Los 7 puntos claves para guiar el proceso de reestructuración de deuda de Venezuela, según la ANCE
La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) exhortó a las autoridades de Venezuela a asumir con la gravedad y urgencia del caso «una estrategia integral de negociación que ponga en primer plano el interés nacional».
La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) emitió recientemente un pronunciamiento sobre el anuncio oficial del inicio del proceso de reestructuración de la deuda pública externa de Venezuela.
En ese sentido, indicó en un comunicado publicado en sus redes sociales que «si no se pacta un servicio de deuda bajo condiciones favorables, el país permanecerá en un aislamiento financiero perjudicial para su reactivación interna».
Destacó que «es obligatorio que las negociaciones se circunscriban en un programa formal de recuperación, estabilización y crecimiento de la economía».
A continuación, los 7 puntos clave y exigencias estructurales para guiar el proceso de reestructuración de deuda de Venezuela, según la Academia Nacional de Ciencias Económicas:
1.- Un desafío macroeconómico complejo: La República, PDVSA, Corpoelec y Sidetur se encuentran en cese de pagos (default) de sus obligaciones financieras externas desde noviembre de 2017. Esta falta de cumplimiento debilita los compromisos ante organismos multilaterales, proveedores, contratistas y contrapartes bilaterales, además de enfrentar fallos adversos en juicios y laudos arbitrales en curso. La ANCE advierte que si no se pacta un servicio de deuda bajo condiciones favorables, el país permanecerá en un aislamiento financiero perjudicial para su reactivación interna.
2.- Necesidad imperativa de una quita de deuda: Aunque no se cuenta con datos oficiales actualizados para precisar el monto consolidado de las obligaciones, auditorías independientes indican que las cifras son incompatibles con la capacidad de pago actual y proyectada de las instituciones deudoras. La ANCE recalca que, al considerar los fondos masivos que requerirá la reconstrucción nacional y la atención de las urgencias humanitarias de la población, es anticipable e indispensable pactar una importante reducción del monto nominal de la deuda.
3.- Garantía de legitimidad y transparencia: Para la institución, es obligatorio que las negociaciones se circunscriban en un programa formal de recuperación, estabilización y crecimiento de la economía. Este plan macroeconómico debe incorporar reformas institucionales profundas y contar con el respaldo expreso de la comunidad financiera internacional y los entes multilaterales.
4.- Actualización estadística impostergable: La ANCE califica como urgente la validación de las cuentas nacionales y fiscales del país, un paso interrumpido en las instancias internacionales desde el año 2004. Sostienen que revelar estos indicadores económicos es el primer paso obligatorio para diagnosticar la situación financiera real de la nación y delimitar con precisión la carga que asumirá el Estado.
5.- Conducción técnica y criterios de elegibilidad: El proceso de conciliación de saldos (capital e intereses) debe estar a cargo de un agente técnico altamente especializado y seleccionado con criterios transparentes. Asimismo, la reestructuración debe comprender la totalidad de la deuda pública externa elegible, asegurando un trato equitativo y balanceado para todos los acreedores bajo los principios rectores de legalidad y validez.
6.- Blindaje legal y cláusulas anticrisis: La solidez jurídica de los nuevos contratos será la clave para mitigar litigios futuros que representen altos costos financieros y judiciales para el país. La Academia destaca la importancia de diseñar cláusulas contractuales orientadas a neutralizar la acción de «acreedores disidentes» (holdouts) y resolver de manera eficiente los problemas de coordinación durante las rondas de negociación.
7.- El rol estratégico del FMI y el Banco Mundial: La ANCE califica la participación del FMI como una condición indispensable para dotar de credibilidad internacional al proceso ante los mercados globales. Se recuerda que ambos organismos multilaterales incluyeron previamente a Venezuela en la categoría de «países con fragilidades sociales e institucionales», lo que califica al país para recibir asistencia técnica especializada y programas de financiamiento diseñados a la medida de crisis complejas.
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