Gobierno subsidiará entre 50% y 80% del valor de viviendas de hasta US$100.000 para damnificados
La banca nacional financiará el componente no subsidiado de los precios de las viviendas para familias afectadas por el doble sismo con plazos de hasta 25 años. El TSJ creará jurisdicción especial para proteger la propiedad de los terrenos con viviendas destruídas.
La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció que las familias que perdieron sus viviendas a consecuencia de los terremotos registrados el pasado 24 de junio «ya cuentan» con acceso a créditos hipotecarios con hasta 80% de subsidio estatal y 25 años de plazo para el pago del componente no subsidiado.
En este sentido, la Jefe del Estado interina dijo que la banca pública y privada está comprometida con esta iniciativa, por lo que las familias que perdieron sus residencias principales por efecto del doblete sísmico, podrán adquirir unidades habitacionales en el mercado secundario con subsidio del Estado.
De acuerdo con la información oficial, el financiamiento hipotecario del Fondo Renace Venezuela aplicará para viviendas con un valor de hasta 100.000 dólares.
Rodríguez explicó que para las unidades residenciales para familias afectadas por un valor de hasta 70.000 dólares, tendrán un subsidio estatal de hasta 80% del precio, mientras que el 20% restante será convertido en un préstamo con un plazo de hasta 25 años de plazo.
Las viviendas que cuesten entre 70.000 y 100.000 dólares tendrán un subsidio estatal de hasta 50% del valor del inmueble, mientras el resto del precio será financiado por la banca nacional con un plazo de 25 años para el pago.
«Avanzamos con firmeza en esta etapa de reconstrucción y recuperación para el renacer de Venezuela», indicó la mandataria nacional en su comunicado.
No hubo detalles sobre las condiciones que exigirá el sistema bancario para el otorgamiento de los créditos, más allá de la debida acreditación de la condición de afectados por la tragedia de junio pasado.
El ministro Francisco Garcés informó que el Ministerio de Industrias y Comercio Nacional emitirá en los próximos días una disposición transitoria, que autorice la contratación de personal calificado externo para la inspección de elevadores.
Jurisdicción especial del TSJ para preservar derechos de propiedad
Igualmente, la mandataria anunció que solicitó formalmente al Tribunal Supremo de Justicia el establecimiento de una «jurisdicción especial», cuya misión será atender «los asuntos civiles vinculados con la propiedad y la identidad de las personas».
«Quienes perdieron sus apartamentos conservan sus derechos sobre el terreno y tendrán el apoyo del Estado para la reconstrucción«, enfatizó la presidenta Rodríguez en una declaración transmitida por sus redes sociales.
En concreto, la presidenta aclaró que el objetivo de esta jurisdicción especial es proteger los derechos de propiedad de las personas afectadas sobre una porción equivalente de los terrenos donde había edificios residenciales destruídos, como una «propiedad horizontal» que el Estado protegerá.
«Esta jurisdicción también abordará los efectos civiles relacionados con la identidad y los asuntos sucesorales», precisó la mandataria en su mensaje.
Más de 32.000 inspecciones realizadas
El presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras y ministro de Transporte, Francisco Garcés, específicó que se han realizado 32.485 inspecciones a cargo de 2.687 profesionales, en los siete estados más afectados por el doble terremoto “que se traducen en nuevas fases de respuestas más adecuadas”, dijo.
De esta cifra, 18.139 corresponden a etiquetado verde (acceso permitido) -55,84% de las unidades revisadas-; 7.199 han sido evaluados con etiqueta amarilla (uso restringido) -22,16% de las residencias evaluadas-, mientras que 7.147 responden al etiquetado rojo (daño severo, en casos extremos inhabitable), las cuales equivalen a 22% de las inspecciones.
Protocolo Rojo y uso de ascensores
En los casos puntuales de etiquetas rojas, Garcés hizo un llamado a la calma entre los habitantes cuya infraestructura haya sido evaluada bajo este criterio.
Al respecto, puntualizó que esto no significa que necesariamente serán demolidas o desalojadas, sino que podrán, en los casos correspondientes, pasar a una fase de reestructuración completa.
Adicionalmente, sobre la puesta en funcionamiento de los ascensores en las edificaciones, Garcés informó que el Ministerio de Industrias y Comercio Nacional emitirá en los próximos días una disposición transitoria, que autorice la contratación de personal calificado externo para la inspección de elevadores, bajo la responsabilidad y decisión de los habitantes de cada infraestructura que así los dispongan, siempre y cuando sea notificada la autorización de uso a la institución.
El también Ministro de Transporte aseguró que mantendrán el ritmo de 2.000 inspecciones diarias, al tiempo que aseveró que la Comisión Presidencial se está preparando para la segunda fase de inspección detallada en las edificaciones catalogadas con los colores amarillo y rojo así como una tercera fase para abordar los proyectos de reparación en esas infraestructuras.
Estos proyectos se concretarán en coordinación con las Alcaldías y Gobernaciones que correspondan. Asimismo, reiteró que se espera superar las 50 mil inspecciones para el mes de agosto.
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