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01/11/2018 08:30 AM
| Por EFE

Maestros protestan para exigir mejoras salariales

Maestros protestan para exigir mejoras salariales

Cientos de trabajadores públicos venezolanos volvieron a las calles para insistir en sus reclamos de sustanciales mejoras salariales que les permitan hacer frente a la galopante crisis económica que atraviesa el país.

La jornada de manifestaciones del miércoles estuvo liderada por los maestros, que marcharon en Caracas para exigir que sus ingresos se equiparen al coste de la canasta básica familiar.

Según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), la canasta alimentaria tenía un costo de más de 12.000 bolívares soberanos el pasado agosto (189 dólares según la tasa oficial) y los manifestantes de hoy expresaron que ganan entre 1.800 (27,88 dólares) y 3.000 bolívares (46 dólares).

«Con mi salario compro lo que puedo, un poquito de arroz, espaguetis, carne no puedo comprar, queso tampoco porque no me alcanza», dijo la docente jubilada del Ministerio de Educación, Carmen Guerra, al canal en línea VIVOplay, al señalar que percibe un sueldo de 3.000 bolívares.

La docente dijo esto al señalar que un kilo de carne de res en Venezuela puede costar hasta 900 bolívares (casi 14 dólares) en el mercado no oficial, pues la proteína ha desaparecido de los supermercados ante la regulación de su precio que fue establecido en 90 bolívares (1,3 dólares) por el Gobierno el pasado agosto.

En tanto que la docente Yolimar Gil se quejó también por percibir un sueldo bajo, pese a tener un diplomado y estar haciendo una especialización.

Además, Gil denunció la deserción escolar que asegura hay en el país, pues los chicos se van «por hambre» y, porque, dijo, no se les «garantiza ni siquiera el derecho a la vida».

Al respecto el Parlamento venezolano, que controla el antichavismo, aseveró hoy que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) -que llegó a ser un plan bandera de los gobiernos del país- no llega a 90% de las escuelas.

«El 90% de los colegios hoy no tienen el PAE funcionando», dijo a periodistas la vicepresidenta de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Karin Salanova.

La diputada destacó que los centros educativos no cuentan con recursos para atender a niños y adolescentes mientras «la desnutrición va galopando» debido a la severa crisis económica y social que golpea al país petrolero.

Mientras esto ocurría, los trabajadores de las empresas siderúrgicas del estado de Bolívar (sur) también encabezaban una manifestación en demandas de reivindicaciones salariales.

Los trabajadores de estas empresas, dependientes también del Estado, llevan más de 60 días protestando, mientras que los maestros mantienen un conflicto laboral desde junio pasado junto a empleados públicos de otros sectores, como el de la salud, que todas las semanas se manifiestan.

Las protestas por la crisis en Venezuela son casi diarias, debido a que hay fallas en los servicios públicos, escasez de alimentos y medicinas e hiperfinflación.

Este mismo miércoles en los estados venezolanos de Mérida o Lara (oeste) se registraron manifestaciones por falta de gas y agua, según informaron medios locales.

El pasado jueves el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) informó que en septiembre se registraron 983 protestas por diferentes motivos en el país petrolero -en su mayoría por derechos sociales- lo que equivale a unas 33 por día.

Para hacer frente a esta crisis el presidente Nicolás Maduro puso en marcha hace dos meses un «plan de recuperación» que, sin embargo, no ha ofrecido los resultados esperados por su Gobierno.

Entre las medidas decididas por Maduro están la congelación de los precios de al menos 25 productos de la cesta básica, una reforma fiscal y la supresión de cinco ceros a la moneda, lo que significó la entrada en vigencia de un nuevo cono monetario.

Maduro también aumentó el salario mínimo por 35 veces su valor anterior y lo llevó a 1.800 bolívares, que pasó a ser la norma para los empleados públicos y significó una unificación de facto.

Esta decisión ha sido criticada por los trabajadores públicos, que ven así desconocidos los contratos colectivos largamente discutidos.

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