Próximo capítulo en el ajuste económico a la venezolana: El aumento del salario mínimo

Observar el devenir económico de los primeros meses del 2026 en Venezuela podría parecer un ejercicio similar a revisar titulares al azar o medir señales sueltas. Sin embargo, al unir los puntos, se descubre cómo las dinámicas apuntan en una sola dirección: con avances y retrocesos, puntos de inflexión y variaciones, todo converge hacia una misma direccionalidad macroeconómica.

Hacia mediados del segundo trimestre del año, se ha recuperado inicialmente un nivel estable de producción petrolera y se han consolidado perspectivas de crecimiento económico proyectadas hacia finales del año en curso.

Algunas estimaciones, como la de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados, apuntan a una expansión del PIB por encima del 10%, ubicándose entre las más destacadas de la región.

Además, se ha experimentado una comprobada desaceleración en el ritmo de la devaluación monetaria durante las últimas semanas, estrechando la brecha cambiaria gracias, en gran medida, a la sostenida política de intervención del Banco Central mediante la inyección de divisas.

Lejos de tratarse de comportamientos al azar, estamos ante marcadores que marchan en paralelo con titulares de alto impacto, como el proceso de normalización de relaciones con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo; así como los cambios en el gabinete económico y la llegada de corporaciones transnacionales como Siemens y General Electric para atender la crisis del Sistema Eléctrico Nacional.

En esta danza macroeconómica, destinada a reajustar y preparar el tablero para una eventual recuperación tras una dura etapa de estabilización, faltan algunas piezas clave. La más fundamental de ellas quizás sea la que está por darse a conocer a finales de la semana en curso: el ajuste del salario mínimo legal.

El salario venezolano

Durante más de un lustro, el salario venezolano dejó de ser un indicador real del poder adquisitivo de la población y se transformó en una estadística disfuncional. Hablamos de un país donde la Canasta Alimentaria Familiar oscila por encima de los 530 dólares mensuales para un grupo promedio de cinco personas (según mediciones de entes independientes como el CENDAS-FVM), mientras que el salario mínimo legal base llegó a diluirse hasta el equivalente a menos de cuatro dólares mensuales.

Sin embargo, la historia no está completa sin considerar los factores paliativos que han permitido la supervivencia en medio de estas circunstancias.

En primer lugar, la política de bonificación implementada por el Ejecutivo Nacional —el denominado Ingreso Mínimo Integral Indexado— que ha compensado los ingresos de buena parte de la población trabajadora con montos que superan los 100 dólares mensuales, aunque sin incidencia en el cálculo de prestaciones sociales.

De igual modo, muchos venezolanos abrazaron el emprendimiento, el autoempleo y la subsistencia a partir de las remesas enviadas por familiares en el exterior.

Esto significa que ajustar el salario mínimo a un nivel que pueda ser considerado «normal» no es una simple decisión administrativa que se resuelva por arte de magia. Implica un desafío fiscal mayúsculo para el Estado, que sigue siendo el principal empleador del país al sumar la nómina pública y el sistema de pensiones.

Por ello, es probable que se dé un primer paso modesto y hasta insuficiente de entrada, el cual deberá ser complementado con otras medidas graduales para equilibrar las cuentas públicas y evitar que el aumento se financie con emisión monetaria inorgánica.

Aunque se trate de un ajuste prudente, este repercutirá indefectiblemente en el flujo de bolívares, la presión de demanda sobre el tipo de cambio, los precios de los bienes y servicios y, en última instancia, sobre la capacidad de consumo de la población; un factor sin el cual será imposible materializar cualquier estabilización económica real a mediano plazo.

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