Venezuela: ¿Un contrato injusto?

// Enrique González *



Bastante se ha escrito sobre aquellos que se quedan o que se van de Venezuela.

Lo primero que habría que decir a ese respecto es que ambos grupos son víctimas de la actual gestión de Gobierno y de su incomparable capacidad de destrucción de bienestar social. Lo segundo que habría que decir es que la decisión de irse o de quedarse es estricta y enteramente personal o familiar. En este sentido, a la hora de pretender realizar un análisis positivo sobre las causas que llevan a tomar esta decisión, debe tenerse cuidado de realizar juicios de valor, dada la existencia de diferencias interpersonales de variables y ponderaciones; incluso si las intenciones finales de este análisis apuntan al ámbito normativo y propositivo en favor de interés público.

Así, encontramos una masificación de decisiones personales de salir del país que ha venido perfeccionando un mal público de “destrucción” de capital humano -irrecuperable e insustituible en el corto y mediano plazo-; y que se erige como un fenómeno que reproduce algunas causas de la crisis independientemente de la dotación de recursos naturales -baja productividad, entre otras-.

Adicionalmente esta masificación de salidas del país por un lado evidencia la terrible situación económica y social por la que atraviesa el país, y por el otro lado es resultado de las expectativas negativas a futuro, que podrían derivar en una situación de profecías autocumplidas profundizando causas y consecuencias de la crisis.

Dicho lo anterior, vale la pena señalar y aportar al análisis dos temas puntuales que hasta la fecha no hemos leído ni encontrado en numerosos buenos análisis y artículos referidos al tema de la migración.

A la fecha muchos analistas han señalado, que desde el punto de vista económico, la decisión de irse o quedarse dependería de un simple balance entre ingresos y egresos monetarios, cuya decisión se decantará en favor de la alternativa que ofrezca el mayor saldo monetario neto con poder real de compra -obviamente habría que incorporar un análisis dinámico y no sólo el de corto plazo-.

Si bien este enfoque no es incorrecto, resulta insuficiente para explicar muchos casos de venezolanos, que aún cuando poseen cierto patrimonio -o no-, así como vivienda propia o comparativamente económica, que se enfrentan a gastos subsidiados como servicios públicos, educación (so pena de la pérdida de su calidad que habría que ponderar), etc., así como un eventual acceso a productos regulados -de encontrarlos-, terminan apostando a lo incierto y costoso que podría significar irse del país con “una mano adelante y otra atrás”.

Al respecto, si bien gran parte de la calidad de vida en promedio depende de la remuneración de las personas, así como del poder de compra de dicha remuneración y de la moneda en la cual esté denominada la primera -ambos en franca destrucción por el proceso hiperinflacionario en Venezuela-, de igual manera la oferta de bienes públicos de estricta responsabilidad del Gobierno y del Estado, forman parte del consumo de bienes que aportan al bienestar de los ciudadanos. Lamentablemente Venezuela es un claro ejemplo de inexistencia o desaparición súbita de los bienes públicos, que difícil o engañosamente pueden ser sustituidos o “privatizados”.

Para un enorme grupo de ciudadanos, la existencia y oferta de bienes públicos puede tener una ponderación sustantiva sobre su ecuación de bienestar, por lo que un enfoque estrictamente monetarista sobre saldo entre ingresos y egresos podría ser insuficiente para explicar la toma de decisiones personales de salir del país.

Otro tema y potencial causa de migración que escapa del enfoque tradicional economicista y “monetario” (en este caso tratado por la “Economía del Comportamiento” y la teoría de los contratos), es el referido a cuán justo concibe un individuo la oferta de un contrato o un proyecto, que en nuestro caso estaría representado por la alternativa de continuar viviendo en Venezuela. El análisis económico tradicional sobre la toma de decisiones individuales ante la oferta de contratos u ofertas en general, suele partir de la premisa de la “racionalidad económica” de los individuos.

Esta premisa define a los individuos como seres racionales que buscan maximizar su utilidad, bienestar o beneficio -tradicional pero no excluyentemente desde la perspectiva monetaria o de la utilidad derivada del consumo de bienes y servicios que satisfagan necesidades “concretas”-. Dicha premisa es la que se encontraría subyacente a la hora de pretender explicar, según algunos analistas económicos venezolanos, por qué algunas personas se quedan en Venezuela en la medida que su saldo entre ingresos y egresos resulte superior a aquel saldo que eventualmente tendría en cualquier otro país alternativo.

Sin embargo, so pena de ser contrastado empírica, estadística y científicamente en el caso venezolano, la lógica económica tradicional anteriormente expuesta podría no estar explicando por qué se va un cierto grupo de individuos -independientemente de su saldo neto positivo entre ingresos y egresos- (de hecho podría “sorprendernos” casos de elevados saldos positivos y decisiones de migrar). Por su parte la “Economía del Comportamiento” asoma -posteriormente a numerosas constataciones empíricas- que los seres humanos no son consistente e indefectiblemente racionales desde el punto de vista económico. Por el contrario, esta área de la economía ha identificado desviaciones persistentes y consistentes de lo que podría definirse como un comportamiento absolutamente racional económicamente hablando.

En el caso venezolano, especialmente las personas altamente cualificadas, podrían estar concibiendo a Venezuela como una oferta o un contrato injusto, en términos de la diferencia entre lo que han invertido en formación, así como lo que puedan y aportan respecto a lo que reciben (para no mencionar las trabas al desarrollo profesional, así como a la adquisición y aplicación del estado del arte en profesiones formales y técnicas). Así las cosas, la Economía del Comportamiento explica por qué contratos u ofertas del tipo “take-it-or-leave-it” terminan siendo rechazadas por ciertas personas debido a que terminan siendo concebida como injustas las reglas de reparto de las rentas, la utilidad, el beneficio o el bienestar. De nuevo, previa validación empírica-estadística, esta razón así como la inexistencia de bienes públicos, pueden constituir razones que expliquen la migración de cierto grupo y/o perfil de ciudadanos, más allá de los enfoques económicos tradicionales.

En otro orden de ideas, las mismas dudas sobre la infalibilidad y consistencia de la “racionalidad económica” y sobre el homo economicus podrían servir de base para explicar una “Racionalidad de la Envidia” y cierto apoyo a políticas expoliadoras, donde eventualmente para ciertas personas le reporte utilidad no su inserción económica-social, ni el acceso a bienes y servicios para satisfacer necesidades concretas, sino la lesión a un tercero -queremos llamar la atención que estos conceptos no son acuñados por el autor sino que forman parte de la Teoría Económica, y resultan susceptibles de ser constatables o no empíricamente-.

La tragedia de masificar esta “racionalidad” resultaría en que termina perfeccionando un mal público que facilitará acciones públicas destructivas y empobrecedoras de la sociedad y la economía (lo que pudiera significar que ni siquiera en el mediano plazo terminarán siendo meramente redistributivas estas políticas expoliadoras).

 

* Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Master en Economía y Derecho del Consumo, UCLM. Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, Kings College London, University of London.

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