Por ahora, Venezuela debe US$21.300 millones por procesos de arbitraje

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Por ahora, Venezuela debe US$21.300 millones por procesos de arbitraje



La deuda venezolana derivada de procesos de arbitraje, hasta ahora, asciende a 21.300 millones de dólares y se estima que representa 16% de los pasivos totales que la república, en algún momento, deberá reestructurar y cuyo monto aún no está determinado con certeza.

El dato es producto de una investigación realizada por el Observatorio de Gasto Público del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice-Libertad), coordinada por el abogado Ramón Escovar Alvarado, quien puntualiza que este monto «no incluye casi 20 casos pendientes de decisión, los montos de ejecución ni los intereses de los procesos que están en curso».

El jurista indica que «se dice mucho que la deuda por bonos es de 60.000 millones de dólares, pero nuestra investigación revela que la deuda por procesos de arbitraje puede ser más alta. Podría llega a 80.000 millones de dólares, contabilizando los intereses y costos».

Los investigadores de Cedice señalan que este pasivo es el primero que se deberá reestructurar, porque ya no hay dudas sobre su cuantificación y origen, puesto que son compromisos avalados por decisiones arbitrales que la república está obligada a reconocer. «Los acreedores que tienen un laudo a su favor tendrán preferencia», dijo Escovar.

– Posición privilegiada –

Los investigadores de Cedice señalaron, durante la presentación de su trabajo de seguimiento -por cierto, nada sencillo- de los pasivos por arbitraje, que Venezuela tenía fama de ser un excelente pagador, ya que en promedio tardaba 15 días en honrar sus compromisos.

«Eso cambió después de 2013 y ahora básicamente somos un estado maula, y tenemos varios laudos en fase de ejecución forzosa», refiere Escovar Alvarado.

La investigación, además de Alvarado, también contó con la participación del abogado especialista en derecho internacional, Andrés Carrasquero, quien explicó que estos pasivos «tienen la protección de la Convención de Washington -denunciada por el estado venezolano, por cierto- que es donde se crea el CIADI. Como resultado de la denuncia, la consecuencia es que aplica la Convención de Nueva York, que es otro mecanismo expedito para los reclamos. Están de primeros y tienen protección legal», subrayó.

Carrasquero señaló que estos laudos están amparados en tratados de protección de inversiones, «que son un catálogo de derechos que garantizan los derechos de los inversionistas. Ahí queda claro que, en caso de expropiación, se debe hacer un pago justo y adecuado por los activos; eso es lo que da derecho a las empresas a acudir a los centros de arbitraje».

En concreto, Venezuela tiene 59 casos en trámite en diferentes cortes de arbitraje, de los cuales 12 ya tienen laudos. Algunos, como la minera canadiense quebrada Crystallex y la petrolera ConocoPhillips, han intentado procedimientos de ejecución forzosa. Esta es la raíz del caso Citgo, el más visible de todos, porque se trata del activo venezolano más importante en el exterior.

Ramón Escovar León recordó que el gobierno del ex presidente Hugo Chávez, en pleno auge del boom petrolero, intentó vender a Citgo en 10.000 millones de dólares y no lo logró; y ahora el activo puede ser enajenado para pagar deudas.

Los inversionistas con reclamos y que cumplen condiciones específicas acuden a tribunales de arbitraje, porque son procedimientos más rápidos, que, en promedio, pueden decidirse en uno o dos años. «El país, en consecuencia, tiene una larga fila de acreedores. El problema es que no hay gasolina para todos».

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