orientados fundamentalmente por la soberanía del consumidor y su poder disciplinador en los mercados.

Lo anterior constituiría un complemento a las políticas de estabilización macroeconómica, indispensables, pero que igualmente exigen de una política microeconómica, regulatoria y pública alineada con el progreso.

El marco institucional y regulatorio en países subdesarrollados[1] y especialmente en Venezuela suele ser tremendamente débil, y la Revolución Bolivariana constituye por excelencia una muestra de cómo un país puede sumirse en una situación de miscoordination.

Académicos[2] en el área regulatoria plantean que se requieren instituciones para el Buen Gobierno –Good Governance– e instrumentar mecanismos de análisis de impacto regulatorio para valorar las nuevas políticas y para revisar las vigentes.

Sin embargo, la escuela del Public Choice plantearía que si bien normativamente hablando estos son pasos que hay que realizar, la administración de la cosa pública está sujeta a captura.

Así las cosas, dar respuesta a la pregunta sobre cómo el ciudadano, como doliente final de las malas políticas públicas, atomizado y eventualmente vulnerable a problemas de miopía intertemporal que lo hace sucumbir ante promesas y políticas populistas de corto plazo; puede superar esta situación de miscoordination y/o misunderstanding.

Académicos[3] plantean que el ciudadano atomizado debe entenderse como Residual Claimants o doliente final de las malas políticas públicas para poder presionar sobre la construcción de instituciones de análisis regulatorio –Regulatory Impact Assessment, RIA-, análisis coste-beneficios de las políticas públicas-regulatorias y leyes, así como exigir el diseño de políticas de desregulación y re-regulación modernas, eficientes, basadas en incentivos.

Sin embargo, muchos podrían preguntarse, cuándo y cómo garantizar este cambio institucional disruptivo, si incluso, en Venezuela podrían existir creencias en favor de un Gobierno fuerte y regulador.

Probablemente la tragedia que ha representado la actual gestión de Gobierno constituya el cuándo y el cómo, siendo que los venezolanos parecen estar clamando cambios profundos, y tal vocación aun cuando alimentada por las circunstancias podría coadyuvar para que organizaciones de la sociedad civil promuevan la reinstitucionalización del país.

Tal reinstitucionalización significa fortalecer a las instituciones rectoras, no para dar más poder y discrecionalidad al burócrata, por el contrario para evitar vulneraciones de derechos individuales, ciudadanos, humanos y económicos, así como para garantizar que las acciones de las instancias públicas sólo encuentran justificación si tutelan efectivamente el interés público, y producto de ellas mejora la situación de bienestar social.

Así las cosas existen dos temas que deberán trabajarse desde ya, referidos al Buen Gobierno:

  1. Regímenes Regulatorios basados en Incentivos.
  2. Regímenes de Gobernanza de las Regulaciones.

Probablemente muchas de las empresas públicas, expropiadas y estatizadas deberán ser privatizadas, no solo por la contundencia del problema agente-principal en su administración que las ha condenado prácticamente a todas al fracaso y al despilfarro de recursos, sino igualmente para sanear las cuentas públicas y entregarlas a esquemas operativos, de funcionamiento o de propiedad más eficientes.

Alguna de las formas de participación privada en las empresas hoy públicas podría ser:

  1. Contratos de Administración y Leasing: La operación y administración de la empresa pública es realizada por operadores privados a lo largo de un periodo de tiempo determina. Los activos y facilidades continuarían siendo propiedad pública. En este caso el gobierno continuaría tomando las decisiones de inversión y mantendría las responsabilidades financieras. En este orden de ideas el privado operaría como una especie de Agencia del gobierno.
  2. Concesiones: En este caso una empresa privada toma el control de la empresa pública a lo largo de un periodo de tiempo, asumiendo igualmente los riesgos de inversión. Generalmente la propiedad de los activos y las facilidades suelen revertirse al Estado una vez se vence el periodo de concesión.
  3. Greenfield Projects y/o PPP: En este caso, una empresa privada o un Joint Venture del tipo Public-Private Partnership erige una nueva facilidad o infraestructura y la opera durante un periodo de tiempo específico, determinado en el contrato del proyecto. Las facilidades y/o inversiones podrían ser transferidas al sector público al finalizar el contrato.
  4. Desinversión Pública: En este caso una empresa privada adquiriría las acciones, participación o los activos y facilidades de la empresa pública por medio de un proceso de venta de activos.

Valdrá la pena ponderar adicionalmente, que la destrucción del parque industrial y del poder de compra externa del país y del salario producto de la actual gestión de Gobierno, probablemente traiga consigo un proceso de consolidación y concentración de los mercados y ciertos sectores económicos. Asimismo, algunas empresas en mano del Estado que pudieran ser privatizadas pudieran constituir agentes económicos con posición de dominio o peor aún monopolios naturales.

Siendo así las cosas se requerirá un proceso de privatización, liberación parcial sometida a un proceso de regulación gradual para evitar efectos indeseados sobre los consumidores y la sociedad venezolana por medio de la explotación o ejercicio de posiciones de dominio[4][5]. Esto exigirá instituciones regulatorias para todo el proceso que deberán gozar de solides, robustez y ser altamente técnicas. Mecanismos tanto de competencia por el mercado como una política de defensa de la competencia serán requeridas.

Obviamente que en los casos referidos a servicios públicos de red, existe todo un arsenal de opciones y esquemas regulatorios que habría que evaluar en el país, porque a diferencia del resto de los sectores como por ejemplo el manufacturero, en el primero se requiere inversiones en infraestructura y red, mientras que en el segundo muestra capacidad ociosa.

Asimismo, habrá que discutir la errada política de controles indiscriminados, incluso sobre sectores y oferentes de bienes privados de consumo privado susceptibles de regímenes de concurrencia. Lo anterior cobra especial relevancia en aquellos sectores que presentan reducidas barreras de entrada –podría analizarse e identificarse cuáles son las barreras de entrada y su nivel, muchas de orden público y regulatorias, para irlas levantando-.

Los reguladores que justifique su existencia en este proceso de restitución del mercado, la soberanía del consumidor y la normalización de los precios relativos; deberán ser escrutados exhaustivamente para que cumplan
con criterios de consistencia, transparencia, accountability, proporcionalidad y efectividad en los objetivos. Lo anterior no es mera semántica, significa un compromiso por no repetir los errores paternalistas no sostenibles.

En este orden de ideas, ciertamente el acceso a bienes y servicios, y la disponibilidad y capacidad de pago constituyen en Venezuela un tema crucial, pero mal puede garantizarse éstas vía controles de precios de corto plazo que pincen los márgenes de los productores y oferentes, comprometiendo la oferta de bienes y servicios en el mediano plazo. De hecho, este criterio cortoplacista aplicado por la actual gestión de Gobierno explica parcialmente la paralización y la desaparición de cerca del 50% del parque industrial venezolano. El poder de compra de la moneda y del salario debe tener por subyacente y fundamento, la estabilidad macroeconómica, por un lado, y la productividad del trabajo y el valor creado por el otro. Venezuela no puede continuar aplicando controles de precios generalizados como política de inclusión social, porque está visto que constituye un error –error advertido por los expertos en regulación y en políticas públicas desde hace muchos años-.

Los reguladores en materia económica deberán corregir debilidades que suelen presentarse en países en vías en desarrollo y muy especialmente en el caso venezolano los siguientes:

  1. Pocos funcionarios formados técnicamente en el área regulatoria o sectorial.
  2. Sistemas legales débiles.
  3. Sistemas de información pobres que no permiten analizar ni tomar decisiones acertadas.
  4. Corrupción, opacidad en la toma de decisiones, doctrina violatoria del deber ser en materia regulatoria, discrecionalidad, etc.
  5. Captura del regulador, especialmente por grupos políticos hegemónicos de interés.

Esta discusión y diseño de políticas públicas e instituciones regulatorias debe ser iniciada y discutida de inmediato.

*Economista UCV. Master in Regulation and Market Regulation, BGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Postgraduate Dilpoma in Economics for Competition Law, Kings College London.

[1] ROBINSON Colin: Regulating Utilities and Promoting Competition. Editor Edward Elgar.2006. Capítulo 9: Privatization and Regulation in Developing Countries. David Parker y Colin Kirkpatrick.
[2] ROBINSON Colin: Regulating Utilities and Promoting Competition. Editor Edward Elgar.2006. Capítulo 9: Privatization and Regulation in Developing Countries. David Parker y Colin Kirkpatrick.
[3] El profesor Germa Bel de la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra suele destacar que se requiere hacer doliente último al ciudadano para que apoye cambios disruptivos en el marco institucional que permitan blindar a la sociedad contra la captura de la administración de la administración pública.
[4] ROBINSON Colin: Regulating Utilities and Promoting Competition. Editor Edward Elgar.2006. Capítulo 9: Privatization and Regulation in Developing Countries. David Parker y Colin Kirkpatrick.
[5] SHEPHERD William y SHEPHERD Joanna: The Economics of Industrial Organization. Waveland Press, Inc. 2004.

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