Varios congresistas de EEUU renuncian a sus salarios mientras dure el cierre de Gobierno
La próxima votación en el Senado sobre las propuestas presupuestarias de las dos bancadas está programada para la tarde del lunes próximo.
Varios legisladores demócratas y republicanos renunciarán voluntariamente a sus salarios mientras dure el cierre de Gobierno en Estados Unidos, que este sábado entra en su cuarto día sin perspectivas de acuerdo entre ambas bancadas para aprobar nuevos fondos federales.
Algunos congresistas han afirmado que donarán sus ingresos a causas humanitarias y otros han solicitado que su pago sea retenido hasta el fin de la paralización, que se extenderá al menos hasta el lunes próximo debido al receso del Senado este fin de semana.
Al menos 900.000 trabajadores federales han sido suspendidos de sus labores mientras que otros 700.000 trabajan sin salario desde el miércoles 1 de octubre, después de que el Senado no lograra aprobar una propuesta presupuestaria antes del comienzo del año fiscal.
Servicios esenciales como los controladores aéreos y el personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Seguridad Social, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) continuarán funcionando.
Entre quieres han anunciado planes para renunciar o diferir sus salarios están la senadora republicana Ashley Moody y los representantes Mariannette Miller-Meeks, Mike Lawler y John James.
Por el lado de los demócratas, también han confirmado el senador Andy Kim y los representantes Josh Gottheimer, Nellie Pou y Mikie Sherrill, entre otros.
«Si un cierre obliga a los militares y veteranos a no recibir su salario, los miembros del Congreso no deberían cobrar», dijo Miller-Meeks en un comunicado.
Según registros públicos, la mayoría de los miembros del Congreso estadounidense ganan 174.000 dólares anuales, una cifra que se eleva en el caso de los legisladores en cargos de liderazgo. Republicanos y demócratas se culpan unos a otros de la paralización federal, la primera en siete años.
La mayoría republicana acusa a la oposición de buscar intencionalmente el cierre y se niega a ceder ante las exigencias de mayor financiación de servicios sanitarios porque afirma que beneficiarían a «inmigrantes ilegales», algo que los demócratas niegan.
Por su parte, el presidente Donald Trump ha amenazado con aprovechar esta situación para continuar reduciendo el tamaño del Gobierno Federal y ordenar despidos masivos de funcionarios clasificados como no esenciales si la paralización se prolonga.
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