25/12/2021 08:40 AM

Profranquicias: productos exportables venezolanos podrían ser sancionados por irrespeto masivo a la propiedad intelectual

Profranquicias: productos exportables venezolanos podrían ser sancionados por irrespeto masivo a la propiedad intelectual

La Cámara Venezolana de Franquicias (Profranquicias) alertó, en un comunicado, que productos de exportación nacionales se exponen a sanciones en el exterior por la reiterada violación de los derechos de propiedad intelectual del país.

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«Reprochamos todo acto que suponga el irrespeto al derecho de propiedad, así como rechazamos de manera categórica, el irrespeto del marco legal regulatorio, nacional e internacional, que garantice el buen funcionamiento de la actividad productiva que representamos», concluye el comunicado.

El gremio de las franquicias no hace referencia expresa a ningún caso concreto, pero parece evidente que su comunicado aparece como reacción a la aparición en Caracas de una tienda que utiliza el logo de la marca estadounidense Starbucks sin licencia directa de la organización estadounidense.

La polémica, que comenzó como un cuestionamiento a las desigualdades sociales que provoca la mínima recuperación económica del país, se ha transformado en un debate sobre el necesario respeto a los derechos de toda forma de propiedad, una cuestión que toca al propio gobierno que utiliza marcas y productos extranjeros sin los derechos correspondientes.

En su comunicado, Profranquicias califica de «absoluto descaro» la aparición de tiendas que usan marcas internacionales sin derecho para ello. «Preocupa aún más que los responsables actúan de forma abierta, con inversión en publicidad, evidenciando que se trata de iniciativas planificadas sin buena fe alguna y sin temor a que puedan recibir acciones legales por parte de los legítimos titulares de las marcas afectadas».

La entidad gremial señala que estas conductas afectan de manera concreta a la confianza y credibilidad de los inversionistas nacionales y extranjeros en Venezuela y plantea que sancionar este tipo de prácticas, a través de un marco jurídico adecuado, forma parte de una «agenda de trabajo básico» para recuperar el aparato productivo.

 

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