Juez español archiva el caso de supuesto blanqueo de fondos de petrolera venezolana PDVSA
La Justicia venezolana archivó en 2023 la causa sobre la legalidad de dicho préstamo, como argumentó ante la Audiencia Nacional el empresario venezolano investigado y ha confirmado el juez español Santiago Pedraz, tras remitir una comisión rogatoria.
La Audiencia Nacional española ha archivado una causa abierta contra un empresario venezolano, Alejandro Betancourt, por presunto blanqueo de 4.350 millones de dólares norteamericanos procedentes de la petrolera venezolana PDVSA porque en Venezuela se sobreseyó la investigación sobre el supuesto origen ilícito de estos fondos.
El juez encargado del caso, Santiago Pedraz, archivó la investigación respecto a este empresario, que fue detenido en Londres en septiembre del año pasado y después puesto en libertad, confirmaron a EFE fuentes jurídicas.
Esta investigación, que estaba bajo secreto, se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía y pretendía dilucidar si una serie de ciudadanos venezolanos habrían cometido blanqueo mediante inversiones en España con dinero procedente de un fraude derivado de un préstamo firmado en 2012 por parte de la petrolera estatal venezolana PDVSA y la empresa privada Administradora Atlantic.
Al no ser ilícito el origen de los fondos, no se produce un delito de blanqueo y por eso Pedraz archiva la causa. «No hay pues delito antecedente. Y, como se sabe, el delito de blanqueo de capitales (…) exige no sólo una actividad delictiva previa, sino una conexión de tipo causal entre el bien y esa actividad delictiva», señala el juez en su auto, al que tuvo acceso EFE.
Pedraz recalca que si los fondos no tienen procedencia delictiva acreditada no puede existir delito de blanqueo y que la Justicia venezolana determinó que «el préstamo a PDVSA y su devolución en divisas es conforme a la legalidad de dicho país y no constituye delito» y dicha resolución tiene eficacia jurídica internacional.
Además, Pedraz archiva la causa también en lo referido a un delito contra la Hacienda Pública española, al entender que la alegación de la Fiscalía al respecto era genérica, no concretaba una base fáctica ni señalaba qué elusión de impuestos había podido cometer el investigado.
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