Impuesto a los grandes patrimonios comprometería más el flujo de caja de las empresas

// Ligia Perdomo @LigiaPerdomo

Impuesto a los grandes patrimonios comprometería más el flujo de caja de las empresas



La aprobación de un nuevo impuesto que peche a los grandes patrimonios colocaría a la empresa privada en una situación aún más complicada para mantener operaciones en un entorno hiperinflacionario y de caída del consumo derivado del empobrecimiento de la población.

Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, advierte que el gobierno no está viendo más allá del día a día y obvia las consecuencias a largo plazo de las medidas que está tomando en materia tributaria de manera desesperada ante el desplome de los ingresos petroleros.

El país atraviesa por una depresión económica que ha costado más de 50% del PIB en los últimos cinco años y el aparato productivo trabaja en promedio a menos de 30% de su capacidad, por lo que aprobar más impuestos no resolverá el problema de déficit fiscal que el gobierno ha venido financiando con hiperinflación al inyectar desmedidamente dinero electrónico a la economía.

No hay antecedentes en Venezuela de un impuesto a los grandes patrimonios, dice José Javier García, socio de la línea de servicios de asesoría fiscal de Price Waterhouse Cooper Venezuela (PwC). Recuerda que lo más parecido que funcionó en el país fue el Impuesto a los Activos Empresariales que se aplicó por un tema de devaluación en 1993 y se mantuvo por algunos años con una alícuota de 1%, al que se le rebajaba el Impuesto sobre la Renta.

Tras la instalación de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en agosto de 2017, el Ejecutivo Nacional presentó un paquete de leyes económicas entre las que se encontraba el decreto de impuesto a los grandes patrimonios que a la fecha no ha sido aprobado.

Durante su discurso ante la ANC el 14 de enero en ocasión de presentar la Memoria y Cuenta 2018, el presidente Nicolás Maduro pidió acelerar el decreto-ley de impuestos a los grandes patrimonios “que son precisamente los que imponen y presionan el dólar criminal que es el instrumento central, casi único que les va quedando para dañar la economía real, el mercado verdadero”, dijo.

Aunque se desconoce en los términos que será aprobado, desde ya se puede anticipar su impacto tanto en las empresas como en el consumidor final.

El tributo se aplica en España, Francia, Uruguay y Argentina con tasas de 0,2% hasta 2,5% (caso de España). En Europa se ha impuesto a personas naturales.

«Se trata de un tributo ya en desuso para las empresas porque lo que se tiene en patrimonio es producto de las ganancias en ejecución de actividades que se declaran en el Impuesto sobre la Renta», dice García en conversación con Banca y Negocios.

Añade precisamente que una de las críticas que se hace a este impuesto, que se aplica por períodos limitados porque es una forma expedita del Estado para obtener recursos, es la doble tributación.

Su aplicación no incentiva el consumo, dice García, quien indica que no hay estímulo al empresario a reinvertir porque sabe que lo van a gravar, caso en el cual prefiere distribuir las ganancias como dividendo entre los accionistas.

Sin embargo, Olalquiaga aclara que en el caso venezolano no hay inversión. «Los ingresos se destinan a compra de materia prima, mantenimiento de infraestructura y compra de nuevos equipos, y este último no estuvo presente en los resultados de la Encuesta de Coyuntura Industrial del tercer trimestre de 2018», acotó.

Detalló que 35% de las empresas consultadas hizo mantenimiento de equipos, 60% solo está reponiendo materia prima y hay quienes solo pagan la nómina, lo que evidencia un acelerado deterioro del parque industrial, señala.

Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, sostiene que en Venezuela ya no quedan grandes patrimonio:


Las empresas ya están sometidas a fuertes presiones para cumplir con las modificaciones introducidas en materia tributaria desde septiembre de 2018, indica el presidente del gremio industrial.

El resultado al cierre de 2018 es que 1.000 industrias bajaron la santamaría ante las adversas condiciones económicas.

Para Olalquiaga la solución a los problemas no se logrará vía aumento de impuestos. «En este momento las empresas están pasando por un comienzo de año difícil, porque el comercio no ha abierto sus puertas en gran medida por las expectativas sobre los hechos políticos derivados del 10 de enero. La incertidimbre asusta al comercio, por lo que esperan el 23 (fecha convocatoria a una gran movilización de venezolanos por el restablecimiento de la democracia) o culmine enero. Hay mucho comercio errado aún y en consecuencia se dificulta la posibilidad de distribuir productos de la industria», dice.

El PIB cerró 2018 en 100.000 millones de dólares, según cifras de la que dispone, es decir casi un tercio menos que los 280.000 millones de 2017 y el nivel de empobrecimiento de la población se refleja en menos ventas.

A esto hay que sumar que todas las empresas se encuentran en una posición financiera débil. Las restricciones impuestas a través del aumento del encaje legal a la banca, dificulta el acceso al crédito para capital de trabajo y las modificaciones fiscales (incremento de alícuotas y frecuencia de pago) han colocado a las compañías en una apremiante situación fiscal.

Hay un proceso de descapitalización, señala Olalquiaga. Se duplicó la alícuota del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) y «el Impuesto sobre la Renta se convirtió en un impuesto a las ventas, al tener que calcularse sobre ventas y no sobre renta y enterarse semanalmente».

Además, se elevó la del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 12 a 16% y también debe pagarse de manera semanal por las ventas del período y anticipar las de la semana siguiente.  Hay pérdida de capital, dice el dirigente industrial, quien señala que ya es grave la situación fiscal de las empresas como para exigir un nuevo impuesto.

Sería una bocanada de aire para el día día, pero sin observar lo que dejará en el camino más adelante. Para obtener recursos hoy, sacrifica al contribuyente de mañana, analiza Olalquiaga.

«Desde el punto de vista de caja y operativo el impuesto a los grandes patrimonio generarán costos que habrá que trasladar al consumidor, una vuelta más al empobrecimiento de la población», puntualizó.

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