Más de 23.000 deportados: Expertos de la ONU acusan a EEUU de violación masiva de derechos humanos
El grupo de expertos convocados por la ONU advirtió que la política migratoria de EEUU pone en riesgo derechos de población vulnerable y expone a personas a delitos graves.
El plan de Estados Unidos que deportó a miles de personas hacia terceros países está «desencadenando una cascada de violaciones de derechos humanos«, advirtió un grupo independiente de expertos de Naciones Unidas.
Desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, asumió el cargo en enero de 2025, Washington ha firmado acuerdos con países en vías de desarrollo para que se hagan cargo de los migrantes que no pueden ser enviados legalmente a sus países.
Los expertos, entre los que se cuentan relatores especiales de Naciones Unidas sobre derechos de migrantes y sobre protección de derechos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, advirtieron que ese tipo de acuerdos está «incrementando los riesgos de tortura y malos tratos, así como de desapariciones forzadas«.
También están «vulnerando el principio consuetudinario de no devolución (non-refoulement) en países de todo el mundo que están firmando acuerdos para recibir aviones cargados de migrantes y refugiados expulsados de Estados Unidos», señalaron en un comunicado.
Los expertos afirmaron que el gobierno estadounidense ya ha firmado ese tipo de acuerdos con más de 35 países, incluidos Burundi, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Libia y Sudán del Sur.
Según el grupo, al menos 23.000 ciudadanos de terceros países han sido deportados hasta ahora.
«Estos migrantes están siendo trasladados a países o territorios con los que no tienen ningún vínculo, lo que puede constituir una experiencia traumática y aislante que agrava los daños ya sufridos y que inicialmente los llevaron a huir hacia Estados Unidos», señalaron.
«Otros son enviados a lugares donde corren el riesgo de sufrir más violencia o discriminación por motivos de género, orientación sexual, identidad de género o actividad en defensa de los derechos humanos», apuntaron.
Los expertos independientes, con un mandato expedido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no hablan en nombre de Naciones Unidas.
En su texto, advirtieron que los acuerdos en cuestión allanan el camino a una amplia gama de delitos, los cuales incluyen detenciones arbitrarias, esclavitud y trata.
«Quienes enfrentan los mayores riesgos son los niños y niñas, las mujeres, las personas con discapacidad, las víctimas de trata, las personas LGBT, los defensores de derechos humanos, las personas apátridas y otras personas en situaciones de extrema vulnerabilidad«, sostuvieron.
«Para los migrantes en situaciones de especial vulnerabilidad, las consecuencias pueden ser mortales», alertaron.
Los acuerdos firmados por países de todo el mundo «para recibir aviones cargados de migrantes y refugiados expulsados de Estados Unidos» violan el principio de no devolución, agregaron los firmantes.
«Debido a su falta de transparencia, estos acuerdos quedan en gran medida fuera de la supervisión democrática y del monitoreo independiente de derechos humanos», señalaron.
Entre los países implicados en este «esquema de externalización migratoria» que denuncian los expertos se encuentran naciones latinoamericanas como Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay.
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