Pisella plantea una ley que garantice participación del capital nacional en transferencia de activos públicos

El empresario y representante del sector privado en la Comisión para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos, Luigi Pisella, señaló que considera necesario, como parte del proceso de incorporación de la inversión privada en la gestión de activos públicos, la posibilidad de aprobar una ley que garantice una participación a la empresa nacional.

En entrevista con Banca y Negocios, Pisella señaló que durante las conversaciones que mantiene con inversionistas extranjeros, en el contexto del trabajo de la comisión, siempre ha señalado la necesidad de que la empresa venezolana participe activamente en el proceso de transferencia de activos estatales.

«Me he encontrado con que no hay resistencia con esta idea, porque muchos inversionistas dicen que es indispensable tener socios locales, cuya experiencia es esencial para gestionar el entorno venezolano y su complejidad», señala.

Inicialmente, el número de activos públicos a evaluar se estimó en unas 350 empresas. Pisella sostiene que la comisión, encabeazada por la presidenta Delcy Rodríguez, aún se encuentra en la primera fase de evaluación, porque hay algunos activos considerados estratégicos que deben permanecer en manos del Estado.

«Vamos a evaluar diferentes modelos de participación privada, pero efectivamente la comisión entiende que hay activos, cuya titularidad debe permanecer en manos del Estado», apunta.

«…la Bolsa de Valores de Caracas es muy interesante, porque permite el acceso de una diversidad de inversionistas, incluso pequeños. La idea también es impulsar la democratización del capital»: Luigi Pisella.

«No descartamos nada»

Cuando se le pregunta sobre los mecanismos para transferir los activos estatales que se ofrecerán a los capitalistas privados, la respuesta es clara: «no descartamos nada, ningún mecanismo, desde las subastas públicas, los acuerdos directos y hasta el uso de la plataforma de la Bolsa de Valores de Caracas, que es muy interesante, porque permite el acceso de una diversidad de inversionistas, incluso pequeños. La idea también es impulsar la democratización del capital».

«Lo importante -subraya- es que los procesos serán transparentes y muy cuidadosos, por que lo que se busca es que esas empresas funcionen eficientemente y que presten los servicios que deben a la sociedad. Obviamente, esto es un ganar-ganar, porque el Estado recibirá recursos que contribuirán a disminuir el déficit fiscal».

-¿Cuál es el plazo previsto para este proceso de clasificación?

– Quizás, el error nuestro fue no poner plazos para el proceso y conseguir victorias tempranas. Hay un trabajo muy adelantado, con el cual podemos comenzar a presentar resultados concretos, pero eso se debe debatir en el contexto de la comisión.

Pisella señala que una cuestión clara es que el capital privado debe participar de la propiedad de los bienes transferidos. Recuerda que se planteó la posibilidad de alianzas público-privadas, donde el Estado conservara la propiedad absoluta de la empresa objeto de la sociedad.

«Llegamos a la conclusión de que eso no funciona, porque nadie va a invertir importantes volúmenes de capital en un negocio donde no tiene participación, y la comisión está de acuerdo en eso», indicó.

– ¿No haría falta una Ley que de soporte al proceso y fije las reglas para que los inversionistas tengan certezas en el plano jurídico e institucional?

– Eso debe resolverlo la Procuraduría General de la República, que forma parte de esta comisión. Por supuesto un proceso de transferencia de activos del Estado va a generar un nivel de actividad que va a obligar a legislar o cambiar normas en diferentes aspectos y mercados.

«Por ejemplo, está claro que habrá que reformar la legislación laboral en función de que las condiciones de trabajo sean más adecuadas. Aunque hay que estar claros en que este proceso tiene una gradualidad; es decir no se puede hacer de manera inmediata, porque es complejo y requiere mucha evaluación», advierte.

«Una vez que se termine el proceso de clasificación lo que no resulte estratégico se va a ofertar y dentro de lo que se considera estratégico, hay activos que están inoperativos y, en consecuencia, se van a liquidar»: Luigi Pisella.

Los activos expropiados

Un capítulo aparte para esta comisión es la gestión de activos expropiados, cuyo proceso de apropiación por parte del Estado no fue concluido.

«Una vez que se termine el proceso de clasificación lo que no resulte estratégico se va a ofertar y dentro de lo que se considera estratégico, hay activos que están inoperativos y, en consecuencia, se van a liquidar, porque no hacen nada totalmente detenidos», señaló Pisella.

El expresidente de Conindustria explica que, en los casos en los cuales no estén cerrados legalmente los procesos de expropiación, estos activos no pueden considerarse como una propiedad estatal y, por lo tanto, pueden ser privatizados.

-Para nadie es un secreto que el Estado tiene activos que no deberían estar en sus manos y es necesario redimensionar el tamaño del sector público para llevarlo a un nivel adecuado, en función de que cumpla los deberes y las funciones que le son inherentes, como administrar la Hacienda Pública, garantizar educación, salud, seguridad y servicios a toda la población.

Pisella subraya que este es un proceso de saneamiento necesario, que generará mayor crecimiento económico, empleos y mejores condiciones laborales, aparte de un desarrollo más diversificado, ya que hay empresas de muchos sectores y en muchas manos, como gobernaciones, alcaldías y otras entidades públicas.

Las trabas

En líneas generales, Pisella no separa este proceso de transferencia de activos públicos al sector privado de la realidad que viven las empresas locales o las foráneas instaladas en el país y, en consecuencia, insiste en que los potenciales inversionistas internacionales y nacionales necesitarán orden jurídico, niveles adecuados de tributación interna, garantías para la propiedad y mecanismos financieros expeditos para la circulación de recursos y obtener apalancamiento crediticio, entre otros requerimientos.

– Las sanciones son un problema serio, porque un inversionista, por muy interesado que esté, hoy no cuenta con la certeza de cómo hacer llegar recursos al país; es necesario terminar de regularizar la relación de la banca nacional con los sistemas financieros internacionales y, además, garantizar que los inversionistas se puedan llevar sus recursos, si así lo deciden.

«Y eso opera en doble vía, porque muchas veces es imposible comprar repuestos en el exterior o cualquier insumo necesario. Es indispensable que nosotros, desde Venezuela, podamos hacer transferencias para pagar afuera todos los insumos que necesitamos», puntualiza.

«Es necesario frenar la inflación y la devaluación para ir avanzando en otras reformas. Por ejemplo, los inversionistas están preocupados por tema eléctrico, porque lo consideran estratégico»: Luigi Pisella.

«Optimista, pero con los pies en la tierra»

El empresario y gremialista, Luigi Pisella, se declara optimista, pero «con los pies en la tierra». A su juicio, se están tomando decisiones en la dirección correcta, pero es necesario corregir los desequilibrios macroeconómicos que afectan a toda la actividad económica.

«Es indispensable frenar la inflación y la devaluación para ir avanzando en otras reformas. Por ejemplo, los inversionistas están preocupados por el tema eléctrico, porque lo consideran estratégico. Vamos a ver participación privada en generación y distribución, bien para aportar capital de inversión o aportar tecnología», apunta Pisella.

«Yo estoy particularmente de acuerdo con que el eléctrico es un sector estratégico que debe tener control estatal,  pero hay que tomar las decisiones correctas para que sea realmente eficiente», advierte.

Añade que habrá que revisar la estrategia de subsidios cuando sea prudente, pero es importante asegurar la prestación para las personas con menores recursos.

Sin alardes, parece que el proceso de transferencia de activos del sector público al privado marcha, aunque no a la velocidad que algunos esperan. Pisella reitera que hay avances que pueden permitir «victorias tempranas» para que el Estado se vaya desprendiendo de activos en condiciones de desinversión y de funcionamiento limitado o inoperativos.

La conclusión es obvia: un Estado con un PIB reducido y presiones macroeconómicas severas debe redimensionarse para funcionar adecuadamente. Ese es el fondo de la cuestión.

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