EEUU buscará terminar con las «alianzas europeas» que le quedan a Maduro

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EEUU buscará terminar con las «alianzas europeas» que le quedan a Maduro



Europa parece el flanco más débil en la estrategia de cerco contra el gobierno de Nicolás Maduro que lleva adelante Estados Unidos, porque, aunque la mayoría de las naciones del viejo continente ha repudiado la legitimidad del gobierno que tiene el control del país, e incluso ha reconocido al Ejecutivo encargado designado por la Asamblea Nacional, las sanciones aplicadas son todavía individuales y poco eficaces; además hay indicios de que la administración chavista tiene aliados institucionales en algunos países al otro lado del Atlántico.

Según una nota de Bloomberg, el Banco de España, el ente emisor del país ibérico, acepta procesar pagos o recibir dinero a cuenta de la administración de Maduro. La agencia indica que el Banco Central de Venezuela indica a contratistas foráneos que la entidad monetaria hispana es una opción para manejar recursos.

Sin embargo, una declaración del Banco de España a la agencia estadounidense indica que la cuenta del gobierno de Venezuela es utilizada «para pagar gastos operativos propios de la relación diplomática que se mantiene entre ambos países y para envíos de recursos por parte de organizaciones internacionales que no puede utilizar a entidades estadounidenses». Además, «el balance de la cuenta es relativamente pequeño y no ha registrado una variación significativa el año pasado».

Este fin de semana, el enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams, anunció un viaje a Bruselas para hablar con las autoridades europeas sobre la situación del país, y la necesidad de que la Unión Europea adopte sanciones contra el gobierno madurista de una forma amplia, como paso necesario para acelerar un cambio político en Venezuela.

España es un buen ejemplo de la política europea sobre Venezuela, que es, en esencia, la misma que históricamente se ha seguido contra Cuba: mucho rechazo en el discurso, pero poca presión en la práctica. El gobierno de Pedro Sánchez reconoce a Juan Guaidó como presidente interino, y no como una herencia de la anterior gestión de Mariano Rajoy, sino como una decisión de la propia ejecutiva socialista; no obstante, ahora aparece la noticia de que el banco central de ese país hace negocios con recursos acreditados al gobierno de Maduro.

– La estrategia del camaleón –

Fuentes políticas de oposición señalan que la situación con algunos países europeos se ha discutido ampliamente, porque hay diferencias. La UE es partidaria de asumir la negociación como única vía para resolver el conflicto en Venezuela y ha exigido a Guaidó que se comprometa más con la iniciativa de Noruega, por ahora paralizada.

Para la mayoría de la AN es importante la gestión de Abrams para ver si se acercan posiciones y se arrecia la presión internacional.

En España, la situación es compleja, porque está la influencia de Podemos que, de acuerdo con las fuentes consultadas, es la organización que presiona una política de tolerancia frente a Maduro.

Ante la propia realidad política española, una monarquía parlamentaria con una creciente inestabilidad política y acosada por conflictos políticos y secesionistas, Venezuela parece ser un tema incómodo, por lo que la administración socialista de Pedro Sánchez, ahora con mayoría parlamentaria, pero sin suficientes votos para formar gobierno, prefiere no resolver el tema a fondo.

Esto permite que operen dos «embajadores» reconocidos o que Repsol, por un lado suspenda los envíos de gasolina, pero siga vendiendo diesel a Pdvsa, como anota Bloomberg.

Las fuentes de partidos opositores consultadas por Banca y Negocios afirman tener pleno conocimiento de que no solo el Banco de España, sino otros bancos de países europeos siguen apoyando movimientos financieros de la administración Maduro, incluso relacionados con el tráfico de oro, en conexiones con entidades turcas y rusas, y de lo que se trata es de terminar de quebrar esas ramificaciones financieras.

El gobierno de Maduro tiene un flujo de euros para girar que se estima entre 10 y 15 millones mensuales, lo que no permite resolver demasiados problemas, pero sirve para que el gobierno, ya paralizado en un alto porcentaje, no termine de evidenciar una situación de colapso.

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