Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del chavismo en la mesa de negociaciones con la oposición venezolana en México, condicionó la continuación de este proceso a la liberación de unos 3.000 millones de dólares en fondos bloqueados, acordada en la última reunión.
«Si no se cumple con la devolución al pueblo de Venezuela de los 3.200 millones de dólares que le habían robado, que le habían secuestrado y que habíamos acordado que se le devolvieran, pues no hay ninguna razón para continuar un diálogo con gente sin palabra», dijo Rodríguez, presidente del Parlamento de mayoría oficialista, durante una sesión.
En la última reunión en México a finales de 2022, las partes acordaron la liberación de esa cantidad, parte de los fondos bloqueados por las sanciones internacionales contra Maduro, que serán manejados por la ONU para financiar proyectos sociales.
«Esperamos ese depósito para seguir las conversaciones, para que tengan validez», dijo Maduro la semana pasada en su mensaje anual ante el Parlamento.
Hasta el momento no ha habido noticias sobre la movilización del dinero. La Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) de Estados Unidos no respondió de inmediato a un pedido de la AFP de un comentario.
La advertencia de Rodríguez se produce días después de la eliminación del simbólico gobierno interino que encabezó el dirigente Juan Guaidó desde 2019, en medio de profundas fracturas dentro de la oposición.
A propósito de esta decisión, Leopoldo López, ubicado en el ala más radical de la oposición venezolana, acusó a delegados opositores en las negociaciones en México de jugar en favor de los intereses del gobierno chavista.
Los diálogos en México se reanudaron en noviembre de 2022 luego de 15 meses suspendidas tras la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, acusado de lavado y señalado de ser el testaferro de Maduro.
El chavismo exige el cese de las sanciones impuestas financieras impuestas con mayor rigor por Estados Unidos, que no reconoce la reelección de Maduro en 2018. Mientras, la oposición pide un cronograma para las elecciones presidenciales previstas en 2024, con garantías y el levantamiento de las inhabilitaciones a posibles candidatos.
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