Versión oficial | «trocheros» habrían causado más de 120.000 casos sin cuarentena 7+7

// AVN (Especial)

Versión oficial | «trocheros» habrían causado más de 120.000 casos sin cuarentena 7+7



Venezuela es el único país del mundo que, en medio de la pandemia del Covid-19, atiende integralmente con todas las garantías sociales el fenómeno de migración inversa. Por el desplazamiento de las fronteras internacionales del país ya han transitado 71.000 personas de forma legal.

No obstante, más de 30.000 connacionales han utilizado, para ingresar a la nación, pasos ilegales denominados trochas. Estos son caminos abiertos entre la densa maleza, los cuales son controlados en su totalidad por movimientos paramilitares armados y narcotraficantes colombianos, mediante los cuales conectan a Venezuela con la nación neogranadina y con Brasil.

Por dichos atajos paramilitares y narcotraficantes movilizan a centenares de personas diariamente a cambio de sumas de dinero o artículos personales, como teléfonos celulares, equipaje y hasta productos de higiene o alimentos.

Mediante estos pasos han transitado, según cálculos aportados el pasado domingo por el presidente de la República, Nicolás Maduro, entre 3.000 a 4.000 personas portadoras del coronavirus, situación que está generando un rebrote de la infección por Covid-19 en todo el país.

Las mafias que controlan las tochas, burlando los controles implementados, amparan sus actos delictivos en un negocio planificado para ingresan personas infectadas, en un intento de ocasionar un daño generalizado a la colectividad. Este delito es conocido como bioterrorismo.

Define la Interpol al bioterrorismo como «la liberación intencionada de virus, bacterias, toxinas u otros patógenos con el fin de causar enfermedades a personas, animales o plantas, o de provocar su muerte».

Para frenar el ingreso ilegal de personas al país, la Comisión Presidencial para Prevención y Combate al Covid-19 procedió a la creación de las Zonas Operativas de Defensa Integral Temporales Especiales, en los municipios Mara y Guajira del Zulia; y García de Hevia y Ayacucho del Táchira, para detener el ingreso de personas que, violando los controles epidemiológicos, vienen diseminando el coronavirus en el país, que ya ha cobrado la vida de 116 personas e infectado 12.334 habitantes en el territorio.

Las autoridades venezolanas han señalado que toda persona que trafique o se encuentre utilizando los pasos ilegales en la frontera, serán puestas a la orden del Ministerio Público, por violar las normas sanitarias del país, en medio de la pandemia de coronavirus.

El jefe del Comandando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Remigio Ceballos Ichaso, informó que en la búsqueda de los pasos ilegales han inspeccionado 97 sitios potenciales, en los que se están ejerciendo máxima vigilancia. De este número, aseguró han destruido 21 pasos, a razón de dos caminerías y 19 de tránsito vehiculares.

Desde la instalación de las Zonas Operativas de Defensa Integral Especiales (ZODIs) se ha logrado detectar a mil 136 personas, las cuales han sido inmediatamente puestas a la orden para cumplir en primera instancia los protocolo de salud.

– Pasos ilegales y crecimiento del contagio comunitario –

Entre el 13 de marzo y el 18 de mayo Venezuela mantuvo la curva de contagio del Covid-19 aplanada. Para ese momento, se registraban en el país sólo 618 casos de coronavirus. Ya para el 19 de mayo los casos de infección por Covid-19 comenzaron a incrementarse en números que hasta ahora vienen registrando un ascenso sostenido.

De un día a otro, se registró el incremento de las cifras en pacientes diagnosticados. Aunque al principio resultaron pocos, estos números marcaron el inicio de la detección del daño que comenzaron a causar los pasos ilegales por frontera.

Así se develó el mayor foco detectado en el país, cuyo epicentro es el mercado conocido como «Las Pulgas», ubicado en Maracaibo, capital del estado Zulia.

Es necesario recordar que, entre los primeros avistamientos de la situación de Maracaibo, fue el anuncio realizado por el presidente Nicolás Maduro el 24 de mayo, quien informó al país sobre nueve casos repentinos que aparecieron en la capital del estado Zulia, y ordenó un estudio especial y medidas inmediatas de atención. No obstante, 24 horas después, la situación pasó de ser un posible «foco de contagio» a «un foco de alta peligrosidad».

El lunes 25 de mayo, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, refirió que en los últimos días se había detectado varios casos de transmisión comunitaria en la referida localidad y resaltó que, en el mercado, los ciudadanos no habrían estado tomando todas las medidas preventivas dispuestas por las autoridades.

Al respecto, aseveró: «Creemos que este foco es realmente peligroso», al tiempo que anunció que el presidente venezolano había ordenado inmediatamente despistaje masivo en todas las parroquias de la capital del estado Zulia, aplicando varios miles de pruebas para descartar el nuevo coronavirus.

Es válido recordar que seis días antes el gobernador del estado, Omar Prieto, ya había anunciado que «un brote importante» se registraba en la entidad con la «presunción» de que el epicentro se ubicaba en el mercado, el cual terminó confirmándose.

Este momento coincide con la fecha del incremento de la curva de contagio y, a partir de este hecho, se puede evidenciar con cifras la peligrosidad causada a la nación por los contagios de tipo comunitario, cuyo origen guarda relación con la infección no controlada por las acciones ilegales que viene ejecutando los trocheros contra la salud pública.

El país pasó de tener 618 casos (18 de mayo) a 2.087 en apenas 16 días (4 de junio). Si este conteo se hace desde la detección del primer caso hasta llegar a los 2.000 enfermos, pasaron 84 días para ello.

No obstante, la gravedad del incremento de los casos comunitarios frente a los casos importados, tiene un punto de referencia para el día 16 de junio, cuando en los reportes de 24 horas cambió la correlación del comportamiento de los contagios en el territorio nacional. La media de tipo importado, que guardaba el subregistro más alto, fue superado por primera vez por casos nativos, 47 frente a 41, de los 88 detectados. Para la fecha el país tenía 3.156 personas contagiadas.

La evolución de los casos confirmados en pares de 2.000 revelan que Venezuela pasó de 4.000 a 6.000 casos en nueve días; de 6.000 a 8.000 en siete días; de 8.000 a 10.000 en seis días; y 10.000 a 12.000 en seis días, por los efectos de las transmisión de la enfermedad principalmente de forma comunitaria.

El gobierno nacional ratificó que de los 71.000 venezolanos que entraron legalmente por los Puestos de Atención Social Integral (PASI) dispuestos en frontera, a quienes se les practicaron pruebas de PCR para detección molecular del Covid-19, se detectaron sólo 4.559 pacientes con Covid-19, lo que representa el 6.4% de prevalencia del total de ingreso.

Cada uno se encuentra bajo estricta vigilancia epidemiológica, cumpliendo con tratamiento y distanciamiento social hasta dar negativos al coronavirus. Mientras los entre los tres a cuatro mil que entraron de forma ilegal, sólo por acción comunitaria se han detectado 800 personas.

Esto se traduce en que si no existieran los estrictos controles que está ejecutando el gobierno nacional para contener la propagación, como son el método 7+7, el uso obligatorio de mascarillas y el distanciamiento social, sólo por acción de “los trocheros”, el contagio del Covid-19 se ubicaría en más de 120.000 personas, como una consecuencia del bioterrorismo contra Venezuela, lo cual ha sido detectado a tiempo y atendido exitosamente por el Estado venezolano.

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