El peligro actual de perpetuar el rentismo en Venezuela
El rentismo petrolero, concebido como la dependencia absoluta de los ingresos generados por la exportación de crudo como país monoproductor, ha sido señalado por décadas como el factor determinante en los desequilibrios de la economía venezolana. Analistas, pensadores e intelectuales se han encargado de reforzar la necesidad de superarlo, transformar el uso de los ingresos petroleros para impulsar la diversificación económica y renovar los fundamentos de nuestra economía para un desempeño más sano y sustentable.
Desde las palabras del maestro Arturo Uslar Pietri al tomar como bandera la propuesta de «Sembrar el Petróleo» hasta la actualidad, han sido numerosos los intentos de aproximación a establecer fuentes alternativas de desarrollo para el país que rompan con la estrecha dependencia que sufre nuestra economía frente a los vaivenes del mercado energético. En la actualidad, la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente que esgrime el Ejecutivo utiliza el argumento de llegar a una economía no rentista como uno de sus justificativos.
Los diagnósticos están claros: Debemos reducir nuestra dependencia del petróleo, desvincular la política cambiaria del sector de hidrocarburos para mejorar la fortaleza de la moneda y reducir el tamaño del Estado para un tejido económico más equilibrado. Pero ante esta disyuntiva histórica que sacude al país semana a semana, cabe preguntarnos, ¿cómo podremos salir efectivamente de la trampa del rentismo? ¿Existe una alternativa viable en el corto plazo para nuestro país? ¿Están dadas las condiciones para plantear en estos momentos la superación de este fenómeno que limita el desarrollo económico?
En este sentido, cabe hacer referencia a las reflexiones desarrolladas por el economista Enrique González, especialista en competencia y regulación de mercado y asociado a nuestra firma, quien analizó recientemente este razonamiento gubernamental.
Para González, existen razones que no suelen ser identificadas de una manera evidente detrás del sostenimiento del fenómeno rentístico: Las teorías explican por qué suceden situaciones en ciertas sociedades, que si bien pueden partir de un modelo errado, tienen sentido para los actores sociales involucrados desde un punto de vista que tenga en cuenta los esquemas de incentivos y estrategias alternativas.
Para pensar en una solución a este atolladero, deben entrar al juego los «perdedores» que se encuentran atomizados, al entenderse como dolientes finales de esta situación, luego elevar la presión y los costos implícitos sobre los tomadores de decisiones cambiando los esquemas de incentivos para que la estrategia dominante en esta ocasión sea corregir el problema Agente-Principal.
Esto a su vez deberá conducir a un compromiso social de crear instituciones robustas e independientes de valoración de impacto regulatorio y de análisis costo-beneficio de las acciones de políticas públicas por parte del Ejecutivo Nacional y aquellas legislativas por parte de la Asamblea Nacional, exigiéndole que aprueben el examen de, por un lado, estar justificadas, y por el otro lado, que se haya tomado la mejor de las alternativas y el diseño más eficiente.
Sin embargo, considera que existe en estos momentos una enorme amenaza en contra de superar el rentismo, representada en el crecimiento del Estado y en la propia Constituyente. El modelo estatista oficialista que ha incrementado el tamaño y la presencia del Estado constituye una amenaza para superar el rentismo.
Una de las versiones de la Teoría Económica de la Regulación o de la Teoría de los “Grupos de Interés”, citada por González, asoma que independientemente de las causas que motivaron -justificadamente o no- la aparición de una regulación, de un nuevo ministerio, la creación de una nueva empresa pública, la expropiación de una empresa privada, la aprobación de una política pública que comprometa recursos públicos, la creación masiva de puestos de trabajo públicos, la utilización de políticas asistencialistas; se habrán creado intereses ( grupo de interés), empleos, directivos o personas dolientes en favor de que dicha política expansiva del Estado continúe existiendo y “justificándose” presupuestos públicos, cada vez mayores, para su sostenimiento.
González detalla que si bien este tipo de teoría sobre el interés propio del regulador podría ser débil a la hora de explicar por qué aparece una política pública o regulatoria específica, sí podría explicar la inercia para revisar y eliminar acciones públicas injustificadas, inocuas, extemporáneas o caducas. Este enfoque podría explicar por qué se ha ido acumulando cada vez más regulaciones , así como un enorme cerco normativo, y por qué existe una tendencia al crecimiento en el número de empleados públicos y finalmente por qué en Venezuela sufrimos de un fenómeno de Inflación Regulatoria -fenómeno de acumulación de regulaciones y crecimiento del Estado-.
De manera que estamos ante un fenómeno que, lejos de reportar beneficios a las generaciones actuales y futuras, se mantiene por efecto de la inercia y tiende a perpetuarse a sí mismo en contra de lo que resultaría más conveniente para la sociedad.
Otro ejemplo de esta dinámica lo evidencia el funcionamiento de organismos como la Sundde e instrumentos como la Ley de Precios Justos, que no han hecho sino contribuir con la aceleración permanente de la inflación y colateralmente impulsando la expansión de la escasez y el desabastecimiento, con un número creciente de funcionarios que no logran su cometido.
Tanto el crecimiento del Estado por medio de la creación de ministerios, instituciones regulatorias, empresas públicas y políticas asistencialistas, así como la intención de rigidizar estas políticas incorporándolas en la Constitución Nacional por medio de la Constituyente; representan evidencias de que el oficialismo ha expandido y pretende continuar expandiendo la base de dependientes conscientes del modelo rentista.
De hecho, utilizando como parangón el concepto de Poison Pill o «píldora venenosa» utilizado en finanzas, la creación de un Mega-Estado y la Constituyente representan una estrategia para aumentar el costo de revertir el modelo rentista.
En este sentido, González concluye en que la Constituyente lejos de buscar sustituir o cambiar el modelo improductivo y rentista constituye la máxima estrategia para perpetuar el modelo económico-político oficialista: el rentismo. Desde nuestra firma, creemos que los principios económicos que explican esta dinámica de incentivos perversos, profundizan un diseño de políticas públicas y conducción económica oficialista que no permiten salir del rentismo y que en su lugar la Constituyente viene a agregar una vía para profundizar el modelo, con costos más elevados para todos.
Econ. César Aristimuño Director de Aristimuño Herrera & Asociados
