El procurador especial designado por Juan Guaidó, como mandatario interino reconocido por más de 50 países, Enrique Sánchez Falcón, valoró positivamente la posición del gobierno de Estados Unidos ante el juzgado de Delaware que lleva las demandas para enajenar acciones de Citgo, porque fortalece la línea fundamental de defensa para evitar un posible embargo de la refinadora.
Sin embargo, Sánchez Falcón advierte que el Juez no está obligado a acatar la posición del gobierno de Donald Trump, «debido a la independencia de los jueces (separación de poderes) que salvaguarda la Constitución de los Estados Unidos».
El elemento medular que Sánchez Falcón destaca en su comunicado es que «la posición emitida por el Gobierno de los Estados Unidos, a requerimiento de la Corte, sostiene que, con la llegada del Gobierno Interino del Presidente Juan Guaidó, Citgo se mantiene como una empresa independiente y autónoma de la República, recomendando al Juez que se abstenga de decidir procesos de venta o subasta de las acciones de Citgo, debido a que el Estado venezolano y Citgo, son figuras jurídicas distintas, por lo que no puede cobrarse una deuda de la República con activos de Citgo».
A continuación, el texto del comunicado:
«La Procuraduría Especial de la República informa que, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Protección de Activos Extranjeros (OFAC), emitiera la extensión de la suspensión hasta el 20 de octubre de 2020, que suspende temporalmente la posibilidad de embargo sobre Citgo por parte de Crystallex y de toma de sus acciones por parte tenedores del Bono PDVSA 2020; el día de ayer (16-07-2020) el Gobierno de Estados Unidos presentó su posición ante el Juez de Corte de Distrito de Delaware, con lo cual fortalece la defensa venezolana para la protección de Citgo frente a la demanda de Crystallex.
La posición emitida por el Gobierno de los Estados Unidos, a requerimiento de la Corte, sostiene que, con la llegada del Gobierno Interino del Presidente Juan Guaidó, Citgo se mantiene como una empresa independiente y autónoma de la República, recomendando al Juez que se abstenga de decidir procesos de venta o subasta de las acciones de Citgo, debido a que el Estado venezolano y Citgo, son figuras jurídicas distintas, por lo que no puede cobrarse una deuda de la República con activos de Citgo.
La posición del Gobierno de los Estados Unidos apoya la defensa que han presentado la República y PDVSA para levantar el embargo de Citgo, pues, reconocen que la deuda que se generó, fue bajo el régimen de Maduro, quien influía de manera corrupta sobre PDVSA, lo que resultó en el embargo de Citgo, pieza fundamental del patrimonio nacional, y necesaria para la recuperación económica del país luego del cese de la usurpación.
El Gobierno norteamericano dejó claro que Citgo no puede ser responsabilizada por los descalabros del régimen de Maduro, afirmando ante la Corte que cualquier decisión que tome frente a la demanda de Crystallex, estaría beneficiando a la dictadura de Venezuela liderada por el usurpador de Maduro, lo que, además, contraría los intereses democráticos del Gobierno Interino de Juan Guaidó, afectando también, los principios e intereses democráticos de los Estados Unidos.
Estas posiciones son valiosas e importantes en inmensa medida, ya que fortalecen la defensa venezolana sobre la protección de los activos nacionales de las garras del régimen usurpador y sus aprovechados colaboradores. Sin embargo, no implican que el Juez esté obligado a acatarlas debido a la independencia de los jueces (separación de poderes) que salvaguarda la Constitución de los Estados Unidos. No obstante, esta posición institucional y de política de Estado, constituye un fuerte apoyo a las defensas jurídicas asumidas por la República y PDVSA, que bien pueden ser acogidas por la Corte, para levantar el embargo decretado en 2018, a causa de las actuaciones irresponsables y corruptas de los regímenes de Chávez y Maduro.
El Gobierno del Presidente Guaidó, y PDVSA o sus filiales, no pretenden evadir las obligaciones asumidas legítimamente y/o reconocidas por los tribunales estadounidenses o de otros países, pero solo se podrá implementar un proceso de reestructuración de deuda, ordenado, responsable y no discriminatorio, una vez que cese la usurpación, se restaure la institucionalidad y contemos con el apoyo financiero necesario».
