LVL: Falta cerrar negociaciones con condiciones rentables y estables en áreas como electricidad y gas

El economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, comentó que la promulgación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos fue un hito muy importante y «cambió la estructura del sector, y abrió la participación privada en la producción petrolera, que es la única vía para un desarrollo sostenido del sector más importante de nuestra economía».

Asimismo, apuntó en sus redes sociales que esa normativa, en efecto, ha despertado un interés real de inversionistas, «aunque la mayoría sigue en fase de evaluación antes de comprometer capital a gran escala».

«Los aumentos de producción que hemos visto hasta ahora vienen sobre todo de la expansión de proyectos ya existentes, ayudados por mejores precios y por la eliminación de los descuentos que se aplicaban al crudo venezolano por operar en mercados no autorizados», sumó.

Luis Vicente León comentó que esos ingresos actuales «no se han visto afectados por los terremotos» y resaltó que la producción de hoy, ya por encima de 1.200.000 barriles diarios, «sigue su curso, y los ingresos de este año serán muy superiores a los del anterior».

«Lo que sí se ve afectado es el aumento adicional de producción que esperábamos hacia adelante, el que dependía de nueva inversión privada. Esa mayor producción futura requería a su vez inversión en infraestructura, sobre todo eléctrica, y es esa inversión la que se desacelera, porque compite por recursos con la atención de la emergencia tras los terremotos», sumó.

Manifestó que atender a los damnificados es lo más urgente: «¿cómo se resuelve esa ecuación? Con una combinación de eficiencia en el manejo de los recursos para la emergencia, apoyo internacional, crédito multilateral e inversión privada que amplíe la capacidad de acción del país. El petróleo es parte central de esa ecuación, pero esa inversión no llega sola ni por ayuda humanitaria. Llega si se construye una estrategia que la estimule económicamente, con incentivos concretos y con reglas de juego claras y estables hacia el futuro».

El reglamento mejora la transparencia

El economista venezolano aseveró que el reglamento que se acaba de publicar es un paso en esa dirección, aunque parcial, puesto que «mejora la transparencia en regalías y ordena los plazos administrativos, pero deja abierto el peso efectivo del Impuesto Sobre La Renta».

En cuanto al tema de la electricidad y el gas, destacó que deja abiertos dos problemas: el primero «es cómo se reconoce la inversión que cada empresa debe hacer para autogenerar electricidad y para aprovechar el gas. Al final, ese gasto tiene que ser financiable y hoy eso se resuelve caso por caso, con la misma discrecionalidad que ya tenía la ley. El segundo es que el resto de las normas que rigen la electricidad y el gas tienen que adaptarse a esta nueva exigencia».

«No se le puede pedir a una empresa que autogenere electricidad o que aproveche el gas, y al mismo tiempo mantener normas que lo hacen inviable, empezando por las restricciones legales a la autogeneración eléctrica o por los controles de precio del gas que impiden recuperar la inversión», explicó.

El presidente de Datanálisis añadió que celebra que el reglamento aborde temas críticos como la electricidad y el gas, «pero falta cerrar las negociaciones contractuales con condiciones rentables y estables, porque la misma emergencia obliga a que la inversión se expanda ya. Mucha gente atribuye razones políticas a la falta de expansión petrolera».

«No comparto esa lectura. Lo que hoy está reconocido internacionalmente, y respaldado por EEUU, es la legalidad de la firma de los contratos actuales, independientemente de lo que ocurra políticamente más adelante. Ningún Gobierno futuro, de ningún signo, tendría la capacidad ni la racionalidad para desconocer contratos que ya cuentan con ese reconocimiento internacional y con condiciones de arbitraje», detalló.

Del mismo modo, aseguró que «la demora real está en cerrar condiciones atractivas y viables» porque «sin eso, nadie entra con recursos frescos que no sean rentables. Esa es responsabilidad del Gobierno venezolano, y creo que la presión crecerá para resolverlo antes del 29 de julio, cuando vence el plazo que dio la Ley para adecuar los contratos existentes. La firma de esos contratos, en condiciones adecuadas para todas las partes, es la pieza que falta en este rompecabezas. Y no hay tiempo que perder».

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