La oposición hizo lo mismo en un comunicado aparte, tras la decisión de la Corte Suprema estadounidense de rechazar la revisión de un fallo judicial que autorizó la venta de acciones de Citgo para cobrar compensaciones por viejas expropiaciones de activos petroleros y mineros, así como deudas de la república y PDVSA.
«Esta decisión constituye un paso adicional en la agresión multiforme que se ejecuta desde las instituciones de Estados Unidos contra Venezuela», indicó un comunicado del gobierno venezolano, que tachó el fallo de «vulgar despojo».
La junta administradora ad hoc de PDVSA designada por la oposición dijo en tanto que el «proceso de venta no es el método más apropiado» y propuso «acuerdos negociados» con los acreedores.
Los reclamos judiciales en la justicia estadounidense contra Citgo sobrepasan los 20.000 millones de dólares, según la consultora EMFI Scurities, con sede en Londres.
Evitar el «despojo»
El control de la empresa fue dado a la oposición en 2019 por Estados Unidos, que desde ese año no tiene relaciones formales con el gobierno de Nicolás Maduro y considera como única institución «legítima» al Parlamento de mayoría opositora electo en 2015, que defiende su continuidad pese a que su mandato terminó en 2021.
El gobierno de Maduro responsabiliza al viejo Parlamento, que «sesiona» de forma virtual en el extranjero, por un «grave perjuicio» al patrimonio del país.
«Han impedido a las legítimas autoridades ejercer las acciones necesarias para la efectiva protección de Citgo (…), vulnerando flagrantemente los acuerdos suscritos en Barbados», cuestionó el gobierno en su comunicado.
Se refiere al acuerdo entre el gobierno y la oposición en una mesa de negociación que media Noruega para realizar elecciones presidenciales en el segundo semestre del año con observación internacional.
El pacto fue celebrado por Washington, protagonista en el proceso, que flexibilizó por seis meses sus sanciones al petróleo, el gas y el oro venezolano bajo la condición de que se celebren «elecciones libres».
El gobierno indicó que «seguirá adoptando todas las medidas políticas, diplomáticas y jurídicas a su disposición para evitar la consumación del despojo definitivo de Citgo».
La junta designada por la oposición había pedido a la Corte Suprema que revisara el fallo emitido por un juez federal que dio luz verde a la venta de acciones de Citgo.
Normalmente las naciones y las empresas públicas se consideran entes separados, pero algunas compañías han esgrimido que PDVSA es un «alter ego» de Venezuela, por lo cual sería un activo disponible para pagar compromisos de PDVSA y de la nación.
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