Asamblea Nacional declara ilegal la creación del petro

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La Asamblea Nacional (parlamento) declaró ilegal la creación del petro, criptoactivo lanzado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, por considerar que viola la Constitución al comprometer reservas petroleras y no solicitar su aprobación ante la instancia legislativa.

En un acuerdo aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria de este martes, los parlamentarios declararon nulo «el decreto que crea el petro por ser violatorio de la Constitución y las leyes». En el documento se alerta a los «potenciales los inversionistas y actores del mercado de la ilegalidad del petro y cualquier otro activo que tenga como respaldo las reservas del país».

Entre los considerandos de la acuerdo se señaló que con la emisión del petro, «el gobierno procura obtener financiamiento de forma ilegal usando el subterfugio de un criptoactivo» y con ello «se agravará el peso del servicio de la deuda».

Durante el breve debate de este acuerdo, el diputado Jorge Millán aseguró que el petro no es una criptomoneda y que se trata «simplemente de una venta a futuro de petróleo venezolano».

«Alertamos al mundo y al pueblo venezolano, que el petro es ilegal porque el artículo 12 de la Constitución prohíbe que nuestras riquezas sean comprometidas y ese petróleo, hoy bajo el subsuelo, no ha pasado por los tramites de aprobación de la Asamblea Nacional para que entren en concesión de explotación», dijo.

Millán agregó que «quien invierta allí no tiene garantías reales de ese petróleo que le están ofreciendo y que la República, cuando vuelva la democracia, no se hará responsable, porque no nos toca a nosotros seguir soportando o sustentando estos dineros que entrarán en forma ilegal.»

Por su parte, el diputado Francisco Sucre, aseguró que el petro «es un mecanismo para facilitar la corrupción», pues afirmó que permitirá el lavado de dinero.

El parlamentario William Dávila, apoyó la opinión de sus colegas y agregó que la emisión del petro viola también el artículo 318 de la Constitución que establece que el bolívar es la única moneda de curso legal en el país.

Las decisiones de la Asamblea Nacional, único poder público en control de la oposición, son desestimadas por los otros poderes al considerar que se encuentra en desacato, estatus declarado por el Tribunal Supremo de Justicia en 2016.

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