Unión Europea autoriza multimillonario aporte público para crear gigante de las baterías
La Comisión Europea autorizó a siete países, entre ellos Alemania y Francia, a conceder ayudas públicas por 3.200 millones de euros para desarrollar el sector de las baterías eléctricas por un consorcio de 17 empresas.
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Las ayudas de Alemania, Francia, Italia, Suecia, Bélgica y Finlandia «deberían permitir movilizar 5.000 millones de euros adicionales en inversión privada», precisa en un comunicado Bruselas que considera estas subvenciones compatibles con las normas europeas de Competencia.
«La ayuda autorizada permitirá garantizar que este proyecto importante siga adelante sin distorsionar indebidamente la competencia», indicó la comisaria europea del ramo, Margrethe Vestager, en el comunicado.
Este proyecto de «interés europeo» IPCEI contará con 17 participantes directos de todo el sector, como el constructor automotriz BMW o las químicas BASF y Solvay, pero también de pequeñas y medianas empresas (pymes).
Estas empresas colaborarán «estrechamente entre ellas y con más de 70 socios externos, como pymes y organismos públicos de investigación de toda Europa», según el comunicado.
El objetivo de las compañías es desarrollar baterías Li-ion «que tienen una vida útil más larga», «se recargan más rápido» y «son más seguras y más respetuosas con el medio ambiente que las baterías actualmente en el mercado».
La Comisión autorizó así a Alemania a invertir hasta 1.250 millones de euros; a Francia, 960 millones; Italia, 570 millones; Polonia, 240 millones; Bélgica, 80 millones; Suecia, 50 millones; y Finlandia, 30 millones.
«Una parte significativa de los beneficios adicionales obtenidos por los participantes se compartirá con los contribuyentes a través de un mecanismo de recuperación», afirma la Comisión.
La lucha contra el cambio climático forma parte de las prioridades de la Comisión, que debe presentar el miércoles sus primeras medidas en la materia.
El gobierno francés se felicitó este lunes de la decisión de la Comisión, ya que permitirá «mantener una producción industrial sólida en Europa» y «contribuirá» al objetivo de Bruselas de alcanzar la neutralidad carbono en la UE para 2050.
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