Se reduce el plazo para la revisión de contratos petroleros suscritos por Venezuela con empresas internacionales

El próximo 28 de julio vence el plazo de 180 días establecido para la revisión de los contratos petroleros suscritos por Venezuela con diversas empresas internacionales. Aunque las empresas que no logren migrar sus contratos antes del plazo no perderán sus derechos, sí podrían quedar fuera de los nuevos beneficios fiscales establecidos en la Reforma a la Ley de Hidrocarburos.

La reforma a la ley, publicada el 29 de enero en la Gaceta Oficial Extraordinaria N. 6.978, estableció este plazo para que el Ministerio de Hidrocarburos evalúe y adecúe los negocios petroleros vigentes: empresas mixtas, contratos de participación productiva, acuerdos de servicios y alianzas estratégicas técnico-financieras.

Uno de los problemas principales radica en que hasta ahora no se tiene certeza sobre la existencia del Reglamento de la Reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que se requiere para la revisión de estos contratos. La emergencia nacional por los terremotos ocurridos el 24 de junio complica el panorama para que este documento esté listo en la fecha prevista. 

Vale destacar que esta reforma amplió la discrecionalidad del Ministerio de Hidrocarburos para autorizaciones sobre rebajas de regalía, impuesto integrado e Impuesto Sobre la Renta (ISLR), de acuerdo a las características de cada proyecto.

Las condiciones de los contratos no se han hecho públicas para los acuerdos que ha firmado Venezuela con multinacionales como Repsol, Chevron, BP o Shell y, sin acceso a estos contratos, no es posible comparar modelos, compromisos de inversión ni tratamiento fiscal por proyecto.

Las empresas del sector que no completen la migración antes del vencimiento del plazo no perderán automáticamente sus derechos contractuales, pero podrían quedar fuera de los beneficios fiscales contemplados en la reforma o enfrentar nuevas negociaciones en un momento de menor certeza regulatoria.

El principal problema es que ese plazo culmine sin el reglamento, ya que este instrumento es el que debe definir los criterios para modificar contratos, autorizar rebajas tributarias y establecer las condiciones económicas aplicables a cada tipo de proyecto. Sin él, las empresas no pueden evaluar con precisión qué implica migrar, ni qué obtienen a cambio.

Asimismo, hasta que no se publique el Reglamento de la Reforma a la Ley de Hidrocarburos, el nuevo esquema fiscal no puede medirse en términos reales. El sector privado estima que el government take -indicador de las industrias petrolera y minera para medir la porción de las utilidades que el gobierno recibe de un proyecto- podría bajar del 94% actual hasta 77% en campos maduros, 54% en greenfields y 68% en desarrollos costa afuera.

Si estos porcentajes forman parte del reglamento, la industria petrolera venezolana podría ser efectivamente competitiva frente a Brasil, Guyana, Argentina y Colombia en los portafolios de las grandes compañías.

Pero, hasta ahora se trata de proyecciones y los especialistas tributarios están a la espera del reglamento, los contratos definitivos y la lista de empresas que hayan aceptado la migración, indica una nota de Petroguía.

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