Un juez estadounidense autorizó a la minera canadiense Crystallex a embargar las acciones de Citgo, la subsidiaria de Pdvsa en ese país, para cobrar una indeminización por $1.400 millones otorgada en un proceso de arbitraje por la expropiación de sus activos en Venezuela.

Leonard P. Stark, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Wilmington, Delaware, emitió el fallo este jueves, informó el diario Wall Street Journal citando el documento de la decisión. Sin embargo, su opinión completa, que podría incluir condiciones o imponer más obstáculos legales, quedó en calidad de confidencial.

La decisión podría desencadenar una ola de reclamos por parte de acreedores de Venezuela tanto en casos de expropiación como de impago de bonos y es la primera en su tipo que logra una empresa contra el país. Incluso la petrolera Conoco y la minera Rusoro están intentando acciones similares en tribunales estadounidenses.

“Esto pudiera acelerar acciones de otros deudores contra Venezuela.  El sentimiento será algo así: quien  se tarde en llegar a cobrarle a Venezuela, no va a conseguir nada”, afirmó el economista Luis Oliveros en Twitter y añadió que Citgo es el principal comprador de petróleo de Pdvsa en EEUU.

Señala WSJ que Crystallex había argumentado Pdvsa es un “alter ego” de Venezuela y por tanto responsable de las deudas del país. La decisión del juez a favor de Crystallex le permite tomar el control de las acciones de la compañía matriz de Citgo basada en los EEUU, el primer paso hacia la venta de la compañía.

Cualquier venta de las acciones de Citgo requerirá la aprobación del Departamento del Tesoro de EEUU y Crystallex tiene que eliminar otros obstáculos legales antes de poder vender las acciones. La decisión del juez puede ser apelada por Pdvsa.

Citgo es el activo en territorio extranjero más valioso de Pdvsa y es la garantía de una deuda con la petrolera rusa Rosneft y de los bonos 2020 de la petrolera venezolana, los únicos con un colateral.

Crystallex fue expropiada por el gobierno de Hugo Chávez en 2008. La empresa inició un proceso arbitral que ganó en 2016 y le dio el derecho a cobrar $1.400 millones de indemnización. A principios de 2018 se habló de un acuerdo de pago, pero Venezuela no cumplió y la compañía emprendió las acciones judiciales.

“Empezamos a perder los activos en el exterior debido a un gobierno irresponsable”, dijo en Twitter el diputado Ángel Alvarado, integrante de la comisión permanente de Economía y Finanzas de la opositora Asamblea Nacional.

El diputado agregó que “el efecto de esta decisión es peor a la pérdida del control de refinería Islas (Curazao), ya que afectaría seriamente la importación de diluyentes desde EEUU”, necesarios para procesar el crudo de la Faja.

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