El gobierno de Venezuela denunció este martes 31 de octubre que Guyana pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) suspender el referendo que impulsa el Ejecutivo venezolano sobre la centenaria zona en disputa del Esequibo.
«El día de ayer (lunes), la República Cooperativa de Guyana se dirigió ante la Corte Internacional de Justicia para pedir medidas provisionales» para que «no proceda el referendo consultivo previsto en Venezuela el 3 de diciembre de su forma actual«, señaló la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
«Es una situación inédita, donde un país se auto atribuye ser la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, insólito, donde pretende además sustituir la soberanía popular de Venezuela, y más aún, pide ahora a un organismo internacional (…) derogar la Constitución (…), es una grosería«, añadió.
Georgetown no ha informado oficialmente de esta acción judicial.
Venezuela llamó a un referendo consultivo para el 3 de diciembre sobre el Esequibo, que plantea la creación de un estado en esa zona y nacionalizar a sus habitantes.
Este territorio de 160.000 km2, rico en minerales y biodiversidad, es administrado por Guyana y reclamado por Venezuela desde hace más de un siglo.
Venezuela sostiene que el Esequibo le pertenece porque era parte de la Capitanía General de Venezuela del Imperio Español y que los límites en los países de Sudamérica fueron establecidos bajo el principio «utis possidetis iuris«, que implica que les corresponde el territorio que tenían durante la Colonia.
Y reivindica el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido antes de la independencia guyanesa, que establecía bases para una solución negociada y desconocía los límites fijados en un laudo anterior de 1899 suscrito en París, que defiende Georgetown.
La pugna fue reavivada en 2015, tras el hallazgo de yacimientos petroleros por parte de la estadounidense ExxonMobil, de la que Venezuela dice que Guyana es «lacaya».
El referendo consultivo, no vinculante, consta de cinco preguntas, que abarcan además el apoyo y rechazo a ambos laudos, y consulta también sobre desconocer la jurisdicción de la CIJ, pese a que Venezuela terminó aceptándola.
La disputa había contado con los «buenos oficios» de la ONU, que accedió en 2018 a que fuese llevada ante la CIJ, que dictaminó en 2020 que tenía jurisdicción para analizar el litigio.
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