En febrero se reportaron 57 protestas diarias en Venezuela para un total de 1.600

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En febrero se reportaron 57 protestas diarias en Venezuela para un total de 1.600

1.600 protestas marcaron la conflictividad en Venezuela durante febrero de 2019, un alza de 260% en comparación con igual período del año pasado, reportó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS.

Este resultado se traduce en un promedio de 57 diarias, en las que las exigencias de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) concentraron 59% de las protestas.

Los estados andinos, cercanos a la frontera con Colombia, agruparon 26% de los reclamos documentados en febrero, con 411 casos, siendo Mérida la entidad que lideró el índice en todo el país.

Los cinco estados con mayores registros fueron Mérida (158), Táchira (134), Carabobo (130), Miranda (121) y Trujillo (119).

De las 1.600 protestas documentadas el mes pasado, 198 fueron combinadas, es decir, se exigieron distintos derechos al mismo tiempo. En términos porcentuales estas protestas representaron el 12% del total registrado.

Las características de estas protestas en el segundo mes de 2019 en las que las modalidades más comunes fueron cierres de calle, concentraciones y marchas, son movilizaciones en todo el país, más allá de las capitales de los estados, asistencia masiva a las manifestaciones organizadas a favor del ingreso de la ayuda humanitaria,  siete muertos y más de 300 heridos por la represión a las movilizaciones a favor del ingreso de la ayuda humanitaria, represión a través de cuerpos de seguridad del Estado y civiles armados pro gobierno (clectivos paramilitares), respaldo popular al presidente (E) Juan Guaidó, en movilizaciones convocadas por la oposición, logrando congregar a diversos actores sociales y políticos.

En febrero, los trabajadores del sector educación lideraron protestas por salarios dignos.

– Participación política –

Entre los derechos más exigidos en el mes está el de participación política. Este año se ha caracterizado por el resurgimiento de las protestas políticas, tras un 2018 en el que las protestas sociales marcaron la pauta. Desde que Juan Guaidó asumió la presidencia interina de la República ha reactivado la lucha ciudadana en la defensa de derechos y rescate de la democracia.

En febrero se registraron 531 acciones de calle, que involucraron la participación activa de los venezolanos en todo el país, exigiendo una salida pacífica a la crisis política.

El descontento popular hacia el régimen de Nicolás Maduro va en aumento, los ciudadanos lo responsabilizan como el principal causante de la emergencia humanitaria que atraviesa el país y de los problemas que afectan a la población, como fallas en los servicios básicos, escasez de alimentos y medicinas, la corrupción e impunidad, la ruptura del orden democrático y la violación sistemática de derechos humanos.

Esta situación de inestabilidad conduce a nuevos escenarios de conflictos, que afectan aún más la deteriorada calidad de vida de los venezolanos. La represión, el enfrentamiento, la división y control social forman parte de la fórmula adoptada por Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. Pese a ello, los ciudadanos siguen en las calles en demanda de soluciones a sus reclamos y sobre todo exigiendo un cambio en el sistema político venezolano.

Más de la mitad de las protestas populares registradas en febrero fueron para exigir Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca). Del total registrado, 893 protestas fueron para respaldar ayuda humanitaria y exigir derechos laborales y servicios básicos.

Los venezolanos, sumidos en una profunda crisis económica y social, aguardaban con esperanzas el acceso de la ayuda humanitaria, como paliativo ante la imposibilidad de acceder a medicinas y alimentos. El OVCS registró una participación masiva y contundente en las calles de todos los estados de Venezuela, para un total de 464 protestas, protagonizadas principalmente por vecinos.

La exigencia de ayuda humanitaria no solo encabezó la lista de protestas Desca, sino también la mayor represión registrada en febrero.

Aunque reprimieron en 12 estados del país, la actuación más violenta fue en las poblaciones fronterizas de los estados Táchira y Bolívar.

En la zona fronteriza con Colombia asistió la mayor cantidad de personas en apoyo al ingreso de la ayuda humanitaria para Venezuela. A pesar de la asistencia masiva de personas, funcionarios y partidarios del régimen de Maduro bloquearon los accesos e incendiaron camiones que intentaban pasar medicinas y suplementos alimenticios a territorio venezolano, y reprimieron a los manifestantes en diversos puntos de la frontera.

En Táchira se reportaron numerosos heridos de bala y asfixiados por sustancias toxicas y lesionados por tratos crueles, humanos o degradantes. Estas acciones fueron ejecutadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), colectivos paramilitares y grupos irregulares que impunemente hacen vida en esta zona de la frontera.

En la zona fronteriza con Brasil la represión fue mucho más letal. Se contabilizaron siete personas asesinadas, entre ellos cuatro indígenas pemones.

– No cesan sus reclamos – 

Los trabajadores no han cesado en defensa de sus derechos laborales. En febrero realizaron 294 protestas para exigir el respeto a las contrataciones colectivas, protección del salario y del empleo.

Los trabajadores del sector educación lideraron los reclamos con 259 acciones de protestas, exigiendo el respeto a la carrera docente y un sueldo digno.

La pérdida del poder adquisitivo del salario frente al escenario hiperinflacionario del país es el principal problema que afecta la fuerza laboral venezolana, al no poder satisfacer sus necesidades ni las de su grupo familiar.

Los ajustes salariales no han servido para mejorar sus condiciones, por el contrario, aleja cada vez más a los trabajadores de la posibilidad de acceder a bienes y servicios en una economía que ahora se rige por un tipo de cambio oficial (3.298,32 bolívares por cada dólar al 28 de febrero de 2019) que reduce al salario mínimo a menos de 10 dólares.

El colapso de los servicios no se detiene. A diario los venezolanos protestan por falta de gas doméstico, agua potable y electricidad. Los reclamos se tradujeron en 135 protestas el mes pasado.

El escaso o nulo acceso a los servicios público incide de manera directa en los distintos sectores: educativo, hospitalario, recreativos, comerciales, industriales y agrícola.

Con preocupación el OVCS alerta que la falta de servicios públicos de calidad afecta directamente la salud de los ciudadanos, quienes ven limitadas sus condiciones sanitarias y son expuestos a múltiples focos de contaminación.

El organismo advierte que el principal problema que enfrentan los venezolanos es la ausencia de democracia. Mientras no se realicen cambios en el sistema de gobierno, Venezuela continuará sumergida en la Emergencia Humanitaria Compleja que se agudiza con el pasar de los días, señala.

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