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17/08/2017 11:35 AM
| Por Enrique González*

Regionales, Constituyente y la economía: encrucijada histórica

Venezuela se encuentra frente a una encrucijada política y muy especialmente económica. No resulta para nada fortuito la convocatoria e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente conjuntamente con el adelanto de las elecciones regionales. A quien lo haya sorprendido y haya planteado estrategias del tipo “todo o nada” en la oposición, erró en no ver la secuencia temporal de los eventos y resolver el falso dilema aplicando inducción hacia atrás como suele hacerse en teoría de juegos.

Aclaro que no estamos planteando en ningún momento que la Asamblea Nacional Constituyente no presentará fallas de origen de orden Constitucional y de fondo; me refiero al error estratégico de no observar la secuencia de eventos y las jugadas del “contrincante” porque en un juego, uno no juega solo -una cosa es el ámbito normativo y otro distinto el positivo donde se debe ponderar quiénes son los jugadores relevantes, cuáles son sus pagos, sus esquemas de incentivos y en consecuencia sus estrategias dominantes-.

Una situación de pulso tipo todo o nada supondría exigir una correlación de fuerzas relevantes y decisivas, incluso ante escenarios inciertos, partiendo de la mayor dispersión esperada posible de 50-50% hasta algún resultado esperado a favor -de lo contrario, no valdría la pena siquiera asomar tal alternativa, especialmente si los costos lo asumiría uno. En algún momento quien escribe le comentó a un consultor de opinión muy reconocido que la larga jornada de protesta podría terminar resultando, deliberada o fortuitamente, en una precampaña electoral-.

Por ejemplo, si los pagos significan para quienes representan el estatus quo que exista un costo casi infinito de salida -además de existir un periodo constitucional definido y todo lo que representa esto para propios y ajenos-, y las acciones del otro jugador implican, lejos de aumentar el costo de quedarse de los primeros, entronizarlos porque eleva más su costo de salida y su expediente; valía la pena realizar un análisis del tipo backward induction. En todo caso este artículo no quiere destacar el tema político sino el económico.

Dicho lo anterior, siendo que la “elección” e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente tendría efectos desmovilizantes en el corto plazo para la oposición y muy especialmente porque su objetivo como lo ha demostrado sus primeros actos resulta estrictamente político para dar un golpe a los poderes constituidos y no para resolver el primer problema manifiesto por los venezolanos, el económico; adelantar las elecciones regionales cumple dos objetivos. Primero como se dijo capitalizar la desmovilización de la oposición, y segundo evitar que la gente termine entendiendo -com es de esperarse- que la Constituyente y su eventual política decretista no resolverá uno solo de los problemas económicos en Venezuela -por el contrario la tendencia de deterioro económico seguirá incluso acelerándose-.

Aún así, como ha solido ocurrir en Venezuela en periodos y ciclos electorales, existirá eventuales presiones por parte de adeptos oficialistas para que la ANC tome “medidas” en materia económica, y por parte del Gobierno-ANC existirán “incentivos” para atender estas demandas ante la amenaza de las elecciones regionales. La efectividad de estas presiones en este “mercado” político dependerá de:

  • El nivel de desmovilización de la oposición que equipare al oficialismo, o por el contrario le exija movilizar y animar aún más a sus seguidores y potenciales seguidores vía actos Constituyentes.
  • El grado de organización, movilización, presión y ruido que puedan desplegar los adeptos oficialistas, antes de las elecciones, solicitando “acciones en materia económica” -consideremos igualmente los juicios y prejuicios de estas personas en materia económica para imaginar el tono y la orientación de las eventuales políticas públicas solicitadas-. Esto supone un alto grado de organización y presión durante el corto periodo de tiempo preelectoral.
  • El peso relativo que sobre la toma de decisiones tengan los altos funcionarios ideologizados versus los pragmáticos que reconocen el fracaso del modelo económico.
  • El peso relativo que sobre la toma de decisiones tengan los altos funcionarios que podrían estar beneficiándose económicamente de los “errores” de política económica como el sistema de control de cambio dual y su diferencia con el mercado paralelo.

¿En qué consistiría la encrucijada -si cabe el término-? El Gobierno venezolano podría encontrarse en una situación parecida a la que en su momento enfrentó el Gobierno de China y Zimbabwe, quienes reacios a conceder un ápice en materia de derechos políticos y democráticos, entendieron los errores del modelo económico y de ciertas políticas económicas; en el primer caso reconociendo la necesidad de los derechos a la propiedad privada y al lucro para incentivar la actividad económica y la generación de empleos, bienes, servicios y riqueza, y en el segundo caso dolarizando la economía para cortar el financiamiento inorgánico de la hiperinflación.

El “contrafactual” a la situación económica actual sería una economía sin boom petrolero, pero corrigiendo las distorsiones de orden macroeconómico, limitando el financiamiento monetario del déficit por medio del “amarre” a un compromiso o regla creíble -¿dolarización?-, restitución del Estado de Derecho y el resguardo de los derechos de propiedad, así como un modelo basado en una economía de mercado donde su sistema de precios constituya por excelencia el mecanismo de información y orientación para la toma de decisiones de los distintos agentes económicos, intentando reconstituir tanto los equilibrios macroeconómicos como la pérdida de confianza de los agentes económicos respecto a los tomadores de decisiones públicas.

Por el contrario, como han asomado algunos constituyentes en sus promesas y propuestas, si se continúa insistiendo en los controles de precios y el pinzamiento de márgenes que estos provocan, si se insiste en el financiamiento inorgánico del déficit fiscal, el ataque a la propiedad y al legítimo interés al lucro y en consecuencia se ataca la confianza a la denominación de patrimonio en moneda doméstica; se profundizará la crisis económica y podría profundizarse la ruta hiperinflacionaria –ceteris paribus, obviamente se obviaron muchas aristas del tema como por ejemplo los actores y financistas externos, así como el eventual evento electoral presidencial de 2018 aún cuando éste está implícitamente considerado en el presente análisis-.

*Economista UCV. Profesor de Economía Gerencial, UNIMET. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid.

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