UE saca a Panamá y Vietnam de su "lista negra" de paraísos fiscales
La Unión Europea (UE) monitoriza regularmente a casi un centenar de jurisdicciones para asegurar que cumplen sus estándares en materia de cooperación fiscal. Aquellas que no cumplen, pero se comprometen a enmendar su legislación son incluidas en la llamada ‘lista gris’, mientras que las que no adoptan este compromiso o no lo implementan a tiempo figuran en la conocida como ‘lista negra’.
La Unión Europea (UE) anunció este viernes la salida de Panamá y Vietnam de la lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque comunitario en materia tributaria, tras las recientes reformas introducidas por ambos países para mejorar sus regímenes fiscales.
Ambas decisiones han sido aprobadas por los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) durante la reunión mantenida en Luxemburgo, según informó en un comunicado el Consejo de la UE, la institución que representa a los Estados miembros.
En el caso de Panamá, que estaba en la ‘lista negra’ de paraísos fiscales desde febrero de 2020, se han valorado los cambios en su régimen «perjudicial» de exención de ingresos extranjeros y el hecho de que la OCDE vaya a realizar una nueva revisión sobre el cumplimiento de las normas internacionales sobre intercambio de información fiscal.
Con respecto a Vietnam, que entró en la lista hace apenas ocho meses (en febrero de este año), su salida de la lista también está motivada por la revisión que realizará la OCDE sobre sus normas sobre intercambio de información fiscal.
Tanto Panamá como Vietnam pasan ahora a formar parte de la llamada ‘lista gris’ de paraísos fiscales de la UE, a la espera de las conclusiones a las que llegue este organismo internacional en sus evaluaciones.
Tras esa actualización, en el repertorio figurarían un total de ocho jurisdicciones: Samoa Americana, Anguila, Guam, Palau, Rusia, las Islas Vírgenes estadounidenses, Vanuatu, y Turcos y Caicos.
La lista, que funciona desde 2017 y se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios, y que además no dan pasos para atajar esos problemas.
Figurar en ella no conlleva sanciones económicas, más allá de la prohibición de que los fondos europeos transiten por entidades radicadas en estas jurisdicciones y de medidas administrativas, como auditorías más frecuentes, aunque los Estados pueden decidir a nivel nacional imponer otro tipo de penalizaciones.
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