La justicia estadounidense impuso cinco años de libertad condicional a un empresario venezolano acusado de sobornar con cerca de un millón de dólares a un fiscal de su país, para evitar una investigación por corrupción relacionada con la petrolera estatal PDVSA, según documentos judiciales.
Carlos Urbano Fermín, dueño de varias empresas que proveían bienes y servicios a filiales de PDVSA, se libró de la condena de dos años de prisión solicitada por la fiscalía estadounidense.
Como pedía la defensa, el juez Robert Scola, de Miami (Florida), aceptó una condena más leve como reconocimiento de la ayuda del acusado para investigar otros delitos en Venezuela.
Fermín se había declarado culpable el año pasado de conspiración para lavar dinero en Estados Unidos.
El empresario también había reconocido el pago de sobornos a un fiscal venezolano de «alto rango» para eludir una investigación judicial sobre las condiciones de los contratos que firmó con PDVSA entre 2012 y al menos 2016.
De acuerdo con su declaración judicial, Fermín se reunió en 2017 con una persona cercana a ese fiscal, que le aseguró que podía evitar la investigación en su contra.
Con el fin de lograr esa protección judicial, hizo transferencias bancarias por cerca de un millón de dólares desde bancos de Estados Unidos para el fiscal, indicó el empresario.
Según el Miami Herald, la destinataria del dinero fue la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega, destituida hace cinco años tras acusar al gobierno socialista de Nicolás Maduro de deriva autoritaria.
Ortega, que huyó de Venezuela en 2017 y vive ahora en España, negó esas acusaciones el año pasado y aseguró que sólo son un intento del ejecutivo de Maduro de empañar su imagen.
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