La UE "se abre" a la posibilidad de intervenir los mercados energéticos
La Comisión Europea (CE), hasta ahora reacia a intervenir los mercados energéticos, se abrió este martes a limitar «temporalmente» el contagio automático de la carestía del gas al precio de la electricidad.
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«Para abordar el aumento vertiginoso de los precios de la energía, la Comisión estudiará todas las opciones posibles de medidas de emergencia para limitar el efecto de contagio de los precios del gas en los precios de la electricidad, como límites de precios temporales», indicó la Comisión en una comunicación presentada este martes.
No obstante, Bruselas no presentará una propuesta definitiva hasta que no disponga del informe que prepara la Agencia de Cooperación de Reguladores de la Energía (ACER) y que se conocerá el próximo mes de abril y seguirá escuchando a las partes implicadas «durante las próximas semanas».
El sistema marginalista que rige el mercado eléctrico europeo funciona de forma que la tecnología de generación más cara fija el precio del resto de las fuentes en subasta, con lo que las compañías eléctricas que producen poca energía con gas pero que cobran toda su generación a ese precio obtienen lo que se conoce como «beneficios caídos del cielo».
Se trata de una de las medidas recogidas en una la «caja de herramientas» diseñada por la Comisión para hacer frente a la carestía de la energía, que se conoce cuando el megavatio se paga, por ejemplo en España a un precio medio de 544,9 euros (a unos 593 dólares al cambio actual).
Para amortiguar los precios récord de la energía la CE propone que es que los países de la UE puedan recuperar parte de los llamados «beneficios caídos del cielo» de las empresas eléctricas.
«Los Estados miembros pueden considerar impuestos temporales sobre los beneficios caídos del cielo» de las empresas eléctricas, siempre que no sean retroactivos y permitan a los productores de electricidad cubrir sus costes y proteger el mercado a largo plazo, señala la CE, que cifra el potencial de ingresos para las arcas públicas en 200.000 millones de euros.
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