Participar en una compañía que explota campos venezolanos no otorga propiedad del petróleo a EE.UU., afirma experto

Donald Trump, en Washington, lo presentó como el «mayor acuerdo petrolero de la historia».  La presidenta (e), de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que es el comienzo de una nueva etapa de recuperación, crecimiento y prosperidad.

Este sábado, Rodríguez, informó que el acuerdo petrolero con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

De acuerdo con el especialista en derecho petrolero, César Mata, «por ahora estamos ante una alianza político-comercial», ya que pese a la magnitud de los anuncios, todavía no se conoce el texto completo del acuerdo ni se han terminado de formalizar sus aspectos legales y contractuales.

Trump dijo que el acuerdo permitirá más que duplicar las reservas petroleras de Estados Unidos. Para Mata, esa afirmación tiene más contenido político que jurídico. «Mientras eso esté en el subsuelo, no se puede considerar una reserva para Estados Unidos», explica.

La razón reside en una diferencia entre los sistemas de ambos países. En Venezuela, el yacimiento pertenece al Estado mientras el recurso permanece en el subsuelo. En Estados Unidos existen también derechos privados sobre los minerales y el subsuelo. Tener una participación en una compañía que explota campos venezolanos o garantizarse parte de su producción no convierte, por sí solo, ese petróleo en propiedad estadounidense.

Lo que Washington sí obtiene es algo posiblemente más útil en el corto y mediano plazo: acceso garantizado a una enorme fuente de crudo.Y Venezuela presenta una característica atractiva para el sistema de refinación estadounidense.

Buena parte de su cesta está compuesta por petróleo pesado y extrapesado, particularmente en la Faja del Orinoco, que concentra alrededor del 87% de las reservas del país, según PDVSA. Son crudos complejos, que requieren diluyentes y procesos específicos, pero varias refinerías de la costa estadounidense del Golfo fueron diseñadas precisamente para procesar barriles pesados.

Asimismo, la cercanía también influye. Frente a suministros que deben atravesar rutas marítimas mucho más largas y vulnerables, Venezuela está a pocos días de navegación de las refinerías del Golfo. «Tienes acceso a la reserva, sacas el crudo con un flete mucho más económico y lo inyectas a las refinerías», resume Mata.

Desde esa perspectiva, sostiene, una mayor oferta venezolana puede terminar bajando los precios de los combustibles estadounidenses.

De todos modos, los resultados no serán inmediatos. Para recuperar volúmenes importantes será necesario reparar infraestructura, conseguir personal especializado y desplegar miles de millones de dólares de inversión.

Inversión realista

El territorio nacional tiene 303.806 millones de barriles de reservas probadas, según el Ministerio de Hidrocarburos, las mayores del planeta. El acuerdo compromete unos 65.000 millones, más del 21% del total. Pero tener petróleo bajo tierra y poder obtener riqueza del mismo son dos cosas distintas. Para el experto, esa es la principal ganancia para Venezuela.

«En el caso de que esto se concrete, Venezuela empieza a explotar recursos que en el subsuelo no valen nada», señala y añade que el país puede monetizarlos a través de operaciones propias o extranjeras y volver a obtener ingresos de activos que hoy, en gran medida, permanecen improductivos.

Caracas estima que el desarrollo de los 17 campos atraerá más de 100.000 millones de dólares de inversión y dejará unos 209.000 millones de dólares en ingresos fiscales para el Estado. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asegura que generará miles de empleos bien remunerados y contribuirá a reconstruir la economía venezolana.

César Mata considera que la cifra de inversión es realista. Estimaciones sobre cuánto costaría recuperar la industria venezolana han oscilado durante años entre decenas de miles y hasta 200.000 millones de dólares. Aún así, una cosa es comprometer el capital y otra conseguir que llegue y se ejecute.

«Tienes que hacer los desembolsos, tienes que hacer el marco contractual que dé seguridad jurídica, tienes que hacer la contratación del personal», dijo.

A eso se suma un problema menos visible que los oleoductos dañados o las instalaciones envejecidas: buena parte de la mano de obra especializada abandonó el país durante las últimas dos décadas.

La industria, aclara Mata, no está destruida por completo. Sigue funcionando, pero fue «desmantelada y canibalizada» en distintas áreas por la falta de inversión, de gerencia y de capital humano, además de la politización de la estatal PDVSA y la inseguridad jurídica.

El acuerdo se produce tras un cambio importante en las reglas petroleras venezolanas con la Reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que otorga más espacio al capital privado y extranjero.

Durante mucho tiempo, el petróleo venezolano no solo fue concebido como un producto para exportar. Una parte se comercializaba y otra alimentaba una cadena industrial capaz de generar empleo, divisas y actividad económica dentro del país. Al especialista le preocupa que el nuevo esquema altere ese equilibrio.

«Pareciera que Venezuela está convirtiéndose en un país extractivo 100%, dejando quizás un poco de lado la industrialización de los hidrocarburos».

Exportar más crudo puede aumentar rápidamente los ingresos fiscales, sobre todo a partir de una base productiva tan deprimida. Pero si buena parte del valor agregado (procesamiento, servicios, tecnología y refinación) queda fuera de Venezuela, el país corre el riesgo de recuperar su producción sin reconstruir al mismo tiempo una industria petrolera integral, reseña France 24.

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