Maduro habla de nuevas medidas económicas: ¿Qué se puede esperar?

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Maduro habla de nuevas medidas económicas: ¿Qué se puede esperar?



En al menos dos ocasiones recientes el presidente Nicolás Maduro ha prometido la adopción de nuevas medidas económicas para enfrentar el creciente y demoledor impacto de la pandemia de Covid-19 en Venezuela; sin embargo, tales promesas no generan expectativas muy elevadas, porque el margen de maniobra que su gobierno tiene para apoyar a la actividad productiva es limitado.

Recientemente, el mandatario sostuvo que posiblemente se suspenderían algunos impuestos a la pequeña y mediana industria, un sacrificio fiscal enorme para las muy limitadas disponibilidades fiscales del país, ya que más de 90% del tejido empresarial del país califica como Pyme.

Recientemente, el Seniat reportó una tributación interna cercana a los 440 millones de dólares en los primeros 7 meses del año, una cifra que representa aproximadamente solo 2,4% del PIB estimado para el cierre de 2020; sin embargo, fuentes políticas oficialistas sostienen que en el gobierno se analizan diversas vías para aliviar la carga tributaria de las empresas, aunque reconocen que no se puede ir demasiado lejos.

Cualquier paquete de ayuda, si es que se está pensando en una medida de ese tipo, solo se puede financiar con más emisión monetaria, lo que significaría romper con la línea de ajuste que, aún en medio de estas circunstancias, el gobierno se ha empeñado en mantener. Por ahora, el ejecutivo ha optado por tener regulado su costo inflacionario.

La situación del sector privado se agrava con el paso del tiempo, en la medida en que la flexibilización de la cuarentena en los centros de mayor dinamismo económico, que son las principales ciudades del país, no se puede concretar. El comercio formal está cerrado u operando a mínima capacidad en más de 80%, mientras que la capacidad utilizada de la manufactura formal podría estar llegando a 10%.

Posiblemente, el gobierno flexibilice la estructura de anticipos a los impuestos sobre la Renta y al Valor Agregado en algunas actividades económicas muy específicas. Está pendiente una reforma del régimen de encaje legal que permita liberar más recursos para crédito, ya que la banca tiene represados por encaje legal 118,63 billones de bolívares, que equivalen a 447 millones de dólares a tasa oficial, cuando la cartera de créditos al cierre del primer semestre ascendió a 165 millones de dólares.

Aunque la banca tiene una holgada posición de liquidez represada en el Banco Central de Venezuela, potenciar un incremento de la cartera de créditos en recesión tendría un alto costo inflacionario por efecto multiplicador. Evitar ese costo es la explicación por la cual el gobierno endureció la regla de encaje, ya que buena parte de los créditos se destinaba a la adquisición de dólares.

Por otra parte, ya el gobierno aprobó la continuación del régimen de liberación de importaciones, con la intención de que exista un mayor abastecimiento, especialmente de alimentos y medicinas, aunque esta medida golpea fuerte a sectores como la manufactura que resienten, en un entorno de depresión económica y devaluación sostenida del bolívar, la competencia del producto importado en desventaja cambiaria.

– Subsidio al consumo –

Una medida clave que el gobierno debería tomar, si en verdad quiere dinamizar la economía en medio de la pandemia, es inyectar recursos, de forma temporal, a los consumidores para elevar la demanda interna y estimular, consecuentemente, más inversiones en inventarios y equipos.

Efectivamente, el gobierno otorga los denominados «bonos protectores» que, independientemente de su periodicidad, ascienden a un media de 3 dólares, una cantidad que cubre una fracción ínfima de una canasta alimentaria que supera los 200 dólares al mes.

El presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino reconocido por más de 50 países, propuso, al inicio de la emergencia nacional, un bono mensual de 15 dólares -también insuficiente- y después lanzó un plan aún no concretado de pagar 100 dólares mensuales, como bono por 90 días, al personal sanitario.

Evidentemente, un gobierno que, en el mejor escenario posible, podría tener alrededor de 3.000 millones de dólares de ingresos petroleros, con sanciones internacionales que traban sus exportaciones fundamentales y una tributación interna erosionada, poco más puede hacer en esta materia.

La tarea es compleja dentro del equipo gubernamental. Efectivamente, quienes gestionan la política económica parecen conscientes de que hay que hacer más, pero las posibilidades son pocas. Los subsidios asociados a mecanismos de control político, como el carnet de la patria, ayudan (45% de los ingresos de las familias más pobres están representados por estas transferencias directas, según Encovi 2019-2020), pero no resuelven efectivamente.

En concreto, parece difícil tener expectativas sobre un paquete de medidas de alto impacto para enfrentar la crisis y, seguramente, muy pocos podrían tenerlas. En todo caso, habrá que esperar los anuncios.

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