Informe Especial | Impuesto al Patrimonio: decisión inoportuna para una economía en crisis

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Informe Especial | Impuesto al Patrimonio: decisión inoportuna para una economía en crisis

Durante el debate general de la Ley que crea el Impuesto a los Grandes Patrimonios en la Asamblea Nacional Constituyente quedó claro que la agenda impositiva de este órgano legislativo no se queda en este tributo, sino que se plantea, por ejemplo, reformar la norma del Impuesto al Valor Agregado para reducir su alícuota y hacer una revisión completa del sistema tributario para hacerlo “más justo y menos regresivo”.

Esta situación introduce un grave riesgo para la sostenibilidad de los negocios en Venezuela, porque una norma básica de política económica es no incrementar la presión tributaria sobre los agentes económicos en tiempos de depresión y, de paso, con hiperinflación. No es posible incrementar los impuestos en una economía que va en vías de contraerse 33,8% al cierre de este año, según nuestra proyección más reciente.

Hemos observado cómo la tributación interna ha venido cayendo, incluso en términos nominales. El Seniat reportó una contribución de 681.000 millones de bolívares por concepto de Impuesto sobre la Renta en el primer semestre de 2019, cuando en el mismo período de 2018 la tributación por este impuesto fue de 25 billones de bolívares.

Estos datos dejan al descubierto cuánto ha mermado la capacidad contributiva de las personas naturales y empresas en el país, por lo que significa un riesgo enorme gravar la propiedad, prácticamente sin límite alguno, de activos que, con una estrategia adecuada de recuperación económica integral, podrían generar una contribución extraordinariamente superior.

Consideramos que una aplicación excesivamente rígida de este tributo y, además, si se adopta el mecanismo de anticipos que rige para el ISLR y el IVA, coloca a los empresarios y gerentes ante una situación de extrema gravedad, porque muchas empresas no podrán cumplir este compromiso adicional, y como la norma –que aún no aparece publicada en Gaceta Oficial- establece el mecanismo de “pago ejecutivo”, la posibilidad de ser objeto de un embargo de activos se incrementa sustancialmente.

En el Informe Privado  producido por Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana ofrecemos un análisis sobre las implicaciones de este Impuesto a los Grandes Patrimonios, una medida adoptada por la ANC en medio de la mayor crisis económica de la historia contemporánea. ¿Es este el mejor camino para enfrentar el déficit fiscal?

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