Aumenta expectativa sobre posible decisión de la CPI sobre investigación al gobierno venezolano

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Aumenta expectativa sobre posible decisión de la CPI sobre investigación al gobierno venezolano



En las últimas horas la Corte Penal Internacional (CPI) se ha convertido en el centro de atención, debido a que se espera que esta semana la instancia informe si se abrirá o no una investigación contra funcionarios del Gobierno por presuntos delitos de lesa humanidad.

La especialista en Derecho Internacional Público, Lisset Romay, explica que la CPI se puede considerar como un tribunal de última instancia para resolver casos de crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y lesa humanidad y aunque es una institución vinculada a las Naciones Unidas, no pertenece ni depende de los Estados partes.

Esta institución hace una lucha global contra la impunidad, se encarga de investigar y enjuiciar a individuos acusados de los más graves crímenes, además de prevenir que dichos crímenes se cometan nuevamente, con fiscales independientes, por lo que los derechos de los acusados son garantizados.

La CPI se encarga de investigar delitos de genocidio, caracterizado por el intento de destruir parcial o totalmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, asesinando a sus miembros; crímenes de guerra, que incluyen el uso de niños soldado, asesinato o tortura de civiles en contexto de conflicto armado, el uso de la fuerza armada de un Estado contra la soberanía; crímenes de lesa humanidad, serias violaciones cometidas como parte de un ataque a larga escala contra poblaciones civiles, y crímenes de agresión.

Para que la CPI lleve a cabo un juicio a presuntos criminales, los individuos deben haber nacido en los Estados Partes, o naciones que acepten su jurisdicción, y depende de la cooperación de países en todo el mundo para materializar arrestos, transferir a las personas aprehendidas a su centro de detención y congelar bienes de los sospechosos reseña la Voz de América.

Romay, también profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad del Zulia, señala que la CPI no ha aceptado las exigencias de algunos países, de que limite su jurisdicción modificando su estatuto.

«También, se concede al Consejo de Seguridad la facultad de que, mediante resolución, se le pida a la Corte Penal Internacional que suspenda por un plazo máximo de 12 meses una investigación o enjuiciamiento. Ya ha sido utilizada (esa opción) de manera abusiva», manifestó.

La CPI está conformada por 18 magistrados que son elegidos por la Asamblea de los Estados Partes, por calificaciones, imparcialidad e integridad, los cuales solo pueden servir 9 años, periodo no renovable. Además, la institución tiene otros dos órganos claves para su funcionamiento, la Oficina del Fiscal, que examina las situaciones donde crímenes graves pueden haber cometido y de adelantar investigaciones contra los individuos presuntamente responsables y su Secretaría que brinda apoyo judicial y administrativo.

La CPI ha administrado justicia en 30 casos en 19 años, sus jueces han emitido 35 órdenes de arresto y, gracias a la cooperación de los Estados, 17 acusados han sido detenidos en su centro para esos fines, 13 personas se mantienen prófugas y sus fiscales han abandonado tres cargos por fallecimiento.

Cada caso paso por varias fases, primero una evaluación preliminar, luego las investigaciones, entonces la etapa de prejuicio y finalmente el juicio. Luego se realizan  las apelaciones y el cumplimiento de las sentencias que se deriven de los fallos de los jueces.

En este momento las acusaciones contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y otros funcionarios del Gobierno se encuentra en la primera fase, evaluaciones preliminares, en la que se evalúa si existe suficiente evidencia de crímenes de gravedad. Además se precisa si abrir una investigación «servirá a los intereses de la justicia y de las víctimas», indica su página web.

CPI sobre Venezuela

Venezuela está a la expectativa del anuncio de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, si inicia o no una investigación por los presuntos delitos de lesa humanidad que autoridades venezolanas presuntamente han cometido en los últimos años, ya que la fiscal se retira de su cargo este martes, para ser reemplazada por el británico británico Karim Khan.

Venezuela forma parte de los fundadores del juzgado internacional, por lo que está sometida a su jurisdicción y debe obedecer sus decisiones.

Actualmente la CPI esta evaluando un par de denuncias que recibió entre 2017 y 2018, relacionadas con el país. La primera fue presentada por Luisa Ortega, fiscal general en el exilio, quien acusó al presidente Maduro y otros funcionarios de estar implicados en delitos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas, reseña Crónica Uno.

Según el Estatuto, los delitos presentados por Ortega Díaz son «crímenes de lesa humanidad».

Posteriormente, Argentina, que se retiró el mes pasado, Colombia, Chile, Canadá, Paraguay y Perú, presentaron una demanda con un informe de una comisión de expertos convocada por la OEA, en la que señalan que en la administración de Maduro, se han estado produciendo delitos de lesa humanidad.


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