Fedecámaras rechaza amenazas de la gobernación al gremio en Zulia

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Fedecámaras rechaza amenazas de la gobernación al gremio en Zulia



Fedecámaras rechaza las amenazas de prisión contra el presidente de Fedecámaras Zulia, Franco Cafoncelli, por parte del alcalde de Maracaibo, Willy Casanova y del secretario de la gobernación del estado Zulia, Lisandro Cabello, por supuestamente “promover el impago” de los impuestos correspondientes a la nueva Ordenanza Municipal de las actividades económicas comerciales, industriales y de servicios en Maracaibo.

El gremio empresarial está en la obligación de alertar y/o denunciar toda medida que ponga en peligro la sostenibilidad empresarial, el desarrollo y la diversificación de la economía nacional, estatal y municipal, basado en el «sistema de la empresa privada y de la libre iniciativa, dentro de un orden jurídico que proclame, garantice y respete los derechos fundamentales del hombre y la propiedad privada», conforme a lo previsto en los estatutos de Fedecámaras, señala la cúpula empresarial en un comunicado.

Al emitir sus consideraciones sobre el impacto de la medida planteada sobre el sector empresarial, los líderes gremiales no han realizado llamados al incumplimiento o desacato de las leyes u obligaciones vigentes.

«Rechazamos el amedrentamiento por parte de las autoridades regionales a los líderes gremiales y empresarios zulianos, quienes a pesar de la grave situación económica que vive el país, siguen haciendo sus mayores esfuerzos por mantener sus puertas abiertas, generando y produciendo los bienes y servicios que requiere la población», indican.

Sostienen que la estabilidad económica no se consigue a través de amenazas, cierres o expropiaciones, que son las que mantienen en jaque al tejido empresarial del país.

Venezuela necesita un marco regulatorio y medidas consensuadas que generen la confianza necesaria, reglas claras y bases sólidas para atraer inversiones nacionales e internacionales que garanticen la promoción e impulso de la producción nacional, y así, evitar un mayor deterioro de la economía, del sector empresarial y del bienestar de las familias venezolanas, concluye el gremio.

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