Análisis | La recesión por el COVID-19 y las anteriores

// Michael J. Boskin / Project Syndicate

Análisis | La recesión por el COVID-19 y las anteriores



Parece que en la mayoría de los países, la histórica recesión causada por la COVID‑19 comienza a retroceder. Pero si los pronósticos oficiales y privados son correctos, en la mayoría de las economías los máximos de desempeño anteriores no se recuperarán hasta fines de 2022. Mucho dependerá no sólo de la evolución de la pandemia y del empleo eficaz de vacunas y terapias, sino también de las políticas monetarias, fiscales, comerciales y regulatorias que se apliquen. Por eso funcionarios y comentaristas están buscando una respuesta eficaz en el análisis de episodios anteriores.

En cuanto a las causas inmediatas, ninguna recesión es igual a otra. Varias recesiones de la posguerra en Estados Unidos se produjeron después de un endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal para controlar un aumento de inflación. Las profundas recesiones de 1973‑75 y 1981‑82 siguieron a grandes shocks petroleros (cuando había una mayor dependencia de la importación de energía que en la actualidad). Y la recesión de 2001 vino después del estallido de la burbuja de las puntocom.

La causa de la Gran Recesión estadounidense de 2008‑09, en cambio, fue una crisis derivada del excesivo apalancamiento de las instituciones financieras. Estados Unidos había aplicado una serie de ingenierías sociales para dar acceso al préstamo hipotecario a personas que tradicionalmente no hubieran reunido los requisitos para ello; esto causó un aumento insostenible de los precios de la vivienda y de los coeficientes de endeudamiento. La posterior caída de precios inmobiliarios y el súbito aumento de ejecuciones hipotecarias y del desempleo afectaron la demanda agregada, y eso dio lugar a la tercera gran recesión de la posguerra.

Finalmente, la recesión de la COVID siguió a las inéditas medidas de confinamiento que paralizaron todas las actividades económicas «no esenciales» de carácter presencial. Lo que comenzó como un inmenso shock del lado de la oferta se transformó enseguida en un déficit de demanda, por el veloz aumento del desempleo, los altos niveles de incertidumbre en relación con las perspectivas de recuperación, la virtualización del comercio y el incremento del ahorro personal.

Es común que después de una recesión profunda venga una recuperación rápida, de lo que sirven de ejemplo los años de crecimiento anual del PIB superior al 4% en los setenta y ochenta. Del mismo modo, las recesiones moderadas (como la de 1990‑91) suelen dar paso a recuperaciones relativamente más lentas. El Premio Nobel de Economía Milton Friedman, en su «modelo del rebote», compara este fenómeno con pulsar la cuerda de un violín: cuanto más se la deprima, más rápido rebotará.

Pero tras la Gran Recesión posterior a 2008 vinieron ocho años de crecimiento anual a media máquina (2%). Una recuperación tan intensa como las que siguieron a recesiones profundas anteriores hubiera salvado, en el transcurso de cuatro años, el equivalente a alrededor de 20 millones de puestos de trabajo a tiempo completo por un año. Este mal desempeño admite muchas explicaciones. Una es que el intento gubernamental de rediseño económico a gran escala con el Obamacare y las regulaciones bancarias y energéticas provocó mucha incertidumbre y desalentó la contratación y la inversión; otra es que las medidas oficiales debilitaron el incentivo a trabajar.

La Gran Recesión fue el inicio de una serie de programas monetarios y fiscales para estimular la economía. La Fed tuvo espacio de sobra para bajar la meta de tipo de interés de 5% a cero y dejarla allí por siete años, mientras instrumentaba rescates, medidas de apoyo al mercado, líneas de intercambio de divisas y compras de activos por unos tres billones de dólares en la forma de títulos del Tesoro y valores con garantía hipotecaria. Pero entró en juego la ley de rendimientos decrecientes. Sumar otro billón de dólares a un excedente de reservas que no se prestan y por las que la Fed paga intereses es poca ayuda para la economía.

En 2007, el cociente deuda/PIB de los Estados Unidos era 35%. Después de la crisis financiera, se aplicaron medidas fiscales que incluyeron el paquete de estímulo por más de 800 000 millones de dólares de 2009, una ley de 2010 por un monto similar sobre rebaja impositiva y prestaciones de desempleo, y otras medidas, entre ellas un programa de tres mil millones de dólares para subsidiar la renovación del parque automotor. En 2013, el cociente deuda/PIB había crecido a más del doble, hasta el 72%. Al final, incluso tras descontar los efectos del ciclo económico, el gobierno de Obama tuvo el mayor déficit fiscal desde la Segunda Guerra Mundial (aunque ahora la administración Trump superó el récord).

Después de 2008 los keynesianos siempre esperaron una recuperación mucho mayor a la que obtuvieron (de hecho, los economistas de la administración Obama usaban multiplicadores del gasto tres veces mayores a las estimaciones académicas actuales). Para ser justos hay que decir que en medio de la crisis la incertidumbre era grande. Aun así, muchas de las medidas implementadas no cumplieron lo que prometían. Uno de los mayores errores fue que el presidente Barack Obama no adoptara las sensatas recomendaciones de reducir el déficit que le hizo la Comisión Simpson‑Bowles, creada por su propio gobierno.

Antes de la COVID‑19, el desempleo se hallaba en un mínimo histórico, la inflación estaba controlada, y la carga de deuda de los hogares en relación con el PIB era mucho menor que antes de la Gran Recesión. La deuda corporativa era elevada, pero sus pagos todavía eran manejables. La Fed tenía menos margen para bajar las tasas, y su balance se había inflado a unos cuatro billones de dólares. Con el presidente Donald Trump, los niveles de deuda y déficit del gobierno federal seguían siendo inmensos en comparación con cualquier período próspero en tiempos de paz.

En respuesta a la pandemia, la Fed bajó enseguida la tasa a cero, instrumentó medidas de apoyo a varios mercados y aumentó su balance a más de siete billones de dólares, abandonando su tradicional postura gradualista. Las medidas fiscales aprobadas por el Congreso para ayudar a las empresas y familias ya suman varios billones de dólares. Y Trump acaba de decretar una postergación de aportes patronales y otras transferencias a los hogares. Diversas incertidumbres incluyen la posibilidad de que el año entrante los demócratas controlen el ejecutivo y el Congreso e implementen una importante expansión impositiva, fiscal y regulatoria.

Como la recuperación tras la Gran Recesión de 2008 fue tan lenta, a pesar del fuerte rebote de las bolsas, a inicios de este año pocos pensaban en ella como modelo para la respuesta a otra recesión importante. A la larga, al buscar enseñanzas para el momento actual se tiende a recordar las diferencias en los índices de crecimiento económico y la obtención de expansiones largas y duraderas.

En la recesión post‑COVID, las condiciones económicas están demasiado ligadas a la trayectoria de la pandemia para que sea posible predecir a ciencia cierta el curso de la recuperación. La caída de la producción y del empleo fue mucho mayor y más rápida que en la Gran Recesión, y la recuperación inicial en forma de V parece estar desacelerándose, y es probable que siga a un ritmo más moderado. Los efectos probables a largo plazo incluyen una inmensa pérdida de pequeñas empresas y capital humano (por el desempleo y la virtualización de la enseñanza); una adopción más permanente del teletrabajo; la aceleración de la transformación digital; y una mayor concentración y disminución de la competencia en algunos sectores.

Las enseñanzas tentativas de la investigación académica sugieren que las autoridades deberían postergar la adopción de nuevas regulaciones hasta que la economía se recupere, centrar futuras medidas fiscales en la rebaja impositiva e implementar un plan de consolidación fiscal creíble cuando las condiciones lo permitan, para que la próxima gran crisis no nos encuentre peor posicionados.

*El autor es profesor de economía en la Universidad de Stanford y miembro principal de la Hoover Institution. Fue presidente del Consejo de Asesores Económicos de George H.W. Bush, de 1989 a 1993, y encabezó la llamada Comisión Boskin, un organismo asesor del Congreso que destacó errores en las estimaciones oficiales de inflación de Estados Unidos.

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